El clima de optimismo que se respiraba durante los últimos días en la Casa Rosada y en el Ministerio de Economía tras el contundente respaldo político del presidente Donald Trump no tiene correlato en el Congreso, donde los libertarios enfrentan varias ofensivas opositoras que van desde el intento de interpelar a Karina Milei y el proyecto para restringir los DNU, al rechazo a los vetos por Garrahan y Universidades, entre otros temas incómodos.
En la Cámara de Diputados el malestar opositor con el Gobierno alcanzó un nuevo pico tras el anuncio oficial de que la ley de emergencia en discapacidad, que Milei vetó, pero el Congreso sostuvo, no será aplicada tras su promulgación por falta de recursos presupuestarios. De hecho, la oposición le advirtió al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que están decididos a recurrir a una moción de censura que podría eyectarlo de su cargo.
Se trata de un mecanismo, incorporado en la Reforma de 1994 en el artículo 101 de la Constitución, mediante el cual el Congreso puede remover al jefe de ministros por cuestiones políticas. Francos es considerado el principal representante del ala “negociadora” del Gobierno y se encarga personalmente del vínculo con las provincias y algunos aliados, por lo que una moción de censura en su contra representaría un golpe devastador para la estructura de funcionamiento del Poder Ejecutivo.
Este procedimiento tiene dos etapas: primero, la iniciativa, que consiste en aprobar un pedido de interpelación con mayoría absoluta en cualquiera de las cámaras; y segundo, la ejecución, donde la moción de censura requiere nuevamente el voto de la mayoría absoluta y puede conducir a la remoción del funcionario cuestionado. La oposición tiene previsto avanzar en la próxima sesión (que podría ser el 2 o el 8 de octubre) con un emplazamiento a la comisión de Asuntos Constitucionales para iniciar el camino hacia la interpelación y la eventual remoción de Francos.
Sin embargo, la eventual moción de censura contra el jefe de Gabinete no es la principal preocupación de los libertarios, que están mucho más enfocados en aceitar el diálogo con los gobernadores para bloquear la posibilidad de que se reforme la ley de DNU.
Hace dos semanas el Senado aprobó de manera repentina y con una amplia mayoría (56 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones) un proyecto para reformar la ley 26.122 que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia.
Esa norma impulsada por Cristina Kirchner en 2006 estipula que los decretos sólo pueden ser rechazados con el voto mayoritario negativo de las dos Cámaras del Congreso. Es decir, el oficialismo de turno sólo necesita juntar una mayoría simple en Diputados o en el Senado para evitar que cualquier DNU sea rechazado.
El proyecto, que ya tiene sanción del Senado y la oposición buscará sancionar en la próxima sesión, pone un límite de 90 días corridos para que el Congreso se pronuncie. Si el tema no es tratado, los decretos caen. Además, se necesita la aprobación explícita de las dos Cámaras para que se mantengan vigentes. Es decir, a la inversa de lo que ocurre actualmente, la oposición sólo necesitaría juntar una mayoría en una de las Cámaras para invalidar todos los decretos de Milei.
La oposición no oculta su apuro por avanzar con este tema porque sabe que el Presidente la vetará y luego deberán buscar la insistencia en las dos Cámaras con una mayoría especial de dos tercios de los votos. Todo esto debe lograrse antes del recambio legislativo del 10 de diciembre, ya que un buen resultado electoral le permitirá a La Libertad Avanza tener asegurado un tercio del recinto para sostener cualquier veto.
Por otro lado, esta semana comenzó a funcionar la comisión especial investigadora de las muertes por fentanilo contaminado y la Comisión de Salud avanzan con los dictámenes para interpelar a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud Mario Lugones por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Esta semana también tuvo su tercera reunión la comisión investigadora del caso $Libra. Como el titular de la Oficina Anticorrupción Alejandro Melik y la responsable de la Unidad de Investigación creada por el propio Gobierno, María Florencia Zicavo, se ausentaron por segunda vez consecutiva para declarar como testigos, la comisión hizo una presentación ante la Justicia Federal que los obliguen a ir con “auxilio de la fuerza pública”. Todavía no hubo respuesta del juez de turno, pero en caso de ser favorable, la oposición ya adelantó que también recurrirá a esta misma herramienta para obligar a Karina Milei (que igualmente podrá negarse a contestar preguntas amparándose en que ya existe una causa penal en curso).
Al Presidente también le esperan batallas determinantes en ambos recintos del Congreso. En principio, el próximo jueves el Senado buscará terminar de rechazar los vetos presidenciales a la declaración de emergencia en pediatría y el financiamiento universitario.
La primera ley otorga fondos extraordinarios para hospitales como el Garrahan y estipula una recomposición de los salarios de los trabajadores de la salud en base a la inflación, mientras que la segunda actualiza los gastos de funcionamiento de las Universidades por el Índice de Precios y también ordena reabrir la paritaria del sector. En ambos casos el Gobierno las vetó porque el costo fiscal pondría en jaque el superávit fiscal.
Dado el contundente apoyo que tuvo la insistencia en Diputados y el amplio consenso que lograron los dos proyectos en su primer paso por el Senado, todo indica que los libertarios no tienen ninguna posibilidad de festejar un éxito para la Casa Rosada.
En tanto, Diputados prepara el temario de la próxima sesión y entre los temas en negociación se destacan el rechazo al veto de la ley que propone un reparto automático por goteo diario -y según los porcentajes de la coparticipación- de los ATN y la media sanción del proyecto para repartir lo que se recauda por el impuesto a los combustibles líquidos.
Se trata de dos reclamos impulsados por los gobernadores, que buscan fortalecer las arcas provinciales quitándole discrecionalidad al Ejecutivo en el reparto de fondos, y su inclusión en el temario de una sesión no es inocente: la oposición busca obligar a las provincias a acompañar otras iniciativas, como reforma de DNU. Mientras tanto, la Casa Rosada busca recomponer la relación con los gobernadores para acallar las dudas sobre la gobernabilidad en la previa de las elecciones legislativas.
Finalmente, la primera reunión de la comisión de Presupuesto estuvo plagada de cruces entre opositores y libertarios en torno a la necesidad de citar al ministro Luis Caputo para que explique el plan económico del Gobierno y el reclamo de que el rescate financiero de la Administración Trump pase previamente por el Congreso.
La negociación del plan de gastos e ingresos será el terreno donde se expresarán las tensiones con los gobernadores y el oficialismo apunta a sancionarlo en diciembre, con la nueva composición de las Cámaras. Por su parte, la oposición ya adelantó que buscará emplazar a la comisión que preside José Luis Espert para bloquear cualquier intento de sabotear el tratamiento y volver a prorrogar (ya se prorrogó dos veces) el Presupuesto de 2023.
A contramano de lo que suele ocurrir durante los años electorales, en los que la actividad del Congreso registra sus mínimos históricos porque la mayoría de los diputados y senadores prefiere concentrarse en las campañas, el actual período legislativo estuvo plagado de iniciativas legislativas de altísimo impacto político. Y la recta final antes de los comicios del 26 de octubre al parecer sólo aumentará la centralidad del Parlamento.
