El derrotero que sufrió a comienzos de año la licitación internacional de la Vía Navegable Troncal (VNT), más conocida como Hidrovía, busca ser superado por el Gobierno, que está terminando de avanzar en el nuevo proceso licitatorio. En la Casa Rosada afirman que están dispuestos a que en el último trimestre del año se pueda volver a publicar una resolución oficial de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), el organismo a cargo de llevar adelante el proceso.
En ese sentido, la administración libertaria recibió un espaldarazo significativo de las cámaras empresarias que están involucradas -directa o indirectamente- en actividades relativas a la Hidrovía.
Por primera vez desde que el año pasado comenzó a gestionarse la confección del pliego, la Unión Industrial Argentina (UIA), Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), CIARA–CEC, Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) y Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (CAPYM) expresaron a través de un comunicado su “visión positiva” sobre “el avance del nuevo proceso de licitación de la VNT”. El documento menciona explícitamente el rol de la ANPYN y afirma que se trata de una “instancia que sienta las bases para el futuro del principal sistema logístico del país”.
“Nos apoyan porque saben que las condiciones de la licitación son óptimas y que hemos tomado en cuenta sus reclamos”, afirmó a Infobae una fuente de la Casa Rosada.
Muchos cambios han sucedido desde que los primeros borradores del pliego hasta la actualidad. Cabe recordar que, originalmente, la presentación de ofertas se había extendido hasta el pasado mes de febrero y que en los meses posteriores se terminó dando de baja la licitación. Ese anuncio, hecho por Manuel Adorni, vino acompañado por el pedido de investigación sobre la única empresa que presentó oferta, la belga DEME.
Durante ese proceso licitatorio, se inscribieron 11 empresas interesadas, pero solo DEME formalizó una propuesta. El vocero presidencial detalló que la compañía belga “se ocupó de teñir el proceso de denuncias de faltas de transparencia, demandas ante la Justicia y otras acciones, que desistieron pocos días antes” de la presentación de ofertas. El titular de la ANPYN, Iñaki Arreseygor, respondió a las impugnaciones y destacó que la justicia validó la legalidad del proceso en tres instancias.
Previamente, el Gobierno había acordado hacer cambios en tres aspectos centrales de la licitación: 1) el plazo de la licitación, postergando por dos semanas la presentación de candidaturas; 2) la incorporación de nuevos tramos y vías, el tramo Paraná-Guazú y el Pasaje Talavera; y 3) la profundidad del dragado de 42 a 44 pies en el tramo de Paraná de las Palmas y de 28 a 36 pies en el Paraná Brazo, el Guazú y el Pasaje Talavera.
La primera fue solicitada por las compañías interesadas en aplicar. La segunda gestionada por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Y la tercera solicitada por diferentes actores, mayormente de las aceiteras y exportadoras.
El Gobierno confeccionó un cambio adicional en las últimas semanas, muy importante en su contenido: redujo de 30 a 20 años los años del contrato de la concesión de la Vía Navegable Troncal.
Esto contó con el visto bueno de las cámaras empresarias que se expresaron hoy, y para los encargados de avanzar con la licitación creen que significa que después de las elecciones seguramente se pueda arribar en un proceso licitatorio con menos turbulencias.
“Es fundamental que la discusión y las propuestas se den en estos ámbitos institucionales y técnicos, con el rigor que exige un proyecto de esta envergadura. Debates que se den por fuera de estos canales no solo desvirtúan los objetivos comunes, sino que entorpecen la posibilidad de alcanzar consensos, como los ya logrados durante la mesa realizada en la BCR en el mes de mayo”, afirmaron las cámaras.
En cuestión de semanas, en rigor, el próximo 23 de julio, se volverán a reunir las mesas técnicas (que reúne a provincias, usuarios, expertos e instituciones, entre otros) para terminar de cerrar otros aspectos clave de cara a la licitación que se presentará en cuestión de meses. Tres de las más importantes son:
- la regulación del impacto ambiental de los dragados más profundos,
- el tamaño de los convoyes
- y la estructura del esquema tarifario (si hacerlo por tramo o por sección)
Este tendrá la participación, incluso, de sectores del PRO con los que el Gobierno se enfrentó subterráneamente, con acusaciones de presuntas preferencias desde ambos bandos. Son todos asuntos que se hablan en por fuera de los micrófonos, habiendo pocas alusiones al caso. La cuenta de la agrupación vinculada a Santiago Caputo, Las Fuerzas del Cielo, tuiteó muchos meses atrás “Mauricio, por décima vez: no te vamos a dar la Hidrovía”.
Por ese entonces hubo acusaciones cruzadas entre los dos sectores. Por caso, la Casa Rosada sostenía que el ex presidente tenía preferencia por una conocida compañía europea. Lo mismo se decía de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Aun así, la disputa explícita del Gobierno estuvo con la belga DEME, que estaba auspiciada por los importantes bufetes de abogados Cassagne y Marval, O’Farrell & Mairal, que presentaron una cautelar para suspender la licitación prevista para el 12 de febrero.
La licitación, convocada para la “modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado, redragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal comprendida entre el kilómetro 1.238 del Río Paraná (punto denominado Confluencia) hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata exterior, hasta la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio».
Actualmente, las tareas de dragado, balizamiento y operación de la Hidrovía están a cargo del Estado, que subcontrata a Jan de Nul y Emepa, antiguos concesionarios de la vía fluvial. En el sector sorprendió que Jan de Nul no se presentara para competir con DEME. En 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, se había lanzado una licitación internacional para el dragado, pero fue cancelada tras la impugnación de oferentes como la danesa Rodhe Nielsen y la china CCCC Shanghai Dredging.
La filial de la China Communications Construction Company (CCCC) quedó excluida de la nueva compulsa debido a una resolución del gobierno actual que, en su artículo 16°, prohibió la participación de empresas estatales extranjeras o controladas por estados soberanos.
