Osvaldo “el Karateca” Martínez, quien fue acusado del cuádruple crimen de La Loma y posteriormente declarado inocente, apeló el fallo de la Sala IV del Tribunal de Casación Penal bonaerense con el que se absolvió al remisero Marcelo Tagliaferro y a Patricia Godoy, dos testigos que habían sido condenados por falso testimonio.
Godoy había recibido una pena de 4 años y 6 meses de prisión, mientras que Tagliaferro fue sentenciado a 7 años. Sin embargo, a fines del mes pasado, Casación los absolvió con el argumento de que no pudo acreditarse que sus declaraciones fueran deliberadamente falsas y no simples errores de percepción. Por eso, ordenó su liberación.
Ante esta situación, Martínez, a través de sus abogados, Sebastián Chouela y Belén Elizabeth Chapur, resolvió apelar la decisión y ahora será la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires la que tendrá la última palabra.
De acuerdo con el recurso, al que accedió Infobae, los letrados interpusieron recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley contra esa absolución.
El argumento central de la apelación
El centro del planteo del “karateca” Martínez ante la Suprema Corte es que la Sala IV llegó a conclusiones de naturaleza psicológica, como errores de percepción, reconstrucción de recuerdos, procesos cognitivos de memoria, sin que existiera un solo informe pericial de un psicólogo especializado en ninguna de las causas. Los magistrados, argumenta la defensa de Martínez, sustituyeron ese conocimiento científico con su propia apreciación subjetiva.
Lo que sí obra en el expediente son dos informes del perito oficial Daniel Burgos, psicólogo de la Asesoría Pericial de La Plata. El primero, del 27 de noviembre de 2025, concluyó que Godoy “no presenta patología psíquica actuante, manteniendo indemne su capacidad judicativa” y que su “obrar en este plano está ligado a su propia decisión”. El segundo, del 12 de febrero de 2026, fue aún más preciso: descartó que su “percepción del mundo real se distorsione, o que viva en una fantasía patológica o construya un submundo virtual que no distinga del real”.
Respecto de Tagliaferro, el mismo perito elaboró un informe en octubre de 2017 que concluyó que presenta “una personalidad con caracteres psicopáticos” y que, en declaración oral ratificada ante el tribunal, explicó que el imputado “acomoda la realidad, para su propio bienestar, la manipula, en todos los órdenes de la vida”.
Ninguno de los tres informes fue impugnado por las defensas. Ninguno fue citado en el fallo de la Sala IV.
En el fallo de Casación, los magistrados María Florencia Budiño y Fernando Luis María Mancini cuestionaron los razonamientos utilizados por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de La Plata para considerar falsos los testimonios. Advirtieron que las contradicciones señaladas en la sentencia original no alcanzaban para acreditar la comisión del delito y que tampoco se había demostrado la intención de perjudicar a Martínez.
Fallos previos que ya habían desacreditado a los testigos
El recurso resalta una tensión procesal que califica como de gravedad institucional. En julio de 2014, el Tribunal Criminal N° 3 del Departamento Judicial de La Plata —con los jueces Eduardo Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali— dictó sentencia en la causa principal. Allí absolvió a Martínez, condenó a Javier Quiroga y descartó expresamente los testimonios de Godoy y Tagliaferro como no creíbles.
Ese fallo fue confirmado en febrero de 2016 por la misma Sala IV del Tribunal de Casación Penal, integrada entonces por los jueces Mario Eduardo Kohan y Carlos Ángel Natiello.
En esa oportunidad, los jueces describieron los dichos de Tagliaferro como llenos de “infinitas contradicciones” y motivados por un interés económico en cobrar una recompensa que el Ministerio de Justicia provincial había ofrecido por información sobre el crimen.
La Suprema Corte bonaerense desestimó los recursos extraordinarios posteriores. Ahora, en 2026, la misma Sala IV —con distinta composición—llega a la conclusión opuesta: que esos mismos testigos podrían no haber mentido.
Contradicciones que la víctima señala como absurdas
El recurso de apelación documenta una serie de contradicciones que el fallo de la sala habría ignorado. Godoy declaró en la investigación preparatoria que esa noche volvía a pie desde la casa de su cuñado, Jorge Espinoza. Ese hombre, interrogado luego en la misma causa, negó que ella frecuentara su domicilio de noche. Declaró que solo lo hacía en los cumpleaños de sus hijos, fechados en agosto y septiembre, no en noviembre.
La versión de Godoy sobre el automóvil tampoco se sostiene frente al resto de la prueba. Dijo que Martínez llegó en un auto grande y oscuro, conducido por otra persona. El vehículo de Martínez era un Fiat Uno blanco. Los vecinos del barrio declararon que ese auto se estacionaba siempre sobre la vereda, en forma perpendicular al cordón, no paralelo como describió Godoy.
Respecto de Tagliaferro, el fallo reconoció que fue un testigo interesado en cobrar la recompensa —de $350.000 en ese momento— y que sus declaraciones fueron cambiando con el tiempo. La pericia de huellas determinó que la marca que él atribuyó a Martínez en la parte trasera de su propio auto correspondía a él mismo. Sin embargo, la sala utilizó la explicación del imputado sobre el proceso de reconocimiento como una hipótesis atendible y no corroborada.
El recurso de nulidad apunta también a un vicio procesal concreto. La decisión de la sala fue adoptada con el voto fundado de Budiño y la simple adhesión de Mancini, sin que este último desarrollara argumentación propia.
La defensa de Martínez sostiene que esa adhesión sin fundamento viola el artículo 168 de la Constitución provincial, que exige que los jueces integrantes de tribunales colegiados emitan voto en todas las cuestiones esenciales. Para la parte, en un caso de esta complejidad —con voluminosa causa principal incorporada al debate, múltiples pericias y declaraciones, y más de una década de proceso—, la exigencia de un voto individual fundado no era una formalidad sino una garantía.
Si la Suprema Corte provincial no resuelve de forma favorable, Martínez tiene reservada la vía del recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, e incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
