La diputada nacional Gabriela Estévez presentó un proyecto de Ley de Etiquetado de Huevos en el Congreso de la Nación. La iniciativa, elaborada por la organización internacional Sinergia Animal apunta a que en Argentina, el país con mayor consumo de este alimento por habitante del mundo y que según proyecciones del sector avícola en 2026 alcanzará un nuevo récord de 430 unidades per cápita, los compradores no tienen forma de saber, mirando el envase, en qué condiciones fue producido el producto.
La iniciativa propone incorporar al etiquetado obligatorio ya existente una categoría que identifique el sistema de producción: jaula, libre de jaula en galpón o piso, campero o de libre pastoreo, u orgánico. Esa información debería constar en la cara principal del envase de manera visible, legible e indeleble.
Además, el texto legislativo extiende la obligación a la publicidad: toda comunicación comercial de huevos deberá consignar el sistema de producción correspondiente y quedará prohibido el uso de imágenes o recursos gráficos que induzcan a error. Así, la presencia de gallinas al aire libre en un packaging no podría sugerir ese tipo de cría si los huevos provinieran de un sistema de jaulas.
El proyecto se sustenta en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho de los consumidores a recibir información adecuada y veraz. “Lo sustentamos en la Constitución Nacional, lo sustentamos en los derechos del consumidor, en las leyes que nos respaldan”, afirmó Estévez al presentar la iniciativa. La legisladora también señaló que el proyecto ya cuenta con acompañamiento de distintos espacios políticos y que se continúa trabajando para ampliar ese respaldo, al considerar que el enfoque centrado en el consumidor permite abordar la discusión desde perspectivas diversas.
Una encuesta realizada por Sinergia Animal Argentina reveló que más del 78% de los argentinos desconoce que aproximadamente el 90% de la producción nacional de huevos se realiza en sistemas de jaulas. El dato ilustra la distancia entre lo que ocurre en los establecimientos avícolas y lo que llega al conocimiento de quienes compran el producto en góndola.
“Impulsamos este proyecto porque creemos que el acceso a la información no debería depender de la voluntad de cada empresa. Es importante que existan reglas claras y comunes para que todas las personas puedan conocer cómo se producen los alimentos que compran y tomar sus propias decisiones. No se trata de decirle a nadie qué comprar, sino de garantizar que pueda decidir con conocimiento”, señaló Romina Viscarret, directora de la organización protectora de animales.
Estévez, legisladora cordobesa de Unión por la Patria, amplió ese argumento en declaraciones a Infobae: “Hay un principio muy sencillo detrás de esta iniciativa: cada persona que compra un alimento tiene derecho a saber cómo fue producido. La defensa del consumidor también implica que la información del envase sea clara, verificable y que la publicidad no muestre una realidad distinta de la que existe”.
La diputada también destacó el trabajo articulado con la organización: “Desde el Congreso queremos sumar a ese esfuerzo y generar una herramienta concreta que amplíe derechos y genere estándares más transparentes para toda la cadena”.
No es la primera vez que una propuesta de este tipo llega al Congreso. En 2021, un proyecto similar —también elaborado por Sinergia Animal y presentado en esa oportunidad por el diputado José Luis Ramón, de Unidad Federal— no prosperó. La Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA) expresó un fuerte rechazo. Javier Prida, titular de la entidad, cuestionó entonces tanto la forma como el fondo de la iniciativa. “El proyecto dispara mucha preocupación en el sector productivo. Estamos de acuerdo en que tenemos que ver de qué manera le indicamos al consumidor qué tipo de huevo consume. Pero el método y camino que se eligió para hacerlo no es el más saludable”, afirmó en aquel momento.
Prida también argumentó que la industria avícola argentina cumple con la normativa de la Organización Mundial de Sanidad Animal y que está fiscalizada por el Senasa. Sobre las condiciones de alojamiento, sostuvo que las afirmaciones sobre hacinamiento o maltrato “son mentira”. “Vienen las modas de Europa o Estados Unidos, de países ricos que instalan modas para sus habitantes con un poder adquisitivo más alto que en la Argentina”, señaló.
El texto del nuevo proyecto contempla un plazo de adecuación de doce meses desde su reglamentación, con la posibilidad de cronogramas progresivos según la escala productiva. No propone prohibir la comercialización de huevos de ningún sistema ni imponer un modelo de cría determinado: su alcance se limita a que las diferencias entre las alternativas disponibles sean identificables para el consumidor. Las sanciones por incumplimiento quedarían encuadradas en las leyes de Defensa del Consumidor y de Lealtad Comercial, entre otras normas vigentes.
