Esta semana se realizaron acercamientos significativos entre la Casa Rosada y un grupo de gobernadores que viajaron a París a mostrarse junto al Gabinete Nacional en el Argentina Week. “Parecía un viaje de egresados”, afirmaba jocosamente uno de los altos dirigentes que se sacó una foto con el ministro de Economía, Luis Caputo. Aunque todavía no se hicieron menciones a futuros apoyos legislativos, se desprende que después del viaje se exacerbará un toma y daca entre la Nación y varias provincias. Los primeros, para recibir los votos necesarios en debates clave, y los segundos, para retener el poder en sus distritos.
Si bien el Gobierno está negociando los apoyos para votaciones clave como el Presupuesto 2027 y la Reforma Política (que contiene la suspensión de las PASO), esta semana se presentó el desafío de desactivar la nueva ofensiva de la oposición más dura que busca rechazar el DNU 70/23, el cual contiene la derogación de la Ley de Tierras.
La Cámara de Diputados tiene convocada una sesión especial para el 15 de octubre con el objetivo de derogar ese megadecreto que Javier Milei firmó al inicio de su gestión y que desreguló amplios sectores de la economía. El Senado ya lo había rechazado en marzo de 2024, por lo que un voto negativo en la Cámara baja representaría su caída definitiva. El detonante fue un fallo de la Corte Suprema que restableció los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros, uno de los 366 artículos que componen el texto.
Si la sesión prospera, una serie de regulaciones hoy suspendidas volverían a tener fuerza de ley. La Ley de Alquileres retornaría con plazos mínimos de tres años y ajuste semestral; las empresas de medicina prepaga volverían a necesitar autorización estatal para subir sus cuotas; y la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas recuperarían vigencia. En materia de comercio exterior, el Estado recuperaría la facultad de imponer restricciones a exportaciones e importaciones, y regiría nuevamente la Ley de Compre Nacional. El proceso de privatizaciones de empresas estatales, incluida la cesión accionaria de Aerolíneas Argentinas, también quedaría sin respaldo legal.
El Gobierno descarta que la oposición logre reunir el quórum necesario —129 diputados— y trabaja en alternativas para frenar la sesión. Tres integrantes de la Mesa Política que hablaron con Infobae afirmaron que comenzaron las reuniones para impedir que Unión por la Patria, la izquierda y los terceros bloques que acompañaron la firma del pedido de sesión logren su cometido y consigan el quórum para tratarlo. Son incluso más optimistas sobre la posibilidad de que no se derogue ese DNU. “Las negociaciones ya empezaron desde el mismo miércoles por la mañana”, afirman. Los gobernadores forman parte de ese bloque con el que se negocian las adhesiones.
En el recinto mismo, el bloque de La Libertad Avanza ya cuenta con el apoyo del PRO y de una parte de la UCR. Uno de los legisladores más importantes de ese espacio dio su perspectiva de cómo evolucionará la situación de aquí a dos semanas, que es cuando está convocada la sesión opositora: “No pueden conseguir ese número (para rechazar el DNU). No va a tener buena prensa. Eso no es discapacidad ni morosidad”.
¿Existe la posibilidad de que el Gobierno ceda con algunos proyectos opositores para sumar fuerzas? Por ahora no está dentro de las conversaciones, pero el PRO está particularmente interesado en que se puedan poner en discusión los proyectos de Electromovilidad, la reforma de la Alerta Sofía, el incremento de penas para delitos contra la propiedad rural y una iniciativa para que se permita sembrar cultivos como maíz y soja al costado de las rutas.
Uno de los miembros de la Mesa Política plantea la estrategia de la siguiente manera: “Lo más probable es que vayamos a sacar un proyecto específico para tratarlo separado del DNU completo. Todavía no está completamente definido. No digo que la tengamos fácil, pero vamos a salir para adelante bien”.
La oposición evalúa varios caminos para restablecer los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros. Una es incorporar la restitución de la Ley de Tierras y la anulación del artículo 154 del DNU 70/23 en el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, como propuso Miguel Ángel Pichetto. Cuando el diputado nacional propuso aquella alternativa el miércoles por la tarde, varios diputados nacionales de LLA repitieron en privado que era la mejor alternativa de todas. También se analiza reflotar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para fijar algún límite a las operaciones.
El bloque peronista del Senado impulsó la iniciativa de aprobar una ley que derogue solo ese artículo. Esta última opción preservaría el resto del decreto, pero permitiría al presidente Javier Milei vetarla, mientras que el rechazo total del DNU no podría ser revertido por veto presidencial.
El diputado Esteban Paulón, de Provincias Unidas, sostuvo en Infobae en Vivo que si Diputados rechaza el DNU 70/2023 la Ley de Tierras volvería a regir en 15 días y se restablecerían las restricciones para la compra de campos por parte de extranjeros. Aun así, los números para su aprobación no están claros.
En materia de endeudamiento, los votos permanecen abiertos: el oficialismo tiene dictamen de mayoría, pero la oposición debería rechazarlo primero y luego unificar apoyos entre sus dos propuestas alternativas, una de refinanciación y otra que suma topes a los intereses, por lo que no hay números asegurados. En discapacidad, La Libertad Avanza parte de una posición más sólida: su dictamen, acordado con bloques aliados y gobernadores, reuniría cerca de 127 votos y quedaría a dos votos de la mayoría simple, mientras que una parte de la oposición cuestiona la redacción y sostiene su proyecto para prorrogar por un año la emergencia vigente.
