Cuatro perros que vivían encerrados en una casa de la calle Rivadavia, en la ciudad de Rawson, Chubut, fueron hallados en un cuadro de desnutrición crónica durante un allanamiento policial. Dos de ellos murieron meses después, ya bajo custodia judicial, y ahora investigan al hombre que los tenía a su cargo por presunto maltrato y crueldad animal. El caso, que quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales (UFE AyDA), también involucra posibles infracciones a las normas sanitarias vigentes.
El operativo se llevó a cabo el pasado 23 de julio de 2025, cerca de las 12:20, cuando efectivos de la Comisaría de Rawson y personal de la Dirección de Veterinaria y Saneamiento Municipal ingresaron a la vivienda con una orden judicial. Allí encontraron a los cuatro animales —identificados como Nieve, Negra, Lupi y Lani— rodeados de residuos y desplazándose sobre sus propias heces y orina, según el informe de la Fiscalía.
Los análisis veterinarios y bioquímicos que se practicaron tras el rescate confirmaron un deterioro nutricional prolongado, una probable insuficiencia hepática y un cuadro compatible con enfermedades parasitarias transmitidas por vectores. En el caso particular de Lupi, los estudios detectaron alteraciones asociadas al parásito Hepatozoon canis, cuya transmisión está vinculada con las garrapatas.
De acuerdo con el informe veterinario, la infección también podría haber alcanzado a los otros tres perros, dado que todos convivían en el mismo espacio. Además, ninguno de los animales contaba con las vacunas obligatorias.
Pese a haber sido retirados del domicilio y puestos al cuidado de depositarias judiciales, dos de los cuatro perros no lograron recuperarse. Lani murió el 21 de diciembre de 2025 y Negra falleció el 20 de febrero de 2026.
Según la postura de la fiscal general jefe María Florencia Gómez, ambas muertes estuvieron directamente relacionadas con los cuadros de desnutrición que arrastraban desde la vivienda. Para la titular de la UFE AyDA, la falta de alimentación adecuada y de atención veterinaria habría sido determinante en el deterioro irreversible de la salud de los canes.
La jueza Eve Ponce fue quien habilitó la apertura de la investigación preparatoria, que tendrá un plazo de seis meses, a partir del pedido que presentó la unidad fiscal. Esa solicitud fue impulsada por la fiscal Gómez luego de que la magistrada requiriera precisiones sobre la calificación legal de los hechos.
En cuanto al encuadre penal, la Fiscalía aplicó de forma provisoria dos figuras en concurso ideal —es decir, una misma conducta que puede encuadrar en más de un delito—. Por un lado, se investiga una posible infracción a la Ley Nacional 14.346, que sanciona los actos de maltrato y crueldad contra los animales. Por otro, se incluyó el artículo 206 del Código Penal, vinculado con la violación de normas sanitarias destinadas a la protección animal.
En ese segundo punto, la acusación hizo referencia a la Ley 22.953, que establece la vacunación antirrábica obligatoria para perros y gatos. La Fiscalía sostiene que esa obligación también busca proteger la salud pública frente a enfermedades que pueden transmitirse de animales a personas, y que el imputado conocía esas exigencias desde que asumió el cuidado de los cuatro perros.
Otro elemento que sumó la UFE AyDA a la causa fue la Resolución 26/2026 del Tribunal de Faltas, que señaló que los hechos excederían el ámbito de las infracciones contempladas en la legislación provincial y que correspondía considerar la aplicación de las normas penales nacionales.
La unidad fiscal que lleva adelante la investigación fue creada en diciembre de 2024 e interviene en estos casos bajo el criterio de reconocer a los animales como víctimas y sujetos de derecho dentro del proceso penal. Con la apertura formal de la pesquisa, la Fiscalía buscará determinar las responsabilidades penales del imputado durante el plazo de seis meses que fijó la jueza Ponce.
