Todo está roto y baila. Como dice la canción de The Doors. Que la relación entre Karina Milei y Santiago Caputo está quebrada, no es una novedad; pero que piensen en la Justicia como el árbitro de esa pelea, sí. Mientras Comodoro Py avanza contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la causa por enriquecimiento ilícito; en la justicia porteña tomaron impulso al menos cuatro expedientes contra tuiteros libertarios. No se salva ninguno. Hasta Daniel Parisini –Gordo Dan en X y principal referente de los tuiteros mileistas–, está imputado por hostigamiento, amenazas e incitación a cometer delitos por sus declaraciones en X y el stream Carajo.
Abogados con acceso a uno de los expedientes aseguran que la fiscal de delitos complejos de la Ciudad, Celsa Ramírez, preparaba ayer por la mañana las cédulas para citar a indagatoria a todos los imputados. Incluidos Dan y el biógrafo de Milei, Nicolás Márquez. Sin embargo, según pudo averiguar Infobae, por ahora esas cédulas no saldrán. Pero las causas no se cierran. Solo es cuestión de timing.
Además de Parisini y Márquez, están imputados algunos de sus compañeros en Carajo: Pablo Sebastián Pazos, Alejandro Sarubbi Benítez y Mariano Pérez. Los acusan de los delitos previstos en los artículos 149 bis (amenazas), 209 (instigación a cometer delito), 212 (incitación a la violencia colectiva), 213 bis (imponer sus ideas a otros a través de la fuerza o el temor) del Código Penal. El dato es importante. La fiscal decidió pasar del “hostigamiento digital”, una contravención que se resuelve con el pago de una multa, a una figura penal que podría terminar con prisión efectiva para los acusados si se los encontrara culpables de todos los delitos que se les imputan.
La investigación se inició en junio del año pasado por una denuncia del diputado Esteban Paulón, quien advirtió estar siendo víctima de hostigamiento agravado y discriminación. En su presentación, Paulón aporta posteos y fragmentos de Carajo en los que se lo acusa, según él refiere, “por mi orientación sexual gay”, de pédofilo y abuso infantil. Entre algunos de los ejemplos, el diputado incluye este posteo de Pazos del 24 de junio de 2025: “Pedófilo, operador, comunista y cara de pelotudo. SIDA PARA VOS”.
Parisini no es funcionario público, pero su poder de influencia, sobre todo en el electorado libertario, supera por escándalo el de muchos con silla en el Ejecutivo Nacional. Goza de ingreso irrestricto a la Casa Rosada. Aunque no a todos los despachos. No se le ocurriría entrar sin golpear a la Secretaría General de la Presidencia; eso lo hace en las oficinas de Santiago Caputo. Parisini es, junto al diputado bonaerense Agustin Romo, el máximo referente de las Fuerzas del Cielo. Esa agrupación, con estandartes bordó y narrativa de la antigua Roma, es la que construyó la militancia digital mileista.
La semana pasada, en el marco de un duelo a quemarropa, la diputada Lilia Lemoine, leal a los hermanos Milei, le escupió a Parisini:“Twitter no es la vida real”. Es cierto. Pero para la LLA, las redes, son lo que para el macrismo los timbreos y para el peronismo la movilización. Los referentes de las Fuerzas del Cielo están convencidos que su militancia digital redunda en votos que permitieron llevar a Milei a la Rosada y que ese trabajo y lealtad no fueron reconocidos por la conducción de LLA. Por ahora no se animan a decir –quizá ni admitir– que tampoco por el Presidente.
Para los libertarios Caputistas, la embestida judicial contra los tuiteros no es un avance independiente de la justicia porteña, sino una estocada más contra Caputo que salió “desde el propio Gobierno”, como dijera Adorni para explicar la aparición del video de su vuelo privado a Punta del Este. Para sostener la hipótesis, anotan que hasta el 5 de marzo, el jefe de los fiscales de la Ciudad, por tanto también de Ramírez, era Juan Bautista Mahiques, hoy ministro de Justicia de la Nación. Telarañas.
En la justicia insisten en la imparcialidad de la fiscal Ramirez. “No es la interna, es la convicción de lucha contra la violencia en redes y un criterio. Trabajar para poner un límite y definir qué es libre de expresión y que insultos, agresiones, amenazas cometidas sistemáticamente por el mismo grupo de tuiteros violentos”, apuntan.
El debate está planteado: ¿Las expresiones en redes sociales, sin importar su nivel de agresividad o difamación, supone inexorablemente el ejercicio del derecho a la libertad de expresión o podrían interpretarse y juzgarse, según el tenor y reiterancia, como delitos penales?
