“La gente manda”. Desde hace un tiempo, “Pity” Álvarez convirtió esas tres palabras en una suerte de eslogan personal. Las llevaba estampadas en sus remeras y hasta bautizó así un proyecto musical con el que pretendía que el público eligiera dónde tocaría en 2028.
Este miércoles, el fiscal Sandro Abraldes recuperó aquella expresión frente a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, pero para contraponerle otra: “La ley manda”. Con esas tres palabras abrió un alegato en el que advirtió que la popularidad del músico no podía influir en la decisión judicial. Tras casi dos horas y media de exposición, interrumpidas por un cuarto intermedio, Abraldes pidió que Álvarez fuera condenado a 18 años y seis meses de prisión por el asesinato de Cristian “El Gringo” Díaz.
El músico no estaba en la sala para escucharlo. Desde la clínica psiquiátrica de Castelar, donde permanece internado involuntariamente desde el 2 de octubre, hizo saber que no quería conectarse a la audiencia por Zoom porque consideraba que estaba bien representado por sus abogados. Sus defensores, Javier Baños, Sebastián Queijeiro y Luciana Comerci, siguieron el alegato de manera virtual. Los representantes de la familia de Díaz, Fernando Burlando y Fabián Améndola, estuvieron presentes en la sala de audiencias.
Abraldes se apoyó en imágenes proyectadas en una pantalla para sustentar su exposición y comenzó con una fotografía de la víctima. “A Cristian Díaz lo mató Pity Álvarez, no falleció, como dijeron algunos testigos”, afirmó. Fue una de las primeras frases contundentes de una exposición en la que buscó demostrar que el homicidio ocurrido el 12 de julio de 2018, en Villa Lugano, no había sido una reacción defensiva, sino una decisión consciente del acusado.
Para sostener esa hipótesis, retrocedió varios años. Recordó una entrevista de 2008 con la revista Rolling Stone, en la que Álvarez había declarado: “Yo ando armado porque los demás andan armados”. También recordó un fragmento de una aparición televisiva junto a Juan Di Natale, durante el cual el músico mostró una réplica de arma y dijo: “Sirve para matar giles”.
Abraldes sostuvo que el cantante conocía los riesgos de circular armado y que había tomado esa decisión mucho antes de encontrarse con Díaz. Para demostrar la ilegalidad de esa conducta, presentó un informe de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) que indicaba que Álvarez no estaba registrado como legítimo usuario y que el arma utilizada tampoco figuraba inscripta.
Las imágenes del crimen y “la pregunta del millón”
Uno de los momentos más impactantes llegó cuando las luces de la sala se apagaron. Sobre la pantalla comenzó a reproducirse un video de cuatro minutos elaborado por la División Criminalística de la Policía de la Ciudad.
La secuencia mostraba la escena del crimen en el barrio Samoré, las torres donde estaban ubicados los testigos, la sangre y el cuerpo de Díaz tendido en el suelo. Antes de la proyección, Abraldes advirtió sobre la crudeza del material. Después pidió expresamente a los periodistas que no difundieran el material.
“Este homicidio es obra de ‘Pity’ Álvarez”, dijo.
Las características de la escena también le sirvieron para cuestionar la versión del músico, quien había asegurado que se sintió acorralado y amenazado por Díaz. Abraldes sostuvo que no existió una agresión ilegítima que justificara los disparos y resumió su interpretación de lo ocurrido: “No es reacción, es acción”.
El fiscal recordó que Díaz había invitado al cantante a resolver sus diferencias a golpes de puño. “Lo invitó a pelear ‘a lo guapo’, a resolver sus diferencias ‘a lo primitivo’, ‘a los bifes’”, señaló. También mencionó que, según el propio Álvarez, ambos habían llegado a tomarse una selfie durante el encuentro. Para Abraldes, aquella provocación no habilitaba una respuesta armada.
“Álvarez jugó a ser Dios”, lanzó entonces. “Se pudrió de Díaz y decidió que no debía vivir más”.
La reconstrucción se concentró especialmente en los disparos que recibió la víctima cuando ya estaba en el suelo. “Álvarez lo quiso matar. Le disparó primero y, ya en el suelo, se reaseguró de que Díaz muera. No con uno, sino con tres disparos”, sostuvo. Después formuló una pregunta, “la pregunta del millón”, que resumió su rechazo a la legítima defensa: “¿Qué movimientos de peligro percibió Álvarez para darle tres tiros más?”.
También exhibió las pertenencias que llevaba Díaz: llaves, una billetera, su DNI, una credencial de la UCR y auriculares. “¿Con qué lo iba a matar? ¿Con los auriculares, con el DNI, con la credencial de la UCR? ¿Con qué lo iba a matar?”, preguntó ante los jueces.
En otro tramo proyectó un video del cantante ingresando al boliche Pinar de Rocha después del crimen. “¿Ven cómo camina?”, señaló, para cuestionar el testimonio de la hermana del acusado sobre sus dificultades para desplazarse.
El miedo, la responsabilidad y el pedido de pena
La Fiscalía también abordó la salud mental del músico y su capacidad para comprender la criminalidad de sus actos. Abraldes citó el testimonio del perito del Cuerpo Médico Forense Toro Martínez, quien había declarado que Álvarez no atravesaba un episodio psicótico al momento del homicidio.
El fiscal se detuvo además en el miedo que el acusado dijo haber sentido frente a Díaz. Recordó que Álvarez utilizó la metáfora de una codorniz y una pitón para explicar su reacción como un instinto de supervivencia. Sin embargo, sostuvo que esa percepción subjetiva no bastaba para justificar los disparos.
“Si a cada uno que tiene miedo en esta sociedad le vamos a perdonar que saque un arma y apunte a la cabeza ajena, bienvenido el Far West”, advirtió.
Abraldes también cuestionó los intentos de desacreditar a la víctima a partir de su comportamiento. “Este juicio no se hizo para juzgar ni la vida de Cristian Díaz ni la trayectoria de Álvarez. El Código Penal no protege a los que hacen el bien, sino a todos”, afirmó. Y remarcó: “La vida es un derecho y no un privilegio”.
Al fundamentar los 18 años y seis meses de prisión que solicitó, consideró agravantes el desprecio por la vida de Díaz y la experiencia del cantante con las armas. Como atenuantes, valoró su arrepentimiento, las disculpas a la familia, su presentación espontánea ante la Policía y la ausencia de nuevos episodios de violencia desde el crimen.
También pidió que se ordene su detención cuando finalice la internación involuntaria y rechazó la posibilidad de un arresto domiciliario con salidas laborales, modalidad que había planteado la querella.
Antes de terminar, el fiscal volvió sobre la idea que había marcado el comienzo de su exposición. “Al comenzar el alegato dijimos que ‘La ley manda’. La ley no reconoce vidas que valen más que otras. Díaz tenía derecho a vivir”, sostuvo.
La defensa tendrá su turno el viernes 13 de noviembre. La decisión quedará en manos de los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, que darán a conocer el veredicto el 20 de noviembre.
