El Gobierno argentino dispuso que todas las personas extranjeras que no cuenten con residencia permanente deberán pagar por la atención en hospitales públicos en el país. La medida incluye a quienes poseen residencia precaria y se encuentran en proceso de regularización. El Ministerio de Salud confirmó que la resolución alcanza tanto a turistas como a quienes tramitan su documentación, lo que modifica la forma en que funcionaba la gratuidad del sistema sanitario argentino.
Desde la entrada en vigencia de la norma, los extranjeros que aún no obtuvieron la residencia permanente deben abonar los servicios médicos. Esto abarca tanto emergencias como consultas programadas. El cambio fue comunicado por autoridades nacionales y generó dudas sobre el alcance para quienes ya viven y trabajan en Argentina pero aún no completaron los trámites migratorios.
Roberto Aruj, director del Instituto de Políticas de Migraciones y Asilo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), analizó el impacto de la resolución. “Como todas estas medidas, son negativas para un país como la Argentina, que es tradicional e históricamente abierto a la migración”, afirmó en Infobae en Vivo.
Aruj subrayó la existencia de la ley 25871, sancionada en 2003 y reglamentada en 2010, que garantiza derechos plenos a los extranjeros que deseen instalarse en el país.
Según explicó Aruj, el proceso para acceder a la residencia permanente requiere dos años de permanencia en Argentina. Durante ese periodo, la persona cuenta con un documento que acredita una residencia precaria, y sólo después puede solicitar la ciudadanía.
Diferencias con otros países y zonas de frontera
El especialista realizó comparaciones con sistemas sanitarios de otros países. Aclaró que, en países donde la salud y la educación son públicas, “lo habitual es que una legislación le dé cobertura” a las personas que residen, trabajan y pagan impuestos, incluso si están en proceso de regularización.
Las zonas de frontera presentan particularidades. “Este tipo de vinculación se realiza en general en lugares de frontera, donde la circulación es permanente de un lado y para el otro”, explicó Aruj. Allí pueden surgir situaciones donde extranjeros cruzan para atenderse en hospitales argentinos, y viceversa.
En el norte del país, algunas provincias como Salta ya implementaron medidas para cobrar a extranjeros la atención médica. El concepto de reciprocidad aparece en estos debates, sobre todo cuando ciudadanos argentinos relatan que debieron pagar por atención en países limítrofes, mientras que en Argentina no existía ese requisito.
Alcances políticos y económicos de la resolución
Aruj consideró que la medida responde más a demandas políticas que a cuestiones económicas. “Me parece que apunta a un sector que reclama estas medidas, que de alguna manera están vinculados al Gobierno en términos políticos”, afirmó. El director del Instituto de Políticas de Migraciones y Asilo también resaltó que no existen datos que indiquen un flujo masivo de extranjeros que viajen exclusivamente para atenderse en hospitales públicos.
“No creo que sea importante el número de extranjeros que vienen a atenderse en Argentina”, sostuvo Aruj. Al ser consultado sobre la estimación de personas afectadas, afirmó: “No sé cuántas personas son. No creo que sea importante el porcentaje”.
Advirtió que el control estricto implementado por la resolución puede afectar a familias transnacionales que viven y trabajan en ambos lados de la frontera, y que circulan diariamente entre países.
Opiniones sobre la finalidad de la medida
El especialista sostuvo que estos decretos restringen derechos fundamentales y que la discusión debería darse en el Congreso Nacional. “Son decretos que restringen directamente el derecho, en un caso, a la libertad de expresión”, señaló. Además, expresó que “este tipo de decretos auspician otras cuestiones que tienen que ver con encontrar una figura alternativa para echar culpas sobre problemas que son de otra índole”.
Aruj remarcó la diferencia entre el extranjero que viaja específicamente para atenderse y quien reside en Argentina, trabaja y cumple obligaciones fiscales. “El residente precario paga sus impuestos, consume, respeta las leyes”, afirmó.
La resolución mantiene el foco en la reciprocidad y en la posibilidad de que las provincias adapten la aplicación de la norma según las realidades locales, sobre todo en regiones fronterizas donde la movilidad es constante.
El debate sobre la gratuidad de la salud pública para extranjeros en Argentina sigue abierto. Las posiciones contrastan la tradición de acceso universal con la intención oficial de limitar el gasto público y responder a demandas sociales concretas. El alcance y la permanencia de la medida dependerán de futuras definiciones políticas y legislativas.
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