El precandidato presidencial del PRO, Hernán Lacunza, defendió la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), descartó un acuerdo electoral con el oficialismo y propuso levantar por completo el cepo cambiario, apuntalar la construcción y reducir impuestos sobre el crédito.
En diálogo con la periodista Mariana Contartessi en Radio La Red, el exministro de Hacienda sostuvo que las primarias forman parte de un mecanismo electoral que permite ordenar la competencia antes de una eventual segunda vuelta. También cuestionó la posibilidad de modificar el sistema a poco de una elección: “En un partido de fútbol no se cambian las reglas en el vestuario cuando están por salir los equipos a la cancha”.
Para el dirigente del PRO, una discusión sobre el sistema electoral puede darse, pero no debe aplicarse en una contienda que ya está próxima. Comparó esa alternativa con cambiar las reglas de un partido cuando los equipos están por salir a la cancha y la calificó como una decisión oportunista.
Lacunza afirmó que las PASO permiten resolver diferencias entre propuestas con afinidades, mientras que la primera vuelta y el balotaje cumplen otras funciones dentro del proceso electoral. “Hay que dejar elegir a la gente, no a los dirigentes a dedo”, señaló durante la entrevista.
El economista planteó que la reducción de la oferta política a dos polos beneficia a quienes se ubican en esas posiciones. Como antecedente, mencionó que la elección presidencial de 2023 se organizó en torno a “casi tres tercios”.
Consultado por eventuales acuerdos con otros espacios, Lacunza consideró que todavía es temprano para resolver alianzas de cara a la elección general prevista para 2027. “Es la hora de mostrar las propuestas, las ideas”, afirmó, y sostuvo que el debate actual debe concentrarse en alternativas de gobierno.
El precandidato agregó que mantiene una posición contraria a una alianza con La Libertad Avanza. “Con el oficialismo no voy a ir”, afirmó. En ese marco, ubicó a Patricia Bullrich dentro del oficialismo por su papel como presidenta del bloque libertario en el Senado.
Lacunza vinculó esa postura con sus cuestionamientos al estilo político del Gobierno. Sostuvo que la agresión verbal y los insultos desde el Estado afectan la convivencia democrática y advirtió que una amenaza, incluso expresada de forma verbal, puede buscar “acallar, reprimir, condicionar” o censurar.
La Justicia como un factor clave para las inversiones y la necesidad de levantar el cepo
El dirigente sostuvo también que el funcionamiento de la Justicia tiene mayor peso que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) al momento de atraer proyectos de largo plazo en actividades como Vaca Muerta o la minería. “Para las inversiones de Vaca Muerta o de la minería importa más la Justicia que el RIGI”, afirmó.
A su criterio, los inversores necesitan previsibilidad para resolver eventuales conflictos con el Estado o con privados. Por eso, afirmó que es necesario recuperar el prestigio de una institución que consideró deteriorada, con mecanismos más transparentes para designar jueces y un mayor peso de las evaluaciones técnicas frente a los componentes subjetivos de las entrevistas.
También destacó una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictada en marzo, que propuso reducir la ponderación de las calificaciones subjetivas y fortalecer las pruebas técnicas en los procesos de selección.
En materia económica, Lacunza enumeró tres medidas que, según planteó, podrían adoptarse de inmediato. La primera consiste en terminar de normalizar el mercado de cambios y levantar las restricciones cambiarias que, a su entender, desalientan la inversión. “Lo primero que haría es terminar de normalizar el mercado de cambios, terminar de levantar el cepo”, señaló.
La segunda es un programa de apoyo a la construcción. “Es muy mano de obra intensivo, genera mucho empleo en las zonas urbanas”, explicó el exfuncionario, que ubicó allí parte de los problemas económicos y laborales.
Como tercera medida, propuso una reducción de impuestos sobre el crédito mediante un acuerdo con los gobernadores, sin distinción partidaria. “No tenemos que gravar” el crédito, afirmó, en alusión a la escasez de financiamiento y los niveles de morosidad que atraviesan las familias.
