miércoles, noviembre 11, 2026
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Nicolás Promanzio analizó la disputa con el Reino Unido por Malvinas y la nueva escalada diplomática con Irán

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Una comitiva de funcionarios y abogados argentinos viajó a Hamburgo para solicitar ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una medida cautelar que frene el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por el Reino Unido en las Islas Malvinas. El Gobierno busca suspender las actividades vinculadas con la explotación del yacimiento mientras se resuelve la controversia entre ambos países.

La presentación se desarrolla en paralelo a un arbitraje internacional que deberá analizar el reclamo de fondo. En diálogo con Infobae a la Tarde, Nicolás Promanzio, licenciado en Relaciones Internacionales y especialista en defensa, explicó los alcances de la estrategia argentina, los argumentos británicos y las consecuencias que podría tener una resolución favorable a Buenos Aires. También analizó la decisión de Irán de declarar organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas, en respuesta a una medida del gobierno de Javier Milei.

“Estamos hablando de dos juicios distintos o dos fases distintas del mismo tema que están corriendo en paralelo”, explicó Promanzio sobre los procedimientos iniciados por la Argentina.

El primero es un arbitraje que deberá resolver la controversia de fondo. Según detalló, estará integrado por cinco miembros: uno designado por cada país y otros tres que deberán acordar las partes. Si no alcanzan un entendimiento, la designación podrá quedar en manos del Tribunal del Mar.

Como ese procedimiento todavía debe completar su conformación, la Argentina solicitó una medida provisoria para impedir que el proyecto petrolero avance mientras se desarrolla el proceso principal.

Argentina solicitó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una medida cautelar contra el proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas

El reclamo argentino para frenar Sea Lion

La urgencia de la presentación está relacionada con el cronograma del proyecto. Promanzio señaló que Sea Lion contempla la instalación de 23 pozos de producción, una infraestructura que comenzaría a desplegarse antes de la extracción comercial de petróleo, prevista para 2028.

“Argentina lo que tiene que impedir es que se triplique el PBI per cápita de los isleños al empezar a explotar el petróleo de Malvinas”, afirmó el especialista.

El reclamo se apoya en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). La interpretación argentina es que, mientras se resuelve una controversia, ninguna de las partes puede adoptar medidas unilaterales que modifiquen la situación existente, como la explotación de recursos naturales no renovables.

“Modificar unilateralmente, ¿qué es? Una explotación que saca recursos no renovables”, sostuvo Promanzio.

El especialista aclaró que la presentación no busca que el Tribunal del Mar resuelva la cuestión de soberanía sobre las islas, sino que intervenga sobre las actividades hidrocarburíferas. “Argentina no está llevando de fondo la cuestión de Malvinas al tribunal”, precisó.

Durante la audiencia en Hamburgo, el Reino Unido cuestionó la competencia del organismo y sostuvo que la Argentina intenta introducir una disputa de soberanía en una instancia que no tendría jurisdicción para resolverla.

Londres también argumentó que no existe una urgencia que justifique la cautelar, dado que la producción comercial comenzaría recién en 2028. La respuesta argentina apunta a que la instalación de la infraestructura empezará antes y podría generar consecuencias difíciles de revertir.

Un tribunal arbitral de cinco integrantes resolverá la controversia territorial y marítima de fondo entre la Argentina y el Reino Unido (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Ellos te dicen: no hay urgencia si esto es recién a partir de 2028. Lo mismo que vas a usar a partir de 2028 ya lo ponés el año que viene”, resumió Promanzio.

El Reino Unido también recordó que realiza actividades de exploración en la zona desde 1996. Frente a ese argumento, el especialista diferenció los trabajos exploratorios anteriores de la nueva etapa de desarrollo del yacimiento. “Lo que nosotros decimos es que eran pozos exploratorios y no pozos en desarrollo”, explicó.

Qué consecuencias podría tener un fallo favorable a la Argentina

La decisión sobre las medidas cautelares podría conocerse hacia fines de noviembre o principios de diciembre, según las estimaciones mencionadas por Promanzio.

Una resolución favorable sería vinculante para ambos países, que son parte de la Convemar. Sin embargo, el especialista advirtió que no existe un mecanismo internacional que garantice por la fuerza el cumplimiento de las decisiones judiciales. “No existe la policía del mundo”, señaló.

Una eventual desobediencia británica podría generar consecuencias diplomáticas, jurídicas y comerciales. Promanzio consideró que el incumplimiento tendría un costo importante en términos de credibilidad y confianza internacional.

“Sería un costo muy alto para asumir, sobre todo en tema de confianza, de prestigio”, evaluó.

También advirtió sobre el impacto que una cautelar podría tener en las empresas involucradas. Las operaciones offshore requieren inversiones, seguros y proveedores internacionales, por lo que una decisión adversa podría comprometer el desarrollo del proyecto.

“Sería un nivel de desconfianza tan alto que haría inviable el proyecto en el corto plazo”, sostuvo.

Promanzio evaluó la amenaza de Irán tras su represalia contra la Argentina

Irán declaró organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas, en respuesta a la decisión del gobierno de Javier Milei de incluir a la Guardia Revolucionaria Islámica y a las fuerzas Quds en esa misma categoría. Para Nicolás Promanzio, la medida constituye principalmente una represalia formal y no modifica el nivel de riesgo que enfrenta el país.

“Esto no aumenta el riesgo de un ataque de Irán ni a la Fuerza Aérea ni a la Armada. Ese mismo riesgo sigue siendo el mismo que había antes”, explicó. De todos modos, aclaró que la amenaza no es inexistente y descartó que la declaración haya activado nuevos mecanismos institucionales dentro del régimen iraní para planificar operaciones contra instalaciones militares argentinas.

El antecedente se remonta a marzo, cuando la administración de Milei incorporó a la Guardia Revolucionaria Islámica al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La medida habilitó restricciones financieras y operativas contra la organización y sus integrantes.

El Gobierno argentino fundamentó la decisión en los antecedentes de la fuerza iraní y en las investigaciones judiciales por los atentados contra la Embajada de Israel, en 1992, y la AMIA, en 1994. La Justicia argentina atribuyó responsabilidad a Irán y a Hezbollah por los ataques.

Teherán justificó su respuesta en el principio de reciprocidad y calificó la decisión de Buenos Aires como un “acto hostil”. Promanzio consideró que la reacción también debe analizarse a partir de la situación que atraviesa Irán, después de los ataques recibidos durante el año y de la apertura de conflictos con varios países de la región.

El gobierno de Irán catalogó a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas como organizaciones terroristas bajo el principio de reciprocidad (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

“Estamos atrás en la lista de espera”, graficó al referirse a las prioridades actuales del régimen. Por eso, interpretó que la declaración contra las fuerzas argentinas responde más a una cuestión de reciprocidad que a una decisión de modificar su estrategia militar frente a Buenos Aires.

Sin embargo, el especialista advirtió que no se debe subestimar la naturaleza del régimen iraní. Explicó que se trata de una teocracia islámica, con una estructura de poder y una lógica de toma de decisiones diferentes a las de los Estados modernos occidentales.

También recordó que Irán conserva capacidades militares importantes, particularmente en materia de misiles balísticos. Según su análisis, aunque los ataques sufridos durante el año redujeron parte de su capacidad operativa, el país todavía dispone de un arsenal considerable.

La distinción que planteó Promanzio es que la declaración contra la Armada y la Fuerza Aérea no representa, por sí misma, un nuevo escenario de amenaza para la Argentina, aunque tampoco elimina los riesgos derivados de la capacidad de acción del régimen iraní.

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