La jueza federal María Servini ordenó treinta allanamientos simultáneos en oficinas y domicilios vinculados a la red de Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo y asociada a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA. Los procedimientos se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y otras localidades de la provincia, según pudo reconstruir Infobae. La investigación se centra en maniobras irregulares con dólares durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y alcanza a empleados, socios y directivos de la firma.
Tapia fue quien facilitó el ingreso de Vallejo al negocio del fútbol, permitiéndole acceder al circuito financiero y a los clubes. Sur Finanzas figura en el expediente judicial como fuente de préstamos para al menos diecisiete clubes, entre ellos San Lorenzo, Independiente, Racing y Barracas Central. Según informó este medio, la AFA recomendó a entidades deportivas recurrir a la financiera para cubrir necesidades de liquidez, y la Liga Profesional de Fútbol depositó fondos de televisión en cuentas de Sur Finanzas, identificada también a través de la plataforma Neblockchain.
En los allanamientos, la Policía Federal Argentina (PFA) decomisó computadoras, teléfonos, dinero en efectivo en varias monedas, documentación financiera y, según uno de los testigos de la medida judicial, una daga con simbología nazi. La causa apunta a documentar un circuito de más de 1.400 millones de dólares en operaciones de compra y reventa de divisas. La pesquisa sostiene que la operatoria consistía en adquirir dólares al tipo de cambio oficial mediante bancos, retirarlos en efectivo y venderlos en el mercado informal, en una maniobra conocida como “rulo” o “rulo cambiario”. La denuncia ante los tribunales de Comodoro Py fue realizada por la Unidad de Información Financiera (UIF).
Además de la causa bajo la órbita de Servini, el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, también investiga a Sur Finanzas. Armella ya ordenó catorce allanamientos en oficinas, domicilios, depósitos y un parador en Pinamar. Infobae detalló que en estos operativos se incautaron dispositivos electrónicos, documentación contable y dinero en efectivo. El análisis de los teléfonos y computadoras permitió reconstruir mensajes en los que los investigadores detectaron órdenes para ocultar pruebas, retirar computadoras y borrar registros informáticos.
El magistrado y su equipo investigan un presunto esquema de lavado de activos, evasión fiscal y encubrimiento de pruebas que tiene como principal señalado al empresario Ariel Vallejo, financista con fuerte inserción en el negocio del fútbol y cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
El expediente instruido por Armella se inició tras una denuncia de la Dirección General Impositiva por evasión de 3.327 millones de pesos. La fiscal federal Cecilia Incardona imputó a otros cuatro empleados de Sur Finanzas —Daniela Sánchez, Juan Soler, César Zapaia y Rolando Soloaga— por encubrimiento y destrucción de pruebas. Chats secuestrados muestran instrucciones para eliminar información, extraer efectivo y coordinar movimientos de vehículos y personal tras los operativos policiales. El juez ofreció a los detenidos acogerse a la ley del arrepentido, con reducción de pena a cambio de información relevante para la causa.
La causa destaca que Sur Finanzas contaba con una estructura societaria compleja, con empresas y socios relacionados. Entre los allanados figuran Silvia Torrado y Graciela Vallejo, madre de Ariel Vallejo, con participaciones en firmas como Centro de Inversiones Concordia SRL, que formaba parte del entramado de la financiera. Los procedimientos alcanzaron también sucursales, viviendas de empleados y depósitos donde se halló documentación sobre movimientos de fondos, inversiones, constancias de retiro y entrega de dinero en efectivo.
De los operativos tomó parte la División Lavado de Activos de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina.
A fines de diciembre de 2025, María Servini ya había realizado unos 60 allanamientos por presuntas irregularidades en la compra de dólares.
El análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados, bajo intervención de la DAJUDECO y la PROCELAC, busca reconstruir el flujo financiero y determinar el alcance de la red. Los investigadores sostienen que la propia AFA promovió el vínculo entre clubes y Sur Finanzas, facilitando el acceso a financiamiento en condiciones que la Justicia califica como “usurarias”.
La acumulación de pruebas y la posibilidad de que los empleados colaboren con la Justicia acercan la investigación a la cúpula de la AFA y a la figura de Tapia, quien mantiene una relación personal con Vallejo y fue el artífice de su desembarco en el negocio del fútbol argentino.
La causa sigue sumando evidencia y los próximos días serán clave para determinar si los imputados deciden aportar información que permita avanzar sobre los eslabones superiores de la estructura investigada.
