El presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, doctor Fernando Juri, participa de las gestiones conjuntas con el Ejecutivo municipal para analizar la situación de 254 edificios que no cuentan con el certificado de final de obra. El objetivo es avanzar en alternativas de regularización que contemplen la realidad de los vecinos, sin poner en riesgo su seguridad.
La situación de los edificios que no cuentan con el certificado de final de obra ocupa un lugar central en la agenda institucional de San Miguel de Tucumán. En ese marco, el presidente del Concejo Deliberante, doctor Fernando Juri, participa de las gestiones destinadas a encontrar soluciones para las familias que viven en estas condiciones.
Según los datos expuestos durante una reunión de trabajo entre representantes del Ejecutivo municipal y concejales, de aproximadamente 1.450 edificios relevados, 254 no cuentan con el certificado de final de obra.
Juri señaló que se analizará cada situación para determinar qué irregularidades pueden subsanarse mediante herramientas normativas y cuáles requieren intervenciones más complejas por cuestiones vinculadas con la seguridad. En ese sentido, sostuvo que una eventual regularización debe contemplar las condiciones de habitabilidad y, al mismo tiempo, garantizar la integridad física de los residentes.
El planteo también pone el foco en las familias que, pese a haber adquirido sus viviendas de buena fe, enfrentan dificultades para acceder a la escritura o resolver cuestiones vinculadas con los servicios básicos. En algunos casos, los vecinos deben recurrir al uso de garrafas o compartir gastos de electricidad.
La propuesta es avanzar en un relevamiento más detallado que permita distinguir las faltas administrativas de aquellas que demandan estudios técnicos específicos. A partir de ese diagnóstico, se evaluará la posibilidad de impulsar herramientas normativas que faciliten la regularización de los casos en los que sea viable.
Durante el encuentro también se planteó que el desalojo debe considerarse como última instancia cuando exista un riesgo para la vida de las personas. La prioridad, según lo expuesto, es analizar las alternativas posibles sin minimizar las responsabilidades de las empresas constructoras ni las exigencias de seguridad.
El trabajo articulado entre el Concejo Deliberante y el Ejecutivo municipal busca avanzar hacia respuestas concretas para los vecinos, con especial atención a las familias que permanecen en una situación de incertidumbre habitacional.
