El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, respondió hoy a las declaraciones de Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quien cuestionó el pedido para designar veedores en la entidad. Vítolo advirtió que la AFA sigue bajo jurisdicción de la IGJ, ya que, según explicó, no se completaron las formalidades legales para trasladar la sede a la provincia de Buenos Aires.
“El comunicado de AFA es patético”, señaló Vítolo en contacto con Infobae, en referencia al texto difundido por Tapia. En ese comunicado, el titular del fútbol argentino calificó como “ilegítima” la veeduría solicitada por la IGJ y denunció una supuesta “operación política” del Gobierno nacional contra la conducción de la entidad.
La controversia se intensificó luego de que la IGJ requiriera la designación de veedores para revisar documentación contable, financiera y contractual de la AFA. Desde la conducción encabezada por Tapia rechazaron el planteo y argumentaron que el organismo nacional carece de competencia, ya que la asociación civil trasladó su sede a Pilar y quedó bajo la órbita de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.
Vítolo refutó ese argumento. “Las propias normas de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia, mal que le pese al gobernador Axel Kicillof, señalan que para que el cambio de jurisdicción sea efectivo debe acreditarse la ‘cancelación’ de la inscripción anterior; y la AFA no cuenta con cancelación de inscripción en la IGJ. Por ello, la AFA sigue bajo jurisdicción de la IGJ actualmente, y la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia no tiene facultades para cancelar una inscripción en extraña jurisdicción”, afirmó el titular de la IGJ.
En el comunicado difundido por la AFA, Tapia sostuvo que la solicitud de veedores constituye una avanzada política y apeló “al pueblo de la Nación” en defensa de la autonomía institucional. También mencionó antecedentes de intervención de entidades civiles durante el gobierno de Alberto Fernández y citó el caso de la Fundación IEES, vinculada a Patricia Bullrich.
Vítolo respondió sobre ese punto: “Es positivo que el señor Tapia reconozca que durante el gobierno de Alberto Fernández, perteneciente a su partido político, el Ministerio de Justicia y la IGJ persiguieron injustamente a Patricia Bullrich. Pero está muy mal informado sobre lo ocurrido en aquella oportunidad”. Agregó: “La Fundación IEES fue intervenida en 2023, de un modo ilegal y arbitrario, mediante una disposición que estableció el desplazamiento de todas las autoridades de la institución, reemplazadas por una interventora designada por el ministro”.
Más adelante, Vítolo marcó diferencias con la situación actual de la AFA: “En este caso no se ha pedido el desplazamiento de las autoridades de AFA, ni siquiera se ha solicitado un coadministrador ni la designación de administradores sustitutos de los actuales. Solo se pide poder ver y compulsar documentación. Además, la AFA ha tenido pleno acceso a las actuaciones, es parte en las mismas y ha tomado vista de todos los expedientes. Por eso, la comparación de lo ocurrido con la solicitud de veeduría en la AFA con el caso Bullrich, además de incorrecta, es ridícula”.
El titular de la IGJ justificó la medida adoptada y mencionó presuntas inconsistencias contables. “Es de toda evidencia que la AFA ha incurrido en graves irregularidades”, sostuvo. Detalló: “No explicar observaciones formuladas a sus estados contables y financieros por más de ocho años, donde se le pidieron explicaciones por cifras cercanas a los 111 millones de dólares; negarse a entregar el balance de ejercicio del año 2025 y no entregar la documentación sobre la creación de una universidad que no está habilitada ni autorizada a funcionar, anunciada como ‘existente’, incluyendo un link para que se inscriban alumnos, son claramente calificables como ‘graves irregularidades’”.
Las objeciones de la IGJ al cambio de sede y la documentación
En la misma línea, Vítolo añadió: “Ni hablar si a ello le sumamos los escándalos denunciados por la prensa sobre las vinculaciones de AFA con la firma TourProdEnter, Sur Finanzas, Real Central SRL y otras sociedades. Es claro que ante estos hechos la IGJ no puede dejar de solicitar información”.
Vítolo rechazó que la veeduría implique una intervención. “La veeduría no es una sanción —como errónea y maliciosamente lo califica la AFA— ni afecta en nada al funcionamiento de la institución. Solo se compulsarán libros contables, documentos y contratos, operaciones financieras, y los veedores prepararán un informe para ser evaluado por la autoridad de control”, explicó.
Sobre el traslado de la sede a Pilar, el funcionario fue categórico: “Que la mudanza al predio de Pilar del año 2024 ha sido y es falsa ya ha sido probado suficientemente por constancias de ARCA, inspecciones de IGJ y hasta por medios periodísticos que visitaron el lugar”. Añadió: “En la dirección de la calle Mercedes —hoy Néstor Kirchner— 1366 de Pilar, suministrada por la AFA a ARCA y a la IGJ, la AFA nunca estuvo, ni está tampoco ahora”.
El titular de la IGJ también cuestionó la resolución provincial que admitió a la AFA en su jurisdicción. “De hecho, la propia Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires no ha podido incluir en la resolución que admite a la AFA en su jurisdicción un domicilio concreto para su sede, señalando solo que la sede está en el ‘municipio de Pilar’. Algo vergonzoso”, afirmó.
Incluso ironizó sobre la numeración del domicilio denunciado: “Ocurre que el domicilio que AFA denuncia como sede en esa calle Mercedes —hoy Néstor Kirchner— es un número par —‘1336’— y el terreno donde están el cartel y la casa abandonada, y en el cual la AFA está haciendo refacciones, se encuentra en la vereda de los números impares. Toda una curiosidad”. Y agregó: “¿Dictará el gobernador Kicillof un decreto, o el intendente Achával promulgará una ordenanza donde establezcan que esa manzana de la calle Mercedes —hoy Néstor Kirchner— tiene numeración par en ambas veredas? ¿O le otorgarán, en homenaje a los campeones del mundo, una excepción a la AFA para que sea el único terreno en el cual, en la línea de la numeración impar, se consigne un número par?”.
La disputa institucional y el trasfondo político
Sobre la acusación de “operación política”, Vítolo replicó: “Resulta curioso y significativo que la AFA acuse al Gobierno de llevar adelante ‘una operación política’ cuando ha sido la propia AFA quien intentó politizar esa institución con una operación de reforma de estatutos a fines de 2023 —en la creencia de que Massa ganaría la elección a presidente— para incorporar a su Consejo Directivo al presidente de la República, vicepresidente, gobernadores de provincia o senadores y diputados nacionales en ejercicio. Esa reforma estatutaria fue rechazada por la IGJ y la AFA tuvo que dar marcha atrás y dejar sin efecto dicha modificación”.
El funcionario concluyó con una frase que sintetizó el tono del intercambio: “La apelación que el presidente de la AFA realiza al pueblo de la nación es tan absurda y patética que me exime de todo comentario”.
El conflicto ahora avanza hacia una definición administrativa que podría derivar en un planteo judicial si la AFA persiste en desconocer la competencia del organismo nacional. Desde la IGJ insisten en que la entidad continúa bajo su órbita y que la veeduría es una herramienta legal de fiscalización. Por su parte, la conducción de Tapia sostiene que el cambio de jurisdicción es válido y que el pedido responde a una motivación política. La disputa institucional suma así un nuevo capítulo en la relación entre el poder regulatorio del Estado y la conducción del fútbol argentino.
