La causa conocida como “Los cuadernos de las coimas” recobró relevancia en la agenda por una polémica estrategia: ante el próximo inicio del juicio oral (el 6 de noviembre), una treintena de empresarios y exfuncionarios imputados ofrece pagar un resarcimiento económico -bajo la figura legal de la “reparación integral”- para evitar pasar por el estrado y quedar en libertad.
Esta alternativa empezó a generar revuelo y reacciones encontradas, tanto en el ámbito jurídico como social. En ese marco, el que alzó la voz fue Oscar Centeno, autor de las anotaciones que dieron origen a la investigación, quien se mostró indignado por esta posibilidad.
“Me siento impotente, es totalmente injusto que yo termine juzgado, con la posibilidad de ser condenado, y que los empresarios queden en libertad”, afirmó Centeno en declaraciones al diario La Nación. “Ya pedí mi sobreseimiento a los jueces de instrucción y no me fue aceptado, ¡y ahora pasa esto!”, lamentó.
La propuesta de que los empresarios puedan ser sobreseídos tras pagar una reparación estimada en USD40.000.000 resulta, para Centeno, una afrenta a la justicia: “Me parece contrapuesto para mí, que a los que proponen pagar un monto de dinero queden sobreseídos de culpabilidad y es como que aquí no ha pasado nada”, enfatizó desde el lugar secreto donde permanece bajo protección oficial.
El exchofer del Ministerio de Planificación Federal, cuya meticulosa anotación de los hechos permitió el avance de la investigación, subrayó el riesgo personal que asumió: “Mientras los escribía (los cuadernos), arriesgaba mi vida y la de mis familiares, seguramente toda mi vida seguiré temiendo”.
La propuesta de los empresarios imputados generó revuelo y dio lugar esta semana a posicionamientos favorables como el del abogado Hugo Wortman Jofre, quien en diálogo con Eduardo Feinmann (Radio Mitre) señaló la viabilidad de la reparación económica como salida judicial. “El Código Penal contempla, justamente, en el artículo 59, inciso 6, la reparación integral”. argumentó el jurista, que amplió su fundamentación el dato de la falta de antecedentes en el país, con respecto a la recuperación de fondos provenientes de actos ilícitos.
“La Argentina no tiene experiencia en haber recuperado plata de la corrupción. Este sería el primer caso”, afirmó Wortman Jofre. De todos modos, si bien defendió la utilidad de estas soluciones en el derecho comparado, advirtió que “no todos pagando se pueden eximir del castigo”, y que existen situaciones particulares, especialmente en el caso de los empresarios, en las que “en realidad, ahí lo que hubo fue extorsiones para que ellos pudieran continuar adelante con sus empresas. Las empresas están en riesgo también”.
En cuanto a la cifra que debería pagar cada imputado, el abogado consideró que la determinación de los embargos judiciales constituye un punto de partida: “Hay un lugar desde el cual partir, que es la determinación que la Justicia ha hecho al fijar un embargo”.
El titular del Tribunal Oral Federal Número 7,Enrique Mendez Signori, convocó a las defensas para una audiencia virtual este viernes 12 de septiembre, donde se analizarán los pedidos de los imputados. Allí tendrá un rol clave la fiscal Federal Fabiana León, quien tendrá que expedirse sobre cada uno de los planteos formulados. Lo mismo deberá hacer la Unidad de Información Financiera como querellante. El tribunal tendrá la última palabra en una eventual homologación de los acuerdos.
El escenario que se avecina para el tribunal es de una complejidad inédita: “Va a ser muy difícil de manejar. Han sido citadas (para este viernes) todas las defensas, incluso las de los empresarios que no manifestaron su voluntad de adherir (al pago de la reparación). Va a haber unos 170 abogados, 85 partes, todas situaciones muy variopintas…A partir de ahí se va a hacer un análisis individual de cada situación”, anticipó Wortman Jofre.
