La intervención del organismo ratificó una denuncia penal por maniobras que habrían generado un perjuicio económico al Estado provincial. El monto en discusión supera los $100 millones.
La intervención de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán ratificó este miércoles una denuncia penal por una presunta maniobra de defraudación contra el organismo, que tendría como principal implicado a un exjugador del club San Martín, junto a su entorno profesional y una comisión médica.
El interventor CPN Guillermo Norry, el subinterventor Dr Antonio Bustamante y abogado patrocinante ,explicaron que la presentación judicial apunta a esclarecer una serie de irregularidades detectadas en un expediente administrativo vinculado a un juicio tramitado en Buenos Aires.
Según detallaron, el caso se originó a partir de un pedido de previsión presupuestaria cercano a los $450 millones para avanzar en un acuerdo extrajudicial. Sin embargo, tras la revisión del expediente por parte de la actual gestión, se advirtieron inconsistencias que derivaron en la denuncia.
“Detectamos trámites irregulares que podrían configurar un ilícito. Hubo omisiones graves, como la falta de contestación de la demanda, lo que dejó a la Caja en estado de indefensión”, sostuvo Norry.
De acuerdo con las estimaciones actuales, el perjuicio económico en discusión rondaría entre los $104 y $110 millones, aunque el monto se encuentra en actualización permanente.
La denuncia, radicada en la Unidad Fiscal correspondiente, quedó a cargo del fiscal Daniel Sosa Piñeiro, quien deberá realizar una evaluación inicial para determinar el curso de la investigación. No se descarta que la causa sea derivada a una fiscalía especializada.
Desde la intervención remarcaron que la acusación no es genérica, sino que apunta a quienes habrían resultado beneficiarios de la maniobra, y advirtieron que podrían surgir más implicados a medida que avance la investigación.
Además, se señaló que el caso podría encuadrarse en figuras penales más complejas, como una posible asociación ilícita, dado que las maniobras habrían contado con la participación de distintos actores, incluyendo asesoramiento legal y peritajes médicos cuestionados.
En paralelo, las autoridades desmintieron versiones difundidas en redes sociales sobre supuestos nombramientos irregulares de familiares dentro del organismo, calificándolas como “noticias falsas”.
Por último, indicaron que la intervención trabaja con profesionales de distintas áreas para auditar el funcionamiento integral de la entidad, y no descartaron la detección de otros hechos similares.
