El pasado 21 de junio, tres perros de caza acorralaron a un oso hormiguero gigante dentro de la Reserva Nacional Pizarro, en el departamento de Anta, Salta. Los animales pertenecían a un padre y su hijo que habían ingresado ilegalmente al área protegida. Lo que siguió fue un proceso penal que terminó en un acuerdo inédito: los imputados deberán costear la reposición de un tramo del alambrado de la reserva.
Fue durante un patrullaje de rutina cuando los guardaparques Abraham Rojas, Jairo Palma y Soledad Rojas escucharon ladridos provenientes del monte. Siguieron los rastros hasta advertir que los animales entraban y salían de la vegetación. Al acercarse, encontraron a tres perros de caza que habían acorralado a un ejemplar de la especie myrmecophaga tridactyla —conocida popularmente como oso hormiguero gigante o yurumí—, que presentaba heridas provocadas por mordeduras. Los agentes lograron poner a los canes a distancia y poner al animal protegido a resguardo. Poco después, localizaron a los propietarios de los perros en las inmediaciones. Una vez controlada la situación, el ejemplar se recuperó y se internó nuevamente en el monte.
A partir del hecho, la Unidad Fiscal Salta inició actuaciones por infracción a la Ley N°22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre. La imputación se sustentó en el artículo 25 de esa norma, que establece una pena de dos meses a dos años de prisión e inhabilitación especial de hasta cinco años para quien “cazare animales de la fauna silvestre cuya captura o comercialización estén prohibidas o vedadas por la autoridad jurisdiccional de aplicación”.
La auxiliar fiscal Carolina Jorge, del Área de Casos Sencillos de la mencionada unidad, explicó durante la audiencia que los implicados —padre e hijo— habían ingresado ilegalmente a la reserva con fines de caza, motivo por el cual se formalizó la imputación penal en su contra.
Sin embargo, las partes llegaron a una solución antes de que el caso avanzara hacia un juicio. El acuerdo de reparación, presentado por el fiscal general Carlos Martín Amad y por Jorge, fue homologado por el juez federal de Garantías N°2, Diego Anzorreguy, el viernes pasado. En el marco de ese convenio, los imputados se comprometieron a solventar la compra de los materiales necesarios para reponer un tramo del alambrado de la Reserva Nacional Pizarro, una necesidad que había sido informada por el intendente de la reserva, Néstor Walter Sucunza.
La fiscalía solicitó además que, al momento de homologar el acuerdo, el magistrado dejara constancia de que los fondos aportados serían destinados exclusivamente a la Reserva Nacional Pizarro. Anzorreguy consultó a los imputados sobre los términos del convenio; ambos manifestaron su conformidad, al igual que su defensa. En consecuencia, el magistrado homologó la reparación acordada y les advirtió sobre las consecuencias de reincidir en una conducta ilícita.
La Reserva Nacional Pizarro está ubicada en el departamento de Anta, en la provincia de Salta, y constituye un área protegida en la que se encuentra vedada la caza y la depredación de fauna.
El yurumí —el ejemplar afectado en este caso— es una especie de especial importancia para la conservación de la biodiversidad. El hecho ocurrió entre los lotes 3 y 7 de la reserva, zona en la que los guardaparques desarrollaban su recorrida habitual cuando detectaron la situación.
