La audiencia pública por la modificación de la ley de Glaciares comenzó con un pedido de impugnación de parte de legisladores de la oposición aduciendo que no se cumple con la ley que habilita la ponencia de la sociedad civil y de las organizaciones de la sociedad civil en la Cámara de Diputados.
El reclamo que lleva la firma de los diputados Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Adriana Serquis, Gabriela Estévez, Juan Brugge, Abelardo Ferrán, Lucía Cámpora y Pablo Farías; se presentó en la previa sosteniendo que las audiencias resultan “inválida por las graves irregularidades en la metodología adoptada para su desarrollo, las cuales restringen de manera ilegítima la participación ciudadana y vulneran el Reglamento de la Cámara, la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, en particular el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566)“.
La presentación que se realizó al presidente de la Cámara, Martín Menem, obtuvo respuesta del diputado de La Libertad Avanza y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, quien, al principio, señaló que “un grupo de diputados presentó una impugnación. Esta impugnación se le dará curso por los canales administrativos. Las presentaciones judiciales fueron todas rechazadas. La justicia federal de misiones dijo que el procedimiento es válido. Las medidas cautelares todas fueron rechazadas. La impugnación no la voy a leer y tampoco los fallos judiciales”.
No existe un canal administrativo al respecto, por lo que esto generó el primer conflicto del día.
El segundo fue el plazo. Mientras el plenario de comisión había definido que las exposiciones iban a ser de 5 minutos, los que hoy pudieron ingresar se encontraron con que el plazo para exponer era de 4 minutos, lo que generó el reclamo de parte de los expositores y los diputados de la oposición.
Mientras iban exponiendo los autorizados a ingresar -se anotaron más de 120.000 expositores y sólo se aceptó la presencia de 200-, mientras transcurría la primera hora de la audiencia diputados del peronismo frenaron la audiencia para reclamar que la seguridad de la Casa no dejaba ingresar a los expositores. Luego de varios minutos de discusión, el diputado Mayoraz tuvo que retirarse del recinto para ir junto a los legisladores de Unión por la Patria a habilitar el ingreso de aquellos que estaban anotados para exponer.
La mayoría de los expositores, que se oponen a la modificación de la norma, hicieron referencia a la restricción a la audiencia de los más de 120.000 inscriptos y anunciaron -en casi todos los pasos- que buscarán impugnar judicialmente la iniciativa. En buena parte, apuntaron contra los diputados del oficialismo a quienes acusaron en repetidas veces de “reírse” de las exposiciones.
Entre medio de tantos discursos en los que se fueron señalando las razones por las cuales no se debía modificar la ley de Glaciares -a favor del cuidado del agua y que “sólo 12 provincias definan sobre la totalidad del agua de los argentinos”-, sólo el ministro de producción de San Juan apoyó el proyecto de LLA. Gustavo Fernández, quien fue abucheado en parte de su exposición, hizo referencia a que su provincia no tiene conflicto con el agua por las mineras sino “porque el kirchnerismo en los últimos 20 años abandonó las obras de mantenimiento del riego”, lo que generó aplausos del oficialismo. Pasado los 4 minutos, y mientras intentaba seguir hablando, los diputados de los bloques de la oposición le gritaron que se había acabado su tiempo. En ese clima se vive la audiencia.
Por el lado de los sectores que se oponen, el momento cúlmine estuvo de la mano de Marta Maffei, la ex diputada del ARI y autora de la ley original que el oficialismo intenta modificar. “El Senado votó un proyecto que deroga las claves de la ley actual, omite todos los recaudos legales y constitucionales», dijo la docente que formó parte de la Carpa Blanca a finales de los 90. “Esta audiencia es de una profunda ilegitimidad. Un puñado de diputados pretende sanear lo que quieren hacer convocando a esta farsa”, dijo la ex legisladora frente a los gritos de “mentira” que salían del bloque libertario y que Maffei respondía. Visiblemente enojada, señaló que su presencia “no convalida esta farsa” y que se reservaba el derecho de llevar adelante las acciones legales que crea necesarias. “Este es un proyecto regresivo y discrecional para que cada provincia haga lo que quiera con nuestra agua”, finalizó.
La otra gran figura fue Adolfo Pérez Esquivel, el premio Nobel de la Paz, quien señaló que se hacía presente “por una gran preocupación que es el agua”. “No es una mercancía, es un derecho que se le está quitando al pueblo”, indicó.
Otro de los más aplaudidos fue Andrés Nápoli, Director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). El abogado ambientalista y magíster en Derecho Ambiental, no solo señaló la falta de legalidad de la audiencia por incumplir con las normas establecidas sino que el hombre que negoció “durante 8 años” el Acuerdo de Escazú —el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe—, dijo que con la modificación no se genera seguridad jurídica porque “van a ver cientos de demandas con esta ley”. Luego de hacer un recorrido sobre los fallos a favor de la ley vigente, Nápoli dijo que “no necesita modificarse ni interpretarse, necesita ser cumplida”.
En otro momento de la audiencia, y mientras se iban encadenando exposiciones en contra, el abogado ambientalista Enrique Viale mencionó “las multinacionales que se verán beneficiadas con la nueva Ley de Glaciares: Vicuña, Barrick Gold y Glencore”. Luego, anunció: “Mañana denunciaré a la senadora Flavia Royón por incompatibilidad con la función publica y cohecho”. La acusó de trabajar para el gigante Río Tinto. “No representa a Salta, representa a las mineras”, advirtió Viale.
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