En un cónclave sin grandes cruces, el kirchnerismo se opuso esta tarde a los decretos ejecutados días atrás por el Ejecutivo para reorganizar a las fuerzas federales bajo el paraguas de las facultades delegadas de la ley bases, hoy ya vencidas. El principal bloque opositor lo hizo en una reunión informativa de la bicameral que fiscaliza estos organismos, que también escuchó las graves acusaciones contra el gobierno del Frente Renovador -no massista- de Misiones del policía retirado y legislador provincial electo Ramón Oscar Amarilla, quien estuvo ocho meses preso acusado de intento de sedición y otros delitos.
La principal crítica de los diputados y senadores kirchneristas estuvo relacionada con la supuesta imposibilidad del Gobierno de avanzar, más allá de las facultades delegadas vigentes hasta hace días atrás, con este tipo de temas cuando en la ley Bases no estuvo incluida la emergencia en seguridad y a diferencia, por caso, de la administrativa. Los legisladores de tribus ahora peronistas además rechazaron que haya cuestiones penales sobre las que la Casa Rosada, en principio, no puede modificar vía decreto. Como la bicameral que trata estas cuestiones -de Trámite Legislativo- no se juntó aún, los opositores deslizaron la idea de ir directo al recinto para debatir su validez, en medio de un escenario adverso para el comando libertario.
El encuentro de este martes estuvo comandado sin problemas por el senador macrista y titular de la bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior, Martín Goerling (Misiones). Por el Ejecutivo expuso el director nacional de Transformación Institucional del Ministerio de Seguridad, Diego Fleitas Ortiz de Rozas, quien aseguró que “en todos los casos se buscó fortalecer un proceso de modernización, de profesionalización y de actualización de aspectos normativos de más de 50 años”. No obstante, reconoció que, en el caso de la Policía Federal, “sí se hizo una reforma más estructural”.
De modo preventivo, Fleitas resaltó que se reprodujeron, en la mayoría de los decretos, “las potestades vigentes de investigación” y que ya tienen “todas las policías de la Argentina”. El funcionario también direccionó la lupa a las autonomías de las fuerzas, que ahora tendrán una conexión directa con el Ministerio de Seguridad. Tampoco olvidó las modificaciones en cuanto a tecnología, Recursos Humanos e incorporación de profesionales graduados para la investigación de delitos complejos.
El diputado kirchnerista y vice de la bicameral, José Glinski -el chubutense fue jefe de la PSA con Alberto Fernández-, fue el primero en quejarse por la exclusión del debate en el Congreso, aunque ratificó el “consenso de que las fuerzas federales merecían una reforma”. En ese sentido, observó: “Se hacen amparadas en la ley Bases y las facultades delegadas, pero hubo una acción expresa de los diputados de quitar la emergencia en seguridad y entendemos que estas reformas exceden las facultades delegadas”.
Glinski no obvió las atribuciones para detenciones de parte de la Policía Federal, así como por qué la Gendarmería toma ahora tareas de seguridad vial y la disminución de la injerencia civil en la PSA. En tanto, el senador neuquino Oscar Parrilli solicitó detalle de la cantidad de efectivos de las cuatro fuerzas, a lo que Fleitas respondió que son cerca de 105.000 y que “no hubo un crecimiento significativo” desde el inicio de la gestión libertaria.
“Si la ministra Bullrich posteó en redes que es una reforma histórica de las fuerzas federales en cinco décadas, ¿por qué decidieron hacerlo por decreto y no por proyectos?“, consultó el diputado cristinista Juan Marino. ”Es una decisión política que me excede“, afirmó Fleitas, y justificó dicho mecanismo ya que en las potestades se limitaron a “cortar y pegar” las atribuciones de las normas vigentes para dichas fuerzas federales. Ante las dudas, advirtió que muchos puntos a futuro tendrán que activarse vía protocolos y que los frutos completos se verían “en dos años”.
Marino requirió precisiones sobre el seguimiento en redes sociales. Fleitas indicó: “Las tareas de prevención en espacios abiertos digitales es en todos los lugares del mundo y en las provincias. Fue adoptado por administraciones de distinto color político. Esto se tiene que hacer respetando derechos y garantías, no tiene que ser motivo de persecución política. No puede ser realizado con esos fines y deberá ser trabajado con los protocolos, pero la jurisprudencia argentina lo aceptó incluso por la Cámara Federal, Casación y hay decena de fallos sobre la legalidad de actividades de prevención. ¿Qué se investiga? Prevención sobre mercados ilegales, pedofilia, abuso sexual y trata de personas“.
“Ya prácticamente estamos en condiciones de tratarlo en el recinto”, comenzó su discurso la diputada kirchnerista Carolina Gaillard (Entre Ríos), al referirse al decreto relacionado con la Policía Federal (383/25). En esa línea, opinó: “Es una facultad excepcional -la delegada- en materia de administración y emergencia pública. En la ley Bases no se menciona la emergencia en seguridad y por eso no puede modificarse la carta orgánica de la Policía Federal. Este decreto es inconstitucional”.
Más allá del oficio que tuvo Goerling para manejar el cónclave, resultó más que llamativo el abandono de La Libertad Avanza ante legisladores que denostaron decisiones de la empoderada Bullrich y del propio Javier Milei. Sólo apareció el diputado Santiago Pauli (Tierra del Fuego), quien sostuvo: “Dudo que haya consenso -en referencia a la discusión de leyes-, pero si hay reformas necesarias, no le echemos culpa al Ejecutivo”.
Escándalo misionero
Durante la segunda parte del encuentro se escuchó la disertación del suboficial Mayor (retirado) de la Policía de Misiones Ramón Oscar Amarilla, preso por haberse manifestado contra el gobierno de dicho distrito -que maneja en las sombras el inoxidable e intocable Carlos Rovira– y reciente legislador provincial electo, cuestión que derivó en su inminente liberación luego de estar más de ocho meses en un expediente por tentativa de sedición.
“Misiones parece un mundo aparte de la Argentina. Es una dictadura disfrazada de democracia”, disparó Amarilla, que contó que la relación con el Gobierno provincial quedó fracturada en octubre de 2023, cuando la gestión local dejó de recibirlos.
“El 18 de septiembre de 2024 ordenan mi detención, involucrándome con un grupo del cual no soy partícipe y ordenan mi detención. En menos de nueve horas ya estaba en la Unidad Penal 8 (Cerro Azul), violando todos mis derechos constitucionales y humanos. Estuve ocho meses y 24 días privado de mi libertad”, sentenció.
Amarilla también contó situaciones denigrantes de convivencia en la celda en la que estuvo alojado y que fue reingresado a la Policía con la intención de desconocer sus ingresos durante 31 años y la quita de la obra social. “Menos mal que estuve preso; si no, me iban a matar”, dijo.
