Los intendentes del conurbano bonaerense buscarán llegar a fin de año con la creación de la policía municipal oficializada y así contar con una normativa propia para hacerse cargo de la administración de una nueva fuerza de seguridad para distritos densamente poblados. Así lo planteó el ministro de Seguridad del gobierno de Axel Kicillof, Javier Alonso. El funcionario se reunió con un grupo de intendentes de distinta pertenencia política, pero que quieren avanzar con darle un marco legal a las policías municipales. En esa reunión, que se llevó adelante en Escobar, Alonso planteó que “el gobernador se comprometió a enviar un proyecto para actualizar el marco normativo de seguridad, para poder recoger cuáles son los desafíos que tenemos que llevar adelante”.
En esos “desafíos” está la regularización normativa para darle sustento provincial a las fuerzas locales. Un sustento que además incluye el sostenimiento económico. Fuentes del ministerio plantearon que, tras la reunión que Alonso mantuvo con intendentes, lo que sigue ahora es “trabajar durante el próximo mes y entre el ministerio y los intendentes e ir evaluando”. Los intendentes quieren señales claras. No menor fue que del encuentro en Escobar también participó la Secretaria General de Gobierno, Agustina Vila, una funcionaria de bajo perfil pero de extrema confianza de Kicillof.
“Tenemos que ver un marco normativo superior que es la ley provincial, que ordene a todos, otorgue facultades, que otorgue financiamiento, que mejore los presupuestos y que esa garantía sea política de Estado”, explicó el anfitrión, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk. En su distrito ya funciona desde marzo del 2025 la Policía Municipal de Escobar. Algo que también existe en varios distritos del conurbano, pero sin una reglamentación “hacia arriba”.
San Isidro es otro caso. Su intendente, Ramón Lanús, también estuvo en la reunión con el ministro Alonso. El jefe comunal, que forma parte del PRO, aseguró: “Desde San Isidro promovemos una ley que institucionalice y fortalezca el accionar de nuestra patrulla. Queremos una Policía Municipal con unidad de mando bajo la autoridad directa del intendente, plena autonomía funcional y facultades disciplinarias propias. Además, planteamos que los oficiales municipales tengan verdadero estatuto policial, incluyendo la facultad de portar armas de fuego”.
De la actividad en Escobar también estuvieron los intendentes Federico Otermín (Lomas de Zamora), Leo Boto (Luján), Nicolás Mantgazza (San Vicente), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Federico Achával (Pilar), Federico Susbielles (Bahía Blanca) y Juan Fabiani (intendente interino en Almirante Brown). La posición es indistinta y alcanza a diferentes espacios políticos. Ramón, que es oposición al peronismo, respaldó la convocatoria del gobierno bonaerense y valoró “que a través del Ministerio de Seguridad, se haya convocado a una reunión a los intendentes que desde distintos espacios políticos venimos planteando una posición similar. Creemos que generar estos espacios, escuchar a los intendentes, es un primer paso importante para todos nuestros vecinos”.
“El gobierno de Kicillof se comprometió a llevar a la legislatura provincial un nuevo proyecto de ley para modernizar la seguridad municipal y formalizar la creación de las policías municipales, poniendo en valor el trabajo de los jefes y jefas comunales que abordamos esta tarea con compromiso e inversión”, detalló el kicillofista Ferraresi, de Avellaneda. Agregó, además, que “mientras el gobierno nacional redunda en los discursos vacíos, en nuestra provincia, las políticas de seguridad son una construcción real que se traduce en acciones que benefician a toda la sociedad.
Durante la apertura de sesiones, Kicillof había anunciado el abordaje de dos temas referidos a la seguridad. Una nueva ley para el personal policial y una “modificación integral” a la ley de Seguridad Pública. Es allí donde va a entrar la regularización de las policías municipales, muchas de las cuales ya funcionan con el sostenimiento de los distritos. Otro tema que regulará los cambios a la ley de seguridad pública es el funcionamiento de los centros de monitoreo. El rol que tendrán los intendentes será clave.
Actualmente, suele ser una demanda recurrente los recursos que destinan los jefes comunales al mantenimiento de patrulleros de la Policía Bonaerense, así como la carga de combustible de las unidades, entre otros aspectos.
Los jefes comunales buscan tener el control pleno y garantizarse recursos para ello. Se presenta como una empresa ambiciosa, toda vez que el gobierno provincial viene desde enero del 2024 con la merma en la transferencia de recursos de parte de la Nación para con la administración de Kicillof.
El control pleno es algo que no lograron cuando, efectivamente, se puso en marcha la Policía Local en la provincia de Buenos Aires. Fue durante el 2014, en la gobernación del hoy funcionario libertario, Daniel Scioli. En ese momento, se impulsó la creación de policías locales. La falta de acuerdos en la Legislatura hizo que el entonces mandatario apurara su creación mediante un decreto. Era para distritos de más de 70 mil habitantes. Luego, producto del desfinanciamiento y un proceso de centralización, en la gestión de María Eugenia Vidal con Cristian Ritondo al frente del Ministerio de Seguridad, se optó por la absorción de esa fuerza hacia la Policía bonaerense.
En la Legislatura están expectantes al envío del proyecto en cuestión. El Frente Renovador, de Sergio Massa, es uno de los espacios que busca seguir de cerca el tema. De hecho, en el proceso anterior de la conformación de las policías locales, fue uno de los sectores que la promovió. Doce años después, algunos de sus legisladores sostienen el tema. Como, por ejemplo, el diputado Carlos Puglielli, que a principio de año presentó un proyecto de ley para crear las policías comunales, una fuerza de seguridad con tareas de prevención y patrullaje, pero para distritos con menos de 70 mil habitantes.
