Hay una decisión política de acelerar el traspaso de los juzgados laborales a la Ciudad de Buenos Aires, lo que implica disolver los que funcionan a nivel nacional y que desde el oficialismo, la oposición y el empresariado son vistos como “hostiles” y “cercanos al kirchnerismo”, pero la instrumentación sigue empantanada entre trabas económicas, legales y judiciales que surgieron.
Ahora, sin embargo, aparecieron señales alentadoras para que se pueda cumplir a pleno con la autonomía porteña establecida por la Constitución Nacional a partir de su reforma de 1994: la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires prevé aprobar en agosto una ley que desbloquearía el traspaso y ya circula una fecha tentativa para que funcione el fuero laboral porteño: febrero de 2027.
Para definir todos los detalles del nuevo fuero laboral porteño, el jefe de Gobierno, Jorge Macri delegó esa tarea en su ministro de Justicia, Gabino Tapia, y el subsecretario de Trabajo, Horacio Bueno, dos funcionarios clave para una misión tan estratégica.
Hace un mes y medio, Jorge Macri presentó en la Legislatura de la ciudad un paquete de proyectos de ley vinculados con la reestructuración del Poder Judicial en el distrito, con eje en la transferencia de competencias del gobierno nacional acerca de la justicia laboral.
Pero los promotores del traspaso aclararon a Infobae que “no hay transferencia de la justicia” en el sentido habitual que muchos esperaban sino que “lo que se firmó fue un traspaso de competencias judiciales, no de jueces ni de tribunales nacionales en bloque”.
Ese esquema, destacaron, supone que los actuales magistrados del fuero nacional laboral no pasarán automáticamente a la órbita porteña. Los expedientes que ya estén en trámite seguirán en la Justicia Nacional del Trabajo hasta su resolución, mientras que las nuevas causas ingresarán al sistema de la ciudad una vez que se cumplan ciertas condiciones y venza el plazo operativo de 6 meses, que llevaría el cronograma a febrero.
Entre esas condiciones figura que el traspaso sea ratificado por el Congreso Nacional (algo que ya sucedió con la sanción de la Ley 27.802 de Modernización Laboral), que sea ratificado por la Legislatura porteña y, además, que haya un convenio específico en materia de transferencia de recursos desde Nación a Ciudad.
El sensible tema de las partidas presupuestarias para que funcione la justicia laboral de la ciudad se convirtió en estas últimas semanas en el principal obstáculo para avanzar con el traspaso. Es que los funcionarios porteños aún está negociando con sus pares del gobierno nacional para que también deriven los fondos: aunque el costo estimado del nuevo esquema estaría entre 0,5% y 0,8% de un punto de coparticipación (que significaría entre $48.000 millones y $76.800 millones por mes). La discusión se concentra en cuánto dinero transferirá Nación para sostener juzgados, jueces y estructura administrativa cuando el sistema empiece a funcionar.
El problema presupuestario atraviesa hoy toda la discusión. Si la transferencia llega con recursos asignados por la Nación, el esquema será uno, pero si eso no ocurre la Ciudad tendrá que evaluar qué partida incorpora en el Presupuesto de 2027 para sostener la nueva competencia. La lógica esperable sería que la administración nacional transfiriera a la Ciudad los fondos que hoy destina al funcionamiento del fuero laboral. ¿Es sólo un tema económico o netamente político por parte del gobierno de Javier Milei? Es el gran interrogante que tienen dentro del andamiaje de poder macrista.
Pese a esa incertidumbre, y aunque el tema no deja de ser relevante, algunos dirigentes del PRO relativizaron el efecto inmediato del costo fiscal: este año podría impactar menos porque ya transcurrió buena parte del calendario y la instrumentación demandará tiempo.
En la Legislatura porteña, por su parte, están seguros de que las trabas para el traspaso podrían resolverse en agosto próximo si antes se resuelven las discusiones sobre fondos, estructura judicial y cambios normativos que acompañan la transferencia.
Ese proceso, de todas formas, no se limita a una sola votación, donde habría mayoría en favor del traspaso del fuero laboral a CABA. El paquete enviado por el Ejecutivo porteño incluye al menos cuatro iniciativas: la aprobación del convenio de traspaso, la modificación de la llamada Ley 7 (la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires) sobre la estructura del fuero local, la reforma del Código Procesal Laboral y la creación de un sistema de mediación como existe a nivel nacional con el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO).
En realidad, esta secuencia es similar a la que se aplicó con el traspaso de la Policía Federal a CABA, que comenzó en 2016, pero como no se concretaba también fue creada la Policía de la Ciudad mientras seguía pendiente el pase completo de la competencia.
