La discusión por la Ley de Tierras y el régimen de protección de los barrios populares volvió a poner en evidencia las diferencias entre el Gobierno nacional, las provincias y distintos sectores del Congreso. Para Flavia Royón, senadora nacional por Salta y ex secretaria de Energía, el problema no está solamente en el contenido de las iniciativas impulsadas por el oficialismo, sino también en la forma en que fueron llevadas al debate parlamentario. En una entrevista con Infobae al Regreso, cuestionó el tratamiento de los proyectos, defendió el rol de las provincias y planteó que el Congreso debería avanzar “proyecto por proyecto”, sin convertir cada discusión en una disputa entre oficialismo y oposición.
Royón señaló que uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con la falta de una instancia de discusión suficientemente amplia antes de que las iniciativas llegaran al recinto. “La manera de trabajar los proyectos es en comisión, con un debate abierto tanto a todos los senadores como también hacia la sociedad. Y claramente no hubo una instancia informativa o de debate como debería haber sido”, sostuvo. Según explicó, esa falta de intercambio fue determinante para que algunos de los capítulos más controvertidos del proyecto perdieran respaldo entre los legisladores y los gobernadores.
Barrios populares y tierras: el reclamo de un debate más amplio
Uno de ellos fue el referido a los barrios populares. La senadora explicó que el proyecto estaba compuesto originalmente por seis capítulos y que el primero que se retiró fue precisamente el vinculado con esos barrios, debido a la resistencia que generaba entre distintos sectores. “Era muy difícil acompañar el capítulo de barrios populares, así que la posición fue: retírenlo. No es momento para discutir esto”, afirmó. Para Royón, la modificación planteada podía dejar expuestas a miles de familias que todavía no tienen regularizada la propiedad de las viviendas que ocupan.
La senadora estimó que en Argentina hay alrededor de 1,2 millones de familias que viven en barrios populares y precisó que unas 41.000 se encuentran en Salta. En ese contexto, advirtió que eliminar las herramientas de protección sin avanzar previamente con la regularización dominial podía generar una situación de extrema vulnerabilidad. “Dejar caer barrios populares y la protección que tenían colocaba a tiro de desalojo a los barrios populares de la Argentina”, sostuvo, y planteó que la discusión debería comenzar por garantizar la titularidad de los terrenos y avanzar con los procesos de regularización.
El tratamiento parlamentario terminó por profundizar las diferencias. Royón explicó que había acompañado la posibilidad de devolver el proyecto a comisión porque consideraba necesario revisar su contenido, pero que esa alternativa no prosperó en el recinto. “Yo había pedido volver a comisión y acompañé ese voto. Perdimos en la votación y después yo había sido clara en que no iba a acompañar la ley”, explicó.
La misma preocupación trasladó al capítulo referido a las tierras rurales. Royón cuestionó la propuesta de eliminar las restricciones que establece el régimen vigente y sostuvo que cualquier modificación debería contemplar la participación de los gobiernos provinciales. “Hoy Argentina tiene una ley de tierras que te fija un tope a nivel nacional, un tope a nivel provincial y un tope a nivel de departamento, todos del 15 %, más un límite de mil hectáreas en zona núcleo y un 30 % por nacionalidad. El proyecto planteaba retirar todos los límites”, explicó.
La senadora no planteó una oposición a la llegada de capitales extranjeros, sino una discusión sobre las condiciones y el destino de esas inversiones. Puso como ejemplo la situación de Salta, donde existen actividades productivas que, según señaló, podrían beneficiarse de nuevas inversiones, entre ellas el sector vitivinícola, el turismo, la producción de caña de azúcar, el bioetanol y las bioenergías. “No es lo mismo que venga un inversor a tener un fin especulativo a que tenga un proyecto realmente de desarrollo y de producción, porque lo que buscamos también es inversión extranjera para el desarrollo”, afirmó.
Desde esa perspectiva, Royón defendió que las provincias tengan capacidad de intervención en el proceso. “La provincia también tiene que tener una opinión porque es la que está más cerca del territorio y del inversor”, sostuvo. Su planteo apunta a diferenciar la inversión productiva de las operaciones con fines exclusivamente especulativos y a que el Estado provincial pueda evaluar el impacto que una adquisición de tierras tendrá sobre las economías regionales. Al mismo tiempo, cuestionó que el oficialismo no hubiera explicado con suficiente claridad los objetivos de la reforma: “Nadie del oficialismo salió en su momento a aclarar y a entender qué es lo que se buscaba”.
