Cerca de cuarenta mil personas asistieron ayer martes por la noche al show de Iron Maiden en el estadio de Huracán. Fue otro triunfo para la música pesada en la ciudad de Buenos Aires. La banda más emblemática de la historia del heavy metal celebró más de 50 años de historia con versiones perfectas de sus mayores clásicos, ante un público de todas las edades, con un show escénico de potencia simbólica total. El único problema fueron los “pungas” de celulares.
Un joven comerciante que se aventuró a pocos metros de la valla frente al escenario al momento de los bises sintió como, en un segundo, su iPhone 17 desaparecía de su bolsillo. A metros de distancia, otra víctima formaba un anillo y pedía linternas para encontrar el teléfono que creía caído en el suelo. Segundos más tarde, supo que lo habían robado de su bolsillo. Horas más tarde, las quejas de robos se repetían en redes sociales. Al menos dos rastreros, según testigos, fueron atacados a golpes por miembros del público, una venganza en el campo del Tomás Ducó.
El problema no es nuevo, tampoco específico a un solo espacio: es transversal, un delito que se volvió moda y que ocurre en cualquier show masivo donde haya gente de pie.
El robo de celulares ocurre con fuerza desde el regreso de los shows en vivo tras la pandemia, se repite entre estadios de fútbol, salas de conciertos. Le amarga la vida al espectador que, precavido, pasa dos horas de pie con las manos en los bolsillos, esperando sentir ese manoseo, ante la chance de comerse el garrón.
Pero ese “punga” furtivo -o también capaz de darle una paliza a una mujer por un teléfono- es solo el primer paso: el teléfono que se roba en un show sigue una cadena que funciona hace años, perfectamente aceitada, que la Justicia porteña ya investigó.
Los artistas del robo
Hay artistas del robo. El 16 de septiembre de 2025, un sospechoso fue detenido por la división Prevención en Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad con trece aparatos encima en el show del grupo Limp Bizkit en el Parque Sarmiento.
El hombre, de 39 años, oriundo de Lanús -que terminó con una causa por robo en el Juzgado N°24-, intentó correr de vuelta al predio para intentar zafar de un cacheo. Llevaba una calza bajo el pantalón, con todos los teléfonos apilados. Varios fueron devueltos a sus dueños tiempo después por la fuerza porteña. Un mes más tarde, otros dos pungas con diez aparatos entre ambos eran arrestados en el show del rapero Ysy A en Mandarine Park, Punta Carrasco.
El concierto de Milo J en Villa Crespo, que atrajo a casi 13 mil personas en junio del año pasado, terminó con otros cuatro detenidos por el mismo delito. Todos ellos tenían sus particularidades.
Nahuel S., de 24 años, estaba registrado como mensajero en ARCA; tenía un domicilio a pocas cuadra del Riachuelo, en Lanús Oeste. Hoy le debe $5 millones a billeteras virtuales, bancos y tarjetas de crédito. Había pagado el monotributo por última vez poco antes de ser detenido. Damián G., de 34 años, era un ex trabajador fabril oriundo de González Catán, aunque decía vivir en Valentín Alsina.
Cristian R., otro lanusense que pasó por una decena de empleos en blanco en su vida, fue arrestado tras un cacheo preventivo de los efectivos de seguridad del lugar a la salida del show. Llevaba otros nueve teléfonos encima.
Ninguno de los mencionados fue condenado hasta hoy. Estos presuntos pungas son solo el comienzo de la cadena. Los teléfonos robados en recitales siguen la cadena de cualquier teléfono robado en CABA: termina, casi invariablemente, en cuevas de desbloqueo y desguace en locales y galerías, donde históricamente se compran los aparatos robados.
A veces, las aplicaciones de rastreo de los iPhone dan una pista. En mayo último, un hombre denunció que le robaron su iPhone 16 durante un show de Divididos en mayo último. Aseguró en su reporte ante la Policía porteña que el teléfono Apple todavía “latía”. Las coordenadas apuntaban a la calle Evaristo Carriego, zona de Villa Celina, La Matanza.
