El legislador bonaerense Manuel Passaglia presentará un pedido de jury contra la jueza de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, por su polémica resolución con la que suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. La solicitud se suma a la de La Libertad Avanza, que también adelantó que impulsará el juicio político.
El escrito del diputado ya está preparado y será entregado en las próximas horas ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia. Según supo Infobae, apunta a que se investigue si la magistrada incurrió en un eventual caso de mal desempeño y/o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
La solicitud está fundada en la decisión adoptada este lunes por la jueza, quien hizo lugar a una medida cautelar en el marco de un habeas corpus preventivo colectivo promovido por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. En su resolución, dispuso “suspender preventivamente” la aplicación de la nueva Ley 27.801 por dos meses.
En este contexto, Passaglia cuestiona que una jueza de primera instancia paralice en toda la provincia la aplicación de una ley sancionada por el Congreso de la Nación cuando ya estaba vigente, y advierte que, al momento de adoptar la cautelar, todavía estaba pendiente de definición la competencia del juzgado.
Además, subraya que la propia magistrada dejó para una instancia posterior “el análisis de las eventuales contradicciones constitucionales y convencionales de la norma” y sostuvo que varias de las objeciones deben ser analizadas caso por caso. Sin embargo, la decisión terminó suspendiendo la aplicación de la ley de manera integral en toda la provincia.
En su solicitud, el diputado bonaerense también pide analizar si las condiciones constatadas por la jueza de Lomas de Zamora podían justificar una decisión con efectos sobre todo el territorio bonaerense. En ese sentido, plantea que la magistrada podría haber recurrido a alternativas menos restrictivas, como establecer cupos, ordenar adecuaciones en establecimientos determinados, prohibir nuevos ingresos cuando se alcanzara la capacidad máxima o disponer medidas particulares para proteger a los adolescentes privados de su libertad.
La presentación que será entregada el miércoles a la secretaria de Enjuiciamiento también incorpora declaraciones públicas realizadas por Pascual, en las que cuestionó el impacto de la nueva normativa sobre la seguridad. Para Passaglia, esas expresiones deben ser analizadas para determinar si pudieron implicar un eventual prejuzgamiento sobre la ley.
Quién es la jueza Marta Pascual
La magistrada nació y creció en Almirante Brown, es abogada egresada de la Universidad Nacional de La Plata y cuenta con posgrados en Derecho Público y Magistratura.
Su trayectoria en la Justicia y en las políticas públicas vinculadas con niñez y adolescencia comenzó mucho antes del fallo que ahora la volvió una figura central de la discusión provincial. Desde fines de la década del 80 comenzó a trabajar en problemáticas ligadas a la vulnerabilidad infantil, una experiencia que luego la acercó a la función pública bonaerense.
En esa etapa trabajó junto a Hilda “Chiche” González de Duhalde y ocupó cargos en organismos provinciales dedicados a las políticas de niñez, adolescencia y desarrollo humano.
Su recorrido incluyó el Consejo Provincial del Menor y la Familia, luego el Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano, y culminó con su designación como ministra de Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires.
También estuvo al frente de áreas vinculadas con centros de contención, institutos y refugios para niños y adolescentes en la Provincia, en una etapa en la que el abordaje estatal sobre menores en conflicto con la ley penal ya formaba parte del debate público.
Con el cambio de siglo pasó al Poder Judicial bonaerense, donde accedió a un juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil, el fuero que interviene en delitos cometidos por menores de edad en la provincia.
En el plano académico, dirige la carrera de Especialización en Derecho de Familia de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, fue docente en distintas universidades nacionales e internacionales, publicó más de 30 trabajos especializados y participó como conferencista y jurado en congresos sobre justicia restaurativa, derechos humanos y niñez.
La decisión que la llevó ahora al centro de la escena judicial bonaerense se apoya en una objeción concreta: la magistrada puso en duda que la provincia pueda ampliar el universo de adolescentes alcanzados por el sistema penal sin crear primero las condiciones necesarias para hacerlo.
Recientemente, en un reportaje radial, la jueza aseguró: “No estoy en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad. No romantizo a los chicos que salen con un arma. Hay una sensación de que con esta ley le damos más seguridad a la gente, pero no vamos a crear más seguridad” y agregó “tenemos que tener los mecanismos para poder implementar la ley”.