En estos días, además del fuero laboral, Nación y Ciudad dieron un paso decisivo para el traspaso de la justicia penal a CABA: el 3 de julio pasado, el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y su par porteño, Gabino Tapia, firmaron el convenio por el cual se transfieren las competencias judiciales en materia penal como delitos contra el honor, como calumnias e injurias; la integridad sexual, como abuso sexual y explotación, y la libertad, como privación ilegítima y amenazas coactivas. También incorpora delitos vinculados a la propiedad intelectual y a la protección de fauna, entre ellos el ejercicio ilegal de la medicina veterinaria.
Además, la Ciudad asumirá en forma exclusiva el conocimiento y juzgamiento de los delitos cometidos por adolescentes de entre 14 y 18 años, así como la adopción de medidas de protección para menores de 14 años involucrados en hechos tipificados como delitos, para los que se prevé una intervención tutelar.
El desafío de transferir los juzgados nacionales del trabajo es mucho mayor. El fuero laboral porteño fue diseñado con una estructura más reducida, con una cantidad limitada de juzgados para un esquema incipiente y no para administrar todos los conflictos laborales de la Capital.
Por esa razón, una de las reformas que el oficialismo considera necesarias a través de la Legislatura es ampliar esa capacidad. La modificación de la ley de creación del fuero apunta a dotarlo de más juzgados y más herramientas para que pueda absorber la competencia que hoy permanece en la órbita nacional.
De la misma forma, el Código Procesal Laboral aprobado por la Ciudad debe ser revisado: había sido pensado para litigios individuales y que ahora debe incorporar aspectos que no estaban contemplados en el diseño original.
Los artículos 90 y 91 de la Ley de Modernización Laboral contemplan el “Acuerdo de Transferencia de la función judicial en materia laboral” y allí “se encomienda al Poder Ejecutivo nacional a transferir al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los recursos necesarios para el funcionamiento del fuero del trabajo de la Ciudad, garantizando el adecuado funcionamiento transitorio de la Justicia Nacional del Trabajo”.
Según el convenio firmado entre ambas jurisdicciones, la Ciudad deberá, en un plazo máximo de 180 días, seleccionar a los jueces del nuevo fuero laboral y garantizar la infraestructura y los recursos necesarios. Una vez operativo, será el único fuero competente para causas laborales iniciadas desde ese momento.
Pero los 180 días no corren desde la promulgación de la reforma laboral, que llevaría a instrumentar el nuevo fuero del trabajo porteño desde el 1° de septiembre próximo, sino desde que queden cumplidas las condiciones legales requeridas (que el traspaso sea ratificado por el Congreso Nacional, que sea ratificado por la Legislatura porteña y que haya un convenio específico en materia de transferencia de recursos desde Nación a Ciudad). Mientras tanto, el fuero nacional laboral sigue funcionando como siempre, aunque con vacantes que serán cubiertas mediante subrogancias.
La consecuencia práctica de ese esquema es doble. Para Nación, se reduce el costo de los salarios de jueces; para la Ciudad, la preocupación es que el nuevo sistema no se active sin una transferencia suficiente para financiar a los magistrados, el personal y el funcionamiento.
El diseño institucional en estudio en la Ciudad no replica de manera automática la estructura nacional. Aunque la justicia laboral nacional tiene 80 juzgados y la legislación local está “espejada” con ese esquema, la intención no es abrir la misma cantidad en CABA.
Ya hubo concursos para nuevos juzgados y en agosto habrá 10 jueces nuevos. Después se abrirá otro concurso para cubrir entre 30 y 40 cargos adicionales, dentro de una proyección total de entre 40 y 50 juzgados.
La Cámara de Apelaciones del Trabajo local también crecería. Hoy existen 2 salas y el plan es sumar otras 3, mientras que los actuales camaristas nacionales no serán absorbidos por el sistema porteño.
Sobre el destino del fuero nacional laboral, la idea es que pase a una etapa residual. Seguirá resolviendo las causas ya iniciadas hasta su resolución, un proceso que podría demandar entre 2 y 7 años, según el tiempo que insuma el trámite de los expedientes pendientes.
De todas formas maneras, la negociación política entre Nación y Ciudad no se agota en lo jurídico y en lo económico. Hay una fuerte resistencia del peronismo y un lobby judicial en contra de la disolución del fuero nacional laboral y su pase a la órbita de CABA.
De por sí, rige una medida cautelar del 17 de marzo pasado que frenó el traspaso, impulsada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), liderada por Julio Piumato, e incluso la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó en mayo pasado el recurso extraordinario que presentaron el Consejo de la Magistratura de CABA y el gobierno porteño para revertir la suspensión preventiva de la Ley 6789, que habilita la creación del fuero laboral de la Ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, en el gobierno porteño interpretan que, una vez que la Legislatura complete la aprobación y el traspaso quede convertido en ley plena, la encerrona judicial perderá sustento para detener el proceso.