La tensión entre Nación y provincias y el rol del Senado
Las diferencias por estos proyectos también alimentaron las especulaciones sobre un posible quiebre entre el Gobierno nacional y los gobernadores, algo que Royón buscó relativizar. “Tanto el gobernador como yo, esto no es una ruptura política. Este proyecto en particular tenía vicios y errores desde el principio”, afirmó. La senadora sostuvo que la relación entre Nación y provincias no debería quedar condicionada por el resultado de una iniciativa puntual y planteó que es posible acompañar determinadas medidas del Gobierno y rechazar otras según su contenido.
Esa lógica, según Royón, debería trasladarse al funcionamiento del Congreso. La senadora cuestionó que parte de la oposición adopte una postura de rechazo automático frente a las iniciativas oficiales y pidió discutir cada propuesta según sus características. “En el Senado y en el Congreso, el peronismo y kirchnerismo es todo no porque lo manda Milei. Todo votan en contra. Y para mí hay que ir tema por tema, porque si no, no salimos nunca”, sostuvo.
En ese escenario, consideró que la actual composición del Senado puede favorecer la negociación porque ningún sector concentra por sí solo la capacidad de imponer todos sus proyectos. Royón describió la Cámara alta como un espacio dividido en tercios entre La Libertad Avanza, el peronismo y los bloques que integran el espacio de los llamados aliados, entre ellos el PRO, sectores radicales y representantes provinciales. Para la senadora, esa configuración obliga a buscar acuerdos y abre la posibilidad de modificar las iniciativas durante su tratamiento parlamentario.
La discusión sobre el papel del Estado también apareció cuando fue consultada por la decisión de Salta de cobrar la atención médica a extranjeros no residentes. Royón respaldó la medida y argumentó que el sistema sanitario provincial soportaba una demanda significativa de personas provenientes de otros países. “El hospital recibe más extranjeros que nacionales. El consumo de medicamentos se iba más en extranjeros que en nacionales. A mí me parece una medida acertada”, afirmó.
Subsidios al gas: “No concibo que una persona humilde subsidie el gas de una pileta climatizada”
Con su experiencia al frente de la Secretaría de Energía, Royón también planteó reparos al esquema de subsidios al gas y reclamó una mayor focalización de los recursos. Al referirse al régimen de Zonas Frías, explicó que existe un fondo que se financia mediante un componente de la factura que pagan los usuarios y que permite sostener tarifas diferenciadas para determinados hogares y regiones. El problema, según su planteo, no es la existencia de la asistencia estatal, sino que el beneficio alcance a personas que no necesariamente necesitan ese respaldo.
“El subsidio tiene que ir a aquel que realmente lo necesita. Yo no concibo que tengamos una persona humilde en Buenos Aires, en Córdoba, subsidiando el gas a la pileta climatizada de la costa argentina. Eso hay que corregirlo”, afirmó. Royón consideró que el esquema debería concentrarse en los hogares de menores ingresos y cuestionó que recursos aportados por todos los usuarios terminen financiando consumos que, a su criterio, no requieren asistencia estatal.
La ex secretaria de Energía también puso el foco en el diseño de la reforma que se analiza sobre el fondo de Zonas Frías. Según explicó, la propuesta contempla reducir la cantidad de beneficiarios y modificar la estructura de aportes, por lo que reclamó mayor claridad sobre cómo quedaría conformado el sistema. “Si bajo los beneficiarios debería bajar lo que pagamos todos a ese fondo”, señaló.
A la vez, pidió incorporar a la discusión a los hogares que no cuentan con conexión a la red de gas natural y dependen de garrafas, un sector que, según advirtió, quedó particularmente expuesto después de la desregulación. “La gente humilde no está conectada a la red de gas, sino a las garrafas. Las garrafas, después de la desregulación, subieron de precio y el subsidio sigue cubriendo un valor ínfimo”, sostuvo.
El planteo de Royón atraviesa los distintos temas que abordó durante la entrevista: discutir cada reforma por su contenido, incorporar la mirada de las provincias y evitar que las decisiones queden atrapadas en una lógica de alineamientos políticos. En un Congreso donde el oficialismo necesita negociar para avanzar con sus proyectos, la senadora salteña considera que esa dinámica puede convertirse en una instancia para revisar las iniciativas y alcanzar acuerdos antes de convertirlas en ley.
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