El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, con la supervisión de la secretaria Vanesa Curcio y junto a la fiscal federal Cecilia Incardona, ordenó este jueves 14 allanamientos simultáneos en el marco de la causa Sur Finanzas, la financiera ligada a la AFA, luego de que la Justicia comprobara la existencia de un plan sistemático para borrar pruebas y obstaculizar la investigación por presunto lavado de activos.
Hasta el momento hay cuatro personas detenidas y otras tres serán notificadas para presentarse a declaración indagatoria. Los procedimientos se desarrollan en los distritos de Lomas de Zamora, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Pinamar, e incluyen galpones, oficinas y domicilios particulares. Entre las empresas alcanzadas por las medidas judiciales figuran RDA y Sur Corralón. Además de las detenciones, el objetivo central es el secuestro de documentación contable y material sensible para reconstruir la operatoria financiera bajo sospecha.
La Justicia logró acreditar la existencia de una estructura interna organizada y jerárquica dentro de Sur Finanzas, dedicada específicamente a borrar pruebas y ocultar documentación sensible. El expediente, que tramita bajo la órbita de Armella e Incardona, avanza sobre el funcionamiento interno de la compañía y el rol de sus principales responsables, encabezados por Ariel Vallejo, empresario con vínculos cercanos al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por Infobae, chats internos de la financiera revelaron que en los primeros días de diciembre pasado se activó un protocolo de emergencia orientado a la eliminación de evidencia. El esquema incluyó el borrado de registros de cámaras de seguridad, el retiro de dinero en efectivo, el formateo de computadoras, la desconexión de sistemas internos y el ocultamiento de dispositivos electrónicos.
La estructura de encubrimiento habría involucrado a distintas áreas de la empresa. La investigación pone el foco en el rol de Susana Hoffmann, jefa de Recursos Humanos, quien envió un mensaje a “Juan Soler” con una instrucción concreta: “ingrese a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas”. La orden tenía un objetivo preciso: inutilizar los sistemas informáticos para impedir el rastreo de las operaciones financieras que hoy están bajo la lupa judicial.
Los dispositivos electrónicos de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, ya fueron desbloqueados y se encuentran bajo análisis de la Policía Federal. Ese peritaje forma parte de un trabajo más amplio ordenado por el juez Armella, que involucra a distintas áreas especializadas del sistema judicial: la Policía Federal, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la fiscal federal Cecilia Incardona.
A partir de allanamientos previos realizados en la sede de la AFA, en clubes como Banfield y Argentinos Juniors, y en la propia financiera, los investigadores detectaron transferencias sospechosas por más de $800 mil millones desde 2020. Según la hipótesis judicial, esas operaciones habrían involucrado a monotributistas sin capacidad económica y a empresas fantasma, utilizadas para canalizar fondos de origen presuntamente ilícito.
Hasta esta mañana, los investigadores continuaban analizando el contenido de los teléfonos celulares para determinar si contienen pruebas que confirmen las sospechas sobre el circuito de lavado y la eventual responsabilidad de los principales involucrados. Los allanamientos de hoy siguen en pleno desarrollo y, según indicaron funcionarios judiciales, durante las diligencias se está secuestrando abundante documentación. La causa se inició en noviembre, cuando la Dirección General Impositiva (DGI) presentó una denuncia ante la fiscal Cecilia Incardona por maniobras que habrían permitido evadir $3.327 millones en impuestos. La presentación también advirtió sobre el uso de billeteras virtuales y criptomonedas para blanquear fondos.
En ese contexto, la investigación sostiene que Sur Finanzas habría otorgado préstamos inflados a clubes con serios problemas económicos, como San Lorenzo, con el presunto objetivo de lavar dinero. La pesquisa también alcanza a empresas constructoras vinculadas al fútbol, entre ellas Construcciones TAR, que habrían participado en las operaciones sospechosas que hoy son materia de análisis judicial. Con cuatro detenidos, tres indagatorias en puerta y una estructura interna señalada por la Justicia como pieza clave en el intento de borrar rastros, la causa Sur Finanzas avanza sobre un entramado que conecta finanzas, fútbol y presuntas maniobras millonarias bajo investigación.
