Entre las manos esposadas de un hombre con barba tupida y semblante desalineado, una figura grabada en la piel se convirtió en la clave que terminó una larga fuga. La identificación de Alberto Martín Del Valle (56), prófugo desde 2012 por el abuso de su hijastra de 11 años, se concretó tras el reconocimiento de un tatuaje en su mano izquierda, el detalle que permitió confirmar su identidad tras años de ocultamiento y cambios de aspecto.
Del Valle fue arrestado el domingo pasado en una casa de Florencio Varela. La pista que condujo a su captura había surgido 24 horas antes, cuando una persona de identidad reservada lo ubicó en la zona de Combate de San Lorenzo al 2200. El dato llevó a los agentes de la DDI Dolores, la SDDI Chascomús y el GAD Quilmes al lugar. Al verlo salir de la propiedad, interceptaron al imputado, que volvió a mentir: usó uno de sus identidades falsas y negó ser la persona buscada.
Esta vez la maniobra de evasión no tuvo éxito. Los efectivos habían sido advertidos por la familia de la víctima sobre el tatuaje que llevaba en la mano, por lo que pidieron verificar esa característica para despejar dudas. Y el reconocimiento inmediato de la marca cerró el círculo de la investigación.
Así concluyó una prolongada búsqueda que se había reactivado con fuerza en los últimos meses, en parte por la insistencia de la familia de la víctima y en particular de Yamila Segovia, hermana mayor de la niña abusada que incluso estudió Derecho para convertirse en abogada querellante del caso.
En diálogo con Infobae, Yamila contó que no le había dicho a su familia sobre el operativo final para evitar falsas expectativas: “Esa noche prácticamente no dormí. Cuando me confirmaron que era él, nos abrazamos y lloramos juntos. Era el momento que habíamos esperado por muchos años”.
El inicio de la causa
El caso comenzó en 2009. Según consta en el expediente, los abusos ocurrieron entre marzo y octubre de ese año en un domicilio ubicado en la zona céntrica de la ciudad de Puan, en el suroeste de la provincia de Buenos Aires. Desde su posición de autoridad dentro del grupo familiar, Del Valle abusó de la menor en reiteradas oportunidades, con acceso carnal y bajo amenazas de muerte.
La investigación determinó que le apuntaba con un arma en la cabeza y le exigía que, si alguien le preguntaba qué había sucedido, dijera que había sido atacada por un desconocido a la salida del colegio.
Cuando la niña quedó embarazada, el acusado utilizó un supuesto viaje familiar para trasladarla al conurbano bonaerense. En una vivienda de Quilmes, intentó someterla a un aborto clandestino mediante la colocación de una sonda.
El procedimiento no prosperó y el embarazo continuó. La víctima finalmente dio a luz cuando todavía tenía 11 años. Posteriormente, un análisis de ADN confirmó la paternidad de Del Valle con un índice de 99,9%.
La denuncia formal derivó en un pedido de captura dictado en marzo de 2012 por la UFI N°12 de Bahía Blanca, a cargo de la fiscal Leila Scabarda, con intervención del Juzgado de Garantías N°1 que dirige la jueza Claudia Olivera. Para entonces, Del Valle ya se había esfumado.
Durante el tiempo prófugo, se supo que estuvo en La Boca y se estableció en Mar de Ajó. También, que se insertó en comunidades religiosas y comedores sociales para pasar desapercibido. Según la familia de la víctima, se hacía llamar Martín Morales o Jorge Lezcano, y era conocido por el apodo “Jaba” o “Jabalí”.
A lo largo de la investigación, surgieron sospechas de que el acusado contaba con ayuda de su entorno. Un dato que refuerza esa hipótesis es que la vivienda de Florencio Varela donde fue localizado pertenece a un policía federal que es suegro de una hija de Del Valle.
“Estaba convencida de que muy lejos no podía estar”, dijo Yamila, quien se ocupó de difundir la imagen y los datos del imputado a través de la cuenta de Instagram @alerta_busqueda_activa. “Fue muy desgastante, porque todos los días pensaba una nueva publicación, una nueva estrategia. Lo único que nos sostuvo fue la fe”, agregó.
Tras la detención, la abogada reconoció el trabajo del comisario Ernesto Tassi, jefe de la DDI Dolores, y de sus colegas Norberto Filippini y Leonel Báez, con quienes trabajó en la investigación. También destacó el papel de Celeste Peralta, de las Oficinas Técnicas de Identificación de Personas (OTIP) de Bahía Blanca.
Giro judicial
El lunes, Del Valle se negó a declarar ante la fiscal. Tras la audiencia, fue alojado en una comisaría de Coronel Pringles. Mientras esperaba un cupo dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense, este viernes recibió un fallo favorable: el juez de Garantías Guillermo Mércuri declaró extinguida la acción penal en su contra por los delitos de abuso sexual agravado y aborto en grado de tentativa, y dispuso su sobreseimiento.
De esta manera, el magistrado retomó el criterio que había sostenido previamente la jueza Claudia Olivera, aunque esa decisión había sido revertida por la Cámara de Apelaciones.
El fallo aclara que la resolución no implica la libertad inmediata de Del Valle, ya que permanece detenido por otra investigación vinculada al incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. En ese expediente se le imputan cuatro hechos en concurso real, actualmente acumulados a la causa principal.
El proyecto de ley
A raíz del caso de Del Valle, en el Congreso avanza una propuesta bautizada “Ley Segovia”, impulsada por la diputada nacional Luciana Potenza y la senadora Anabel Fernández Sagasti, que busca modificar el artículo 67 del Código Penal.
El proyecto apunta a que, en casos de delitos sexuales y trata de personas cometidos contra menores de 18 años, el plazo de prescripción de la acción penal quede interrumpido mientras el imputado permanezca prófugo, haya sido declarado rebelde o exista una orden judicial vigente de captura o detención.
Según el texto, el tiempo solo vuelve a computarse cuando el acusado se presenta ante la Justicia, es capturado o queda efectivamente sometido a proceso penal.
La iniciativa destaca que la legislación argentina ya protege a las víctimas que se demoran en denunciar, pero no impide que un acusado pueda beneficiarse del paso del tiempo si se escapa. Se busca cerrar esa brecha legal.
“Los delitos de abuso sexual infantil no deberían prescribir. Porque las secuelas no prescriben. El dolor no prescribe. La lucha de las víctimas por reconstruir sus vidas no prescribe. Y la obligación de la sociedad de buscar verdad, justicia y reparación tampoco debería hacerlo. Una ley que protege a la infancia no puede permitir que el tiempo sea el mejor aliado de los abusadores. La verdadera justicia es aquella que permanece disponible hasta que la víctima pueda alzar su voz y el responsable responda por sus actos”, sostuvo Yamila.
Por ahora, el proyecto espera su tratamiento en las comisiones de Legislación Penal y Familias, Niñez y Juventudes.
