El vendaval de votos en favor de Javier Milei ya tuvo su primer efecto concreto en un punto clave: el Gobierno apunta a presentar ante el Congreso un proyecto de reforma laboral consensuado en el Consejo de Mayo para ser tratado durante el período de sesiones extraordinarias, pero, de todas formas, les pidió en las últimas horas a los diputados propios y a los aliados que elaboren iniciativas sobre el mismo tema para buscar aportes distintos que enriquezcan su contenido.
La idea del oficialismo es que los distintos proyectos que modifiquen la legislación del trabajo sean discutidos primero en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, en el marco del análisis legislativo del Presupuesto 2026 presentado por el Poder Ejecutivo.
En ese ámbito, justamente, expuso la semana pasada el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y dio algunos lineamientos de los cambios laborales que impulsa la administración de Milei. Por eso la idea es que en aquella comisión se discutan iniciativas sobre el tema, aunque, de todas formas, luego deberán ser tratadas en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara Baja.
Los funcionarios libertarios no quieren que se repita lo que pasó con la Ley Bases, cuya sanción se trabó en las sesiones extraordinarias en diciembre de 2023 y enero de 2024 y recién pudo sancionarse, con 42 artículos menos de su capítulo laboral, el 28 de junio de ese año.
A la luz de la nueva composición del Congreso, que tendrá más bancas de La Libertad Avanza, el Gobierno se propone acelerar la aprobación de las reformas pendientes que más le interesan y que también le pidió el FMI, como la laboral, la tributaria y la previsional.
En materia laboral, si bien a funcionarios clave como Federico Sturzenegger les gustaría reflotar algunas propuestas del DNU 70 que quedaron frenadas por la Justicia, otros de perfil más moderado creen que hay que acordar una “modernización laboral” con la CGT para evitar que fracase la sanción de un proyecto duro.
Entre las medidas del polémico Decreto de Necesidad y Urgencia, dictado por Milei apenas asumió, hay algunas muy resistidas por el gremialismo como la limitación de las cuotas solidarias (principal sostén del financiamiento del aparato sindical), el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo (para obligar a que sean rediscutidos con mayor frecuencia) y la descentralización de la negociación colectiva.
Lo mismo sucede con la reglamentación del derecho de huelga en el transporte, educación y salud, que figuraba en el DNU 70 y el Gobierno incluyó luego en el decreto 340, del 21 de mayo pasado, cuya aplicación también fue suspendida por la Justicia tras un amparo de la CGT.
Se supone que algunos de estos puntos podrían formar parte de nuevos proyectos de ley para ser debatidos en comisión, al igual que una iniciativa que presentó en 2024 la diputada de La Libertad Avanza Romina Diez, en coautoría con otros 14 colegas del mismo bloque.
El llamado proyecto de Promoción de Inversiones y Empleo tiene como objetivo facilitar el crecimiento de las pymes, para lo cual contempla un capítulo laboral con cambios en la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, en donde se rescatan varios artículos del DNU 70.
Allí figuran, por ejemplo, la modificación del principio de irrenunciabilidad, la limitación del empleado para rechazar los cambios propuestos por las empresas en la forma y modalidades en las que se desarrolla el trabajo, la desregulación de la jornada laboral, el fraccionamiento de las vacaciones, el endurecimiento del régimen de licencias por enfermedad y la nueva habilitación a los ticket canasta como parte del salario, entre otros.
Ese proyecto ya fue rechazado por la CGT, pero el oficialismo quiere sumarlo como uno de los proyectos para sumar al debate de la nueva reforma laboral.
Lo mismo sucede con un proyecto de la diputada Verónica Razzini (bloque Futuro y Libertad, que encuadra el bloqueo sindical contra las empresas como un delito penal, algo que quedó afuera de la Ley Bases, a pedido de la CGT, para facilitar su aprobación.
Cordero también buscará hacer su propio aporte a la reforma laboral que se discute en el Consejo de Mayo: la semana pasada insistió en su propuesta de los “salarios dinámicos”, que, explican en el entorno del funcionario libertario, es “un diseño de negociación paritaria para incrementar el salario mediante un adicional por encima de los sueldos básicos, de manera variable, por mérito y situación de la empresa”.
En realidad, el secretario de Trabajo quiere proponerlo a empresarios y sindicalistas para que lo sumen de manera voluntaria en las paritarias, aunque admite que sería ideal si pudiera ser contemplado en una ley. Para eso, prevé llevar la idea al Consejo de Mayo -presidido por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos- para que todos los sectores, incluida la CGT, pueda analizarla.
Tras las elecciones, Milei explicó que la nueva reforma laboral no implica “ir contra los derechos de nadie”, sino modernizar “un régimen contractual vigente que tiene más de 70 años y no está diseñado para este mundo”. “Si la mitad de los trabajadores están en el sector informal, eso quiere decir que no funciona”, dijo.
Al referirse a la oposición de los gremios, consideró que “es como la pirotecnia electoral: hay mucho ruido, pero la mayoría de los sindicatos saben que esto no funciona; ellos mismos entienden que, si lo piensan como negocio, están liquidados”. Y agregó: “confío en que va a haber mejoras, porque no me estoy metiendo con el pasado, estoy planteando hacia adelante”.
Para que no queden dudas, Milei hizo hincapié en que procura una reforma laboral “de consenso”. Aun así, el dialoguista Gerardo Martínez (UOCRA), el representante de la CGT en el Consejo de Mayo, ya salió al cruce de la insistencia del Gobierno en hablar de cambios laborales no consensuados con el sindicalismo y rechazó en duros términos una reforma “inspirada en el decreto 70″.
¿Qué dirá ahora la CGT sobre el flamante pedido del Gobierno a sus diputados afines para que presenten proyectos en el Congreso que “enriquezcan” la reforma laboral? ¿Cómo se compatibiliza esa solicitud con la silenciosa tarea del Consejo de Mayo para acordar cambios en la legislación del trabajo?
Algunos de esos interrogantes podrán ser respondidos en la reunión ampliada de la mesa chica cegetista que se hará este jueves, a las 15.30, en la UOCRA: se analizará el nuevo escenario político tras las elecciones, pero la reforma laboral será uno de los temas en debate.
La CGT teme que la Casa Rosada avance con los cambios laborales aun sin su consentimiento. Pero luego del resonante triunfo libertario en las urnas, y a partir de la luz verde a los diputados para meterse en el tema, la preocupación de los sindicalistas cobrará más fuerza.