“Cuando la actividad es permanente y la agresión constante no se trata solo de un hostigamiento digital. Se hace una trazabilidad del delito: no es un solo hecho, son un montón. Tiene que haber un límite porque la violencia que ejercen es dramática”, analiza un sector de tribunales.
Las otras causas: qué se investiga y a quiénes
No son los únicos complicados. La fiscal tiene al menos otras tres causas contra tuiteros libertarios, incluida la iniciada por la denuncia del diputado nacional, Sebastián Pareja. En septiembre del año pasado, el hombre de Karina en la provincia de Buenos Aires pidió que se los investigue por amenazas después de recibir mensajes y llamadas en su celular. En su entorno insisten en que el Diputado “es de los que cree que no hay que judicializar la política” pero que tomó la decisión de ir a la Justicia cuando las amenazas llegaron a su hija.
Pareja denunció once cuentas de X, entre ellas ASB @GordoLeyes (Sarubbi Benitez), @TRADUCTORTEAMA (xxx), @JERERODRIGUEZOK; @LIBERADORDEARGY1; @TYLERDELCIELOM; @SOYBORTINA; y @ERNESTODIAZ_56. La fiscalía trabajó en el rastreo de IP hasta que logró identificar usuarios de X con personas reales y los llamó a declarar. Las indagatorias comenzaron este lunes y ya se presentaron cinco imputados. Uno de ellos admitió, esta semana, haber tomado el número de celular de Pareja, publicado en otra de las cuentas libertarias, y enviarle amenazas por WhatsApp.
Jerónimo Rodríguez es un abogado libertario, enemistado con Pareja desde su paso por el ministerio de Sandra Petovello. Rodríguez había denunciado a Pareja por inclumplimiento de los deberes de funcionario público por no denunciar presuntos hechos de corrupción cometidos durante el Gobierno de Alberto Fernández en la gestión del FISU. La causa nunca prosperó. Ahora él es denunciado por Pareja por amenazas y también por la Fiscal Ramírez.
Es que en distintas intervenciones en La Trinchera, Rodríguez dijo que había que empezar a investigar a la fiscal: “Tiene un nivel de vida que la verdad con un sueldo de fiscal no sé cómo hace. Tiene créditos, tiene deudas en bancos por más de $32 millones de pesos. Vive en Puerto Madero, en un departamento que vale aproximadamente, uno similar de donde vive ella, 800 mil dólares y paga expensa de un millón de pesos”. A raíz de esas afirmaciones, la fiscal pidió que se iniciara una nueva causa por enemistad con la fiscalía.
Rodríguez no se amedrenta y contraataca en su idioma. El 20 de abril, escribió en X: “VIVA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. La Fiscal Celsa Ramírez, me denunció junto a @GordoLeyes, por hablar en el programa @TrincheraCarajo, de la denuncia que me hizo @SPareja_ , y contar que no se sabe cómo con su sueldo de @MPFCABA, vive en un lujoso departamento de puerto madero, que según la información pública del BCRA, tiene créditos de más de 32 Millones y además maneja, al menos una ONG , cuyo objeto es incompatible con su función. Consulta @CPACF, ¿cuando una Fiscal te denuncia, te puede seguir investigando?”.
Si bien fue la denuncia de Pareja la que desató la furia tuitera y habilitó la guerra a cielo abierto entre el Gordo Dan y Lemoine, hay una causa anterior. La primera en denunciar por amenazas a una de las caras de Carajo fue la diputada, ex LLA, Marcela Pagano.
En junio del año pasado denunció al conductor de La Trinchera, Sarubbi, por amenazas a ella y a su hija, además de publicación de datos personales como domicilio particular. Aunque el militante libertario ya declaró en esa investigación, Ramírez volvió a citarlo para el martes para que amplíe esa indagatoria. ¿Por qué? Porque siguió hostigando a Pagano.
También el periodista Pablo Duggan inició una demanda contra Sarubbi Benítez por hostigamiento y amenazas. Y también en ese expediente la fiscal lo acusó por los delitos previstos en los artículos 149 bis, 209, 212, 213 bis.
Si la justicia decide ir a fondo y avanzar contra los tuiteros, y juzgar sus insultos y dichos en X como amenazas e instigación a cometer delitos, sentaría un precedente singular. Podría leerse ese fallo judicial como una suerte de muestra gratis de lo que puede ocurrir hacia delante. Una advertencia del Poder Judicial a la política. Hay que recordarlo: el Presidente de la Nación es el tuitero más furibundo.
