El debate por la forma en la que el Ejecutivo nacional reglamentó la ley de Emergencia en Discapacidad escala en el Congreso de la Nación, en donde se acumulan los proyectos de ley para llevar adelante una interpelación al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, amparándose en el artículo 101 de la Constitución Nacional que tiene como implicancia una moción de censura en contra del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
En las últimas 24 horas, los bloques Encuentro Federal, Coherencia y Fuerza Patria, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, ingresaron proyectos de ley para llevar adelante la herramienta prevista en la reforma constitucional de 1994 y que puede tener como consecuencia el despido del jefe de los ministros.
El primero de los pedidos fue presentado por el diputado del PRO por Córdoba que forma parte de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, y lo acompañan con sus firmas el presidente del bloque Miguel Ángel Pichetto y el diputado Emilio Monzó. El segundo de los proyectos fue presentado por la diputada Marcela Pagano y el tercero en la Cámara Baja por el presidente del bloque de FP, Germán Martínez. En el caso de la Cámara Alta, el proyecto lleva la firma de José Mayans, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti.
En la mayoría de los proyectos se señala “la nulidad e ilegalidad del Decreto 681/2025, el incumplimiento de leyes vigentes, la violación de la división de poderes y la falta de asignación adecuada de partidas presupuestarias” como los argumentos de los pedidos de interpelación.
Francos hizo referencia a que si lo citan va a asistir al Congreso de la Nación. «Estoy dispuesto a ir al Congreso de la Nación, si me convocan para una interpelación, iré”, respondió el funcionario nacional.
La discusión se centra en que la forma en que se reglamentó la norma por parte del Ejecutivo establece que el Congreso tiene un plazo para explicar de dónde tienen que salir los fondos para su aplicación. Desde la oposición responden que, al no tener Presupuesto, es el propio Francos quien tiene la obligación de hacer cumplir la ley.
El diputado Agost Carreño se refirió al incumplimiento de parte del Ejecutivo señalando que «las leyes se cumplen siempre, aunque no les guste perder discrecionalidad“, en relación al manejo de los fondos que tiene el Ejecutivo. “Tenemos que usar una herramienta excepcional porque el Gobierno incumple con una ley. El 70% de los diputados y senadores le instruye al Ejecutivo que cumpla con una ley y el Gobierno no acepta el juego democrático e incumple con la ley”, agregó.
Por su parte, Martínez hizo referencia a que el Gobierno dice que “no hay plata para discapacidad pero baja las retenciones hasta el 31 de octubre. Para ellos sí hay plata”.
Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, señaló en su cuenta de X que la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793) “es clara: el Jefe de Gabinete, conforme a sus atribuciones legales, debe asignar y/o reasignar partidas presupuestarias para garantizar su cumplimiento. No puede excusarse: la ley lo obliga a priorizar y reorganizar el presupuesto para dar respuesta a las personas con discapacidad. No es competencia del Poder Ejecutivo agregar pasos ni condicionar la vigencia de lo que ya aprobó el Congreso”, agregó.
No hay antecedentes en la Argentina de mociones de censura desde que se aprobó la reforma constitucional en 1994. Lo que establece el reglamento es que una moción de censura puede significar la remoción del funcionario de su cargo. Para que esto suceda hace falta una mayoría absoluta -más de la mitad de la totalidad de los miembros- por lo que con 129 votos en Diputados y 37 en el Senado la oposición podría alcanzar el objetivo. Por último, en el caso de la remoción de un funcionario requiere que sea aprobado por las dos Cámaras del Congreso de la Nación.
