La necesidad de designar un Defensor del Pueblo de la Nación fue el centro de un reclamo conjunto realizado por defensores del pueblo provinciales y municipales en ejercicio, durante un encuentro organizado por la Fundación Éforo en el Centro Creativo El Obrador, en la Ciudad de Buenos Aires. El cargo nacional, vacante desde hace 17 años por falta de acuerdo político en el Congreso, fue señalado como un déficit institucional que afecta la protección de derechos y la calidad del sistema democrático argentino.
La jornada, titulada “Defensores: la democracia completa”, reunió a figuras como María Rosa Muiños (Ciudad de Buenos Aires), Dalmacio Mera (Catamarca), Arístides Lasarte (Santa Fe), Walter Martello (adjunto provincia de Buenos Aires) y Facundo Mancebo (Lanús), quienes expusieron sobre el trabajo de las defensorías y el rol de la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina (ADPRA). El evento tuvo como objetivo destacar el valor del sistema de protección administrativa de derechos y visibilizar la necesidad de fortalecerlo a nivel nacional. Entre los asistentes se encontraron también diputados nacionales, trabajadores de organismos de control y representantes de organizaciones sociales.
Durante el encuentro, los expositores subrayaron el problema crónico de la falta de acuerdos en el Congreso, que impide alcanzar la mayoría de dos tercios de ambas Cámaras necesaria para la designación del Ombudsman nacional. La vicepresidenta de la Fundación Éforo, Carla Pitiot, enfatizó: “En un momento en el que la ciudadanía reclama mayor transparencia y rendición de cuentas, la figura del defensor del pueblo se vuelve cada vez más relevante. Por eso queremos poner en agenda la necesidad de nombrar al Defensor del Pueblo de la Nación y, al mismo tiempo, destacar el trabajo articulado y comprometido de las defensorías provinciales y municipales”.
El Defensor del Pueblo es un órgano independiente, instituido por el Congreso de la Nación, cuya misión es defender, proteger y promover los derechos humanos individuales y colectivos frente a los poderes del Estado o las empresas de servicios públicos. La prolongada vacancia del cargo a nivel nacional fue señalada como una anomalía institucional que impacta en la tutela de derechos fundamentales y en la capacidad de respuesta ante reclamos ciudadanos.
Los defensores presentes coincidieron en que la ausencia de una figura nacional limita la articulación federal y debilita la representación colectiva frente a situaciones de vulneración de derechos, especialmente en un contexto de demandas crecientes por parte de la sociedad en temas como acceso a servicios públicos, políticas sociales, transparencia y control del Estado. Se planteó la necesidad de un acuerdo político amplio que permita superar la parálisis y avanzar en la designación del Ombudsman nacional.
