Oficializaron la salida de Carlos Frugoni y el nombramiento del nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura

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Carlos Frugoni renunció a su cargo de secretario de Coordinación de Infraestructura luego de que se conociera que no declaró siete propiedades inmobiliarias en Estados Unidos

El Poder Ejecutivo aceptó oficialmente la renuncia de Carlos Frugoni al cargo de Secretario de Coordinación de Infraestructura, luego de que se conociera que tenía siete propiedades en Miami sin declarar ante la Oficina Anticorrupción y ARCA. Los inmuebles habían sido adquiridos entre 2020 y 2022.

La desvinculación se hizo mediante el decreto 286/2026 de Boletín Oficial, en donde también se publicó la designación del nuevo funcionario que queda a cargo. La decisión de poner al frente del área de Coordinación de Infraestructura, al arquitecto Fernando Herrmann, había sido anticipada este lunes a través de una publicación que el Ministerio de Economía hizo en X.

Hasta ayer, Herrmann se desempeñaba como Secretario de Transporte, luego de haber sido nombrado en enero de este año por el decreto 47/2026. Arquitecto de profesión, asumió la conducción tras la salida de Luis Octavio Pierrini. Pero a partir de la reciente normativa, ese cargo quedó ocupado por el licenciado Mariano Ignacio Plencovich.

El arquitecto Fernando Herrmann reemplazará a Frugoni

Respecto a la salida de Frugoni, este reconoció ante el periodista Nicolás Wiñaski que se había equivocado: “Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué. También voy a incluir a los departamentos en ARCA”, reconoció. Según los registros oficiales del condado de Palm Beach, se identificaron al menos cinco propiedades con valores que oscilan entre USD 215.000 y USD 216.000.

Entre ellas figuran el apartamento 626 ubicado en 5187 Oak Hill Lane, Delray Beach; el departamento 309 en 300 Waterway Drive South, Lantana; una unidad en 13212 Glenmoor Drive, West Palm Beach; el departamento 203 en 3516 Whitehall Drive, West Palm Beach; y el apartamento 125 en 3605 South Ocean Boulevard, South Palm Beach.

El incremento en el patrimonio de Frugoni incrementó las dudas sobre la transparencia de su desempeño. En 2019, declaró USD 98.000 en efectivo y tres millones de pesos en acciones. Luego de adquirir propiedades en Miami, en 2023 informó tener acciones por más de 40 millones de pesos, inversiones en 16 compañías y depósitos por USD 400.000 en el extranjero.

Las revelaciones motivaron la presentación de denuncias judiciales encabezadas por el abogado Alejandro Díaz Pascual y el legislador Facundo Del Gaiso. Las investigaciones recayeron en el juzgado federal de Daniel Rafecas y están vinculadas a presuntos delitos por ocultar un patrimonio superior a USD 1,5 millones.

La cartera que conduce Luis Caputo anticipó por X al nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura

Facundo Del Gaiso criticó la situación y, a través de X, afirmó: “Gran año el 2022 para Frugoni. Después de comprar 7 propiedades en Miami y olvidarse de declararlas, le sobró dinero para que en el año 2023 haga inversiones en 16 empresas por 40 millones de pesos, con el dólar a $200.” Además, destacó que el exfuncionario percibió salarios oficiales al mismo tiempo que transfería fondos personales al exterior.

El caso generó distintas reacciones dentro del gobierno. Un funcionario de alto rango lo consideró “gravísimo” y sostuvo que Frugoni “tiene que explicarlo”, según informó Infobae. Otros consultados por el mismo medio opinaron que el episodio resulta más grave que antecedentes recientes, como el del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Una fuente vinculada a la Presidencia remarcó la diferencia: “Nos llama la atención que los medios sean tan diferentes con el que es un escándalo en serio que con lo que fueron con Manuel, que todos saben que es una pelotudez sin corrupción ni omisión”. Otro funcionario comparó la magnitud de los bienes: “Estás comparando siete casas en Miami con dos propiedades en Argentina. Tiene que aclarar el tema”.

Incluso, la Oficina de Integridad Pública porteña (OIP) lo había sancionado en reiteradas oportunidades por incumplimiento en la presentación de declaraciones juradas. Esta situación derivó en su inhabilitación temporal para postularse a cargos públicos en la administración de la Ciudad de Buenos Aires.

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