En un clima de incertidumbre y alta tensión, un conglomerado de opositores férreos -el kirchnerismo- y otros “dialoguistas” se auto convocará a las 14 de hoy para sesionar “a ciegas”: en la agenda que empuja este sector aparecen las potenciales sanciones de las leyes que mejora las castigadas jubilaciones, que reactiva la moratoria previsional, y que declara la emergencia en discapacidad.
La eventual reunión de este jueves incluirá dos iniciativas para fondear a gobernadores y un debate sobre la causa YPF. Sobre este último punto, en las últimas horas aparecieron sugerencias de algunos legisladores para armar una futura sesión especial en el recinto de carácter “secreto” y con varios invitados, nada menos para un tema de extrema sensibilidad para el Estado argentino.
¿Por qué la cita a ciegas? En realidad, la bandeja de cuestiones a tratar parece clara. El problema es que oposición y oficialismo no lograron ponerse de acuerdo sobre el orden e ítems totales a debatir este jueves. Ni siquiera hay una convocatoria formal a sesionar.
A esto se llegó por la tardía idea libertaria para activar un plenario de comisiones sobre los proyectos jubilatorio, de moratoria y de emergencia en discapacidad. El kirchnerismo y un puñado de dialoguistas avanzaron igual con borradores de dictámenes que no fueron validados por las autoridades de la Cámara alta, ya que las reuniones en cuestión nunca fueron conjuntas, sino de manera separada.
A pesar del ímpetu de quienes lo impulsaron, lo actuado fue considerado -con lógica- como violatorio del reglamento. Claro está que, para llegar a esta situación, fue trascendental la inacción de la Casa Rosada, que hizo todo lo posible para el clima en el Senado llegara al punto de ebullición.
De esta manera, la sesión de las 14 implicaría una auto convocatoria de un sector de la oposición -deslizan tener entre 40 y 50 legisladores dispuestos a bajar al recinto- para iniciar el convite. Para el quorum, sólo hace falta 37 sentados. El kirchnerismo tiene, en los papeles, 34.
Si arrancara el encuentro, lo siguiente será obtener una mayoría simple para aprobar un plan de Labor y definir el temario y orden a tratar. En principio, tampoco implicaría un problema, siempre y cuando no existan divergencias entre quienes se encuentran en éxtasis para aplicar piñas monumentales a un Ejecutivo que aún no movió un dedo para, incluso, amortiguar los golpes. También se deberá prestar atención a lo que la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, avale según el reglamento.
El próximo paso sería, una vez llegado el momento de analizar los tres proyectos que chocan en lo reglamentario, que el pleno considere si los mismos son válidos, tras lo ocurrido la semana pasada. El recinto es soberano en este sentido y sobre ello no debe haber dudas, aunque la decisión que se adopte podría dejar un pésimo antecedente. O, lo que es peor: que se judicialice la reunión de este jueves.
“Hay 80 opciones que podría mencionarte como posibles. La menos lejana es que la sesión no se haga, cosa que veo difícil. Pero todos sabemos que hay cuestiones de la ley jubilatoria que podrían modificarse y, si no están los votos para sancionar el proyecto así como está, volvería en segunda revisión a Diputados. Ni te digo la moratoria previsional. También hay varias dudas sobre la emergencia en discapacidad. Es una locura ir sin un plan al recinto. Pasamos de no hacer casi nada a una mega sesión con iniciativas que muchos concuerdan en que tienen que analizarse seriamente en comisiones. Todo desprolijo y mal”, sentenció anoche un reconocido senador dialoguista a Infobae.
Para el resto de los textos, al no haber sido despachados, precisarán dos tercios de los votos para habilitarlos sobre tablas. En ese lote se encuentran los reclamos de gobernadores y lo de YPF. Como última opción, oficialismo y parte de la oposición dialoguista mantendrán un cónclave informal por la mañana, entre las 10 y las 11, para hallar un milagro. Está en juego nada menos que el control político del Senado. Y el mercado ya apunta una lupa inmensa hacia ahí.
Principales puntos de los proyectos
La ley jubilatoria que avalaron diversos opositores en Diputados -algunos macristas se abstuvieron- implica un aumento real para todos los haberes y pensiones del 7,2% -excepto los regímenes especiales- y un incremento para el bono, que pasaría de $70 mil a $110 mil y se actualizaría por inflación. La principal crítica es la conversión de esto último a un derecho para siempre.
Con menos votos fue aprobada en la Cámara baja la restitución por dos años de la moratoria, el sistema que permitía que las personas sin los 30 años de aportes pudieran comprar los saldos faltantes para acceder al haber mínimo.
En tanto, la emergencia en discapacidad sería hasta el 31 de diciembre de 2027, es decir, pasado el final del Gobierno libertario, y reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles, así como compensaciones económicas, entre otras otras.
Por otra parte, una de las iniciativas que desean los gobernadores incorpora a la norma 11.672 -es la ley permanente de Presupuesto- un artículo para que los “recursos que correspondieren distribuir al régimen al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias” en “forma diaria y automática”, y todo lo que involucre a este ítem será “considerado a cualquier efecto” como integrante “de la masa de fondos coparticipable”.
El segundo proyecto elimina los fideicomisos de Infraestructura Hídrica; de Infraestructura de Transporte; y Sistema Vial Integrado; y los fondos Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior; y Nacional de la Vivienda. En el mismo artículo se aclara que los recursos en cuestión, excepto los previstos en el impuesto a los Combustibles Líquidos “serán distribuidos de conformidad” con artículos de la ley 23.548, de Coparticipación Federal.
Seguido a ello, se sustituye parte de la ley 23.966 -la del tributo a combustibles- para girar lo producido al Tesoro Nacional (14,29%), Provincias (57,02%), y Sistema Único de Seguridad Social, para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales (28,69%). Luego se detalla cómo será el reparto de lo que corresponde a los distritos de manera específica.