La feria donde todo termina
Este teléfono no era el único robado en un concierto porteño que apuntaba a esta dirección en Villa Celina. La Justicia, con el fiscal Marcelo Munilla La Casa y la jueza Alejandra Provitola, descubrió que otro aparato, denunciado tras un show de Las Pastillas del Abuelo en Ferro, habría terminado en el mismo lugar.
La Policía de la Ciudad siguió al GPS. Allí, encontraron una feria llamada Copacabana, “en cuyo interior funcionan diversos comercios dedicados a la venta y reparación de teléfonos celulares”, según el reporte del día. La feria tenía reseñas en internet. Allí, otros damnificados se quejaban de que sus teléfonos descansaban en Copacabana el sueño del robo y el hurto.
“Me robaron el iPhone en el Quilmes Rock. Me llamó una chica que dijo que lo tenía para devolvérmelo, pero solo quería mi clave”, afirmó una comentarista.
Así, la Policía de la Ciudad allanó la feria. Se incautaron 49 teléfonos, equipos de reparación de celulares, láminas de hidrogel. Cinco sospechosos, pertenecientes a la comunidad boliviana local, fueron detenidos. Entre los teléfonos incautados había 34 equipos telefónicos denunciados por robo, hurto o extravío que constaban en los registros del ENACOM.
En paralelo, otras cuatro víctimas de los robos en el show de Divididos se sumaban a la historia. Una de ellas aseveró que los ladrones lograron entrar a su cuenta bancaria para robarle medio millón de pesos que terminaron en manos de un tal Douglas M., un joven de 29 años con domicilio en Villa Jardín. Más víctimas apuntaban a la feria Copacabana, víctimas de pungueos en el Cosquín Rock de Córdoba, de asaltos motochorros en el conurbano.
Provitola procesó con prisión preventiva a los cinco acusados por integrar una asociación ilícita dedicada al hurto y la recepción de bienes ilícitos, con embargos de hasta $20 millones. Sin embargo, la Sala V de la Cámara de Apelaciones les dio la falta de mérito el 15 de julio. al asegurar que faltaban pruebas.
El punga y la galería son dos extremos del circuito. En el medio, hay otro problema: ¿quién deja entrar al delincuente?
Es bastante cómico pensar que un punga se paga la entrada de $100 mil o más en varios casos para ir a robar. Los damnificados apuntan a supuestas connivencias de barras en estadios, o rastreros en otras connivencias en salas de conciertos sin vínculos con club de fútbol alguno. Sin embargo, estas sospechas no fueron reivindicadas a nivel judicial en la historia reciente: nunca un patovica fue imputado por abrirle a puerta del show a un delincuente.
El problema, sin dudas, repercute en las productoras de conciertos. Varios promotores fueron consultados para esta nota. Algunos pusieron cara de circunstancia. Uno de ellos recordó un episodio reciente en el espacio C. Art Media de Chacarita. Allí, una joven aseguró que su teléfono terminó robado. Buscaba responsabilizar a la productora. El productor -que perdió dinero en el show- lejos de consultar a un abogado, consultó a Claude. La IA le respondió que la damnificada tenía un punto.
“Hay un tema con la Ley del Consumidor”, asevera el productor, en base a la consulta con Claude: “Hay relación de consumo. Quien compra una entrada es consumidor y el organizador es proveedor. Existe una obligación de seguridad. La responsabilidad es solidaria; esta chica puede reclamarle a cualquiera de la cadena, es decir a vos como productor, al espacio y eventualmente a la ticketera”.
Sin embargo, esta damnificada tiene que acreditar que el teléfono le fue sustraído dentro del predio. La denuncia policial es una declaración unilateral y la entrada solo prueba que asistió al concierto, lo que se vuelve su punto más débil.
Mientras tanto, una técnica, tal vez efectiva, tal vez no, se implementa en ciertos boliches porteños como Deseo, sobre la avenida Chorroarín en Villa Ortúzar, hoy muy de moda. Al salir, uno debe mostrar su teléfono desbloqueado.
