La disputa judicial por la reforma laboral sumó un capítulo decisivo y consolidó un giro central en el expediente: la exclusión definitiva de la Justicia del Trabajo de la causa impulsada por la CGT. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al juez laboral Raúl Horacio Ojeda que remita el expediente en un plazo de 24 horas, con habilitación de días y horas inhábiles, y dejó asentado que la discusión sobre la competencia “se encuentra definitivamente resuelta”.
La resolución, a la que tuvo acceso Infobae, no solo reafirma lo decidido el 28 de abril —cuando el tribunal dispuso que el caso debía tramitar en el fuero contencioso administrativo federal—, sino que además expone de manera directa el incumplimiento del magistrado laboral, que hasta ahora no había remitido las actuaciones.
El texto es categórico. En el apartado “Autos y Visto”, la Cámara advierte que interviene “en atención a lo informado por la jueza de grado en relación con el incumplimiento del juez del trabajo en torno a la decisión de este Tribunal, del 28/4/26”, y subraya que, dado que el conflicto de competencia ya fue saldado, corresponde ordenar la remisión inmediata del expediente.
En ese marco, el tribunal dispuso: “requiérase a este último la remisión de la causa […] en el plazo de 24 horas”. La orden incluye la habilitación de días y horas inhábiles, una herramienta procesal excepcional que se utiliza cuando se busca evitar demoras y asegurar el cumplimiento urgente de lo dispuesto por la alzada.
El mensaje es doble. Por un lado, clausura cualquier margen de discusión sobre el fuero competente. Por otro, marca un límite explícito frente a la resistencia del juez laboral a acatar lo resuelto por la instancia superior.
Detrás de este movimiento judicial hay una estrategia coordinada por la Procuración del Tesoro de la Nación, el organismo encargado de la defensa jurídica del Gobierno. Bajo la conducción de Sebastián Amerio, la PTN tuvo un papel central en el planteo de inhibitoria que permitió trasladar el caso al fuero contencioso administrativo federal y en la ofensiva para revertir el escenario inicial adverso.
Según pudo saber Infobae, el Gobierno —a través del Ministerio de Capital Humano y con el patrocinio de la Procuración— había solicitado formalmente que se levantara la medida cautelar dictada por Ojeda, que suspendió más de 80 artículos de la ley de reforma laboral. Ese pedido se presentó ante el fuero contencioso administrativo federal, en línea con la estrategia de discutir la validez de la norma en un ámbito con competencia federal.
La Procuración del Tesoro también cuestionó el desarrollo del expediente en la Justicia del Trabajo, donde consideró que se habían vulnerado garantías procesales básicas. Entre otros puntos, objetó la exclusión del organismo del patrocinio en la causa laboral, el rechazo de planteos de nulidad e inhibitorias y la negativa a remitir el expediente pese a las órdenes dictadas por la Cámara.
En el Gobierno sostienen que la actuación de la PTN fue determinante para reencauzar el caso y garantizar el derecho de defensa del Estado en una causa de alto impacto institucional. “Se está trabajando a fondo para asegurar la implementación de una ley que fue debatida y sancionada por el Congreso”, explicaron fuentes oficiales.
El antecedente que cambió el eje del caso
La decisión actual no puede entenderse sin el fallo del 28 de abril, que redefinió el escenario judicial.
En esa resolución, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal determinó que la causa iniciada por la CGT debía tramitar en ese fuero y no en la Justicia del Trabajo. El tribunal consideró que el caso excedía el marco del derecho laboral clásico y que involucraba cuestiones federales, como la validez de una ley sancionada por el Congreso y la actuación del Estado Nacional.
Ese encuadre tuvo consecuencias inmediatas. En la práctica, implicó desplazar al juez Ojeda, quien había hecho lugar a una medida cautelar que suspendió una parte sustancial de la reforma laboral.
La Cámara también cuestionó el trámite seguido en el fuero laboral y dejó en claro que las normas que regulan la competencia judicial son de orden público y deben aplicarse de manera inmediata, sin margen para interpretaciones discrecionales.
Con ese fallo, el Gobierno logró mover la discusión hacia un terreno más favorable desde el punto de vista procesal. La nueva resolución profundiza ese cambio y busca hacerlo efectivo sin dilaciones.
La resistencia del juez Ojeda
Uno de los elementos más sensibles del nuevo pronunciamiento es la referencia explícita al incumplimiento del juez laboral.
De acuerdo con lo informado por la jueza del fuero contencioso administrativo federal, Ojeda se había negado a remitir las actuaciones, pese a lo ordenado por la Cámara el 28 de abril y a las instrucciones impartidas en esa misma fecha.
Esa situación obligó a la Sala IV a intervenir nuevamente y a dictar una orden directa, con plazo perentorio y habilitación de días inhábiles.
En términos institucionales, se trata de un movimiento inusual, que refleja la tensión generada por el conflicto de competencia y la necesidad de la Cámara de asegurar el cumplimiento de sus decisiones.
La resolución no deja margen para interpretaciones: el expediente debe ser enviado en 24 horas y la discusión debe continuar en el fuero contencioso administrativo federal.
El trasfondo: la cautelar de la CGT
El origen del conflicto está en la presentación de la CGT, que cuestionó la constitucionalidad de la ley de reforma laboral y obtuvo una medida cautelar favorable en la Justicia del Trabajo.
El juez Ojeda suspendió más de 80 artículos de la norma, en uno de los primeros reveses judiciales para el Gobierno en este frente.
Esa decisión encendió las alarmas en la Casa Rosada, que rápidamente desplegó una estrategia para revertirla, donde intervino también el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. La apelación de la cautelar y el planteo de inhibitoria fueron los ejes de esa ofensiva.
El objetivo era claro: sacar la causa del fuero laboral, donde históricamente los sindicatos han tenido mayor receptividad, y trasladarla a un ámbito con competencia federal.
El fallo del 28 de abril y la resolución conocida ahora indican que esa estrategia, al menos en el plano procesal, está dando resultados.
Qué cambia a partir de ahora
La orden de la Cámara tiene un impacto inmediato en el desarrollo del expediente.
Si el juez Ojeda cumple con lo dispuesto, la causa quedará definitivamente radicada en el juzgado contencioso administrativo federal N° 12, que será el encargado de analizar la cuestión de fondo.
Ese cambio de fuero no es un detalle técnico. Define el marco desde el cual se evaluará la constitucionalidad de la reforma laboral y condiciona la dinámica del proceso.
Además, reduce el margen de acción de la CGT para sostener la discusión en la Justicia del Trabajo, donde había conseguido su principal victoria.
El escenario que viene
A partir de ahora, el foco estará puesto en la resolución de fondo.
El juzgado contencioso administrativo federal deberá analizar la validez de la ley y resolver si los artículos cuestionados se ajustan a la Constitución.
En paralelo, la disputa podría escalar hacia instancias superiores. La Corte Suprema aparece como el árbitro final de un conflicto que combina elementos jurídicos, políticos e institucionales.
Mientras tanto, el Gobierno consolidó una posición clave: la discusión ya no se dará en el fuero laboral.
Y ese dato, en la arquitectura judicial del caso, redefine por completo el tablero en el que se juega uno de los capítulos más sensibles de su programa de reformas.
