
El último sábado, el barrio porteño de Flores se convirtió en escena de una tragedia que conmocionó al vecindario. El derrumbe del alero en una vivienda de la calle Granaderos al 400 dejó como saldo una mujer muerta y su marido con una fractura de cráneo. El desprendimiento de mampostería cayó sobre la pareja mientras transitaba por el lugar, y el hecho derivó en una investigación judicial que ya tiene encuadre penal.
Fue el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) el que trasladó a ambas víctimas al Hospital Vélez Sarsfield, donde los médicos confirmaron el fallecimiento de la mujer. Su marido, en tanto, sufrió una fractura de cráneo y quedó internado en observación. Según informaron fuentes policiales a Infobae, el hombre sería luego derivado al Hospital Durand para continuar su tratamiento. Antes de eso, el personal de Bomberos de la Ciudad había logrado liberar a la pareja, que quedó atrapada bajo los escombros tras el colapso.
Una vez concluido el operativo de rescate, la Guardia de Auxilio demolió por completo el sector del alero que seguía en pie con riesgo de nuevos desprendimientos. Las inspecciones posteriores establecieron que el resto de la estructura no presentaba peligro de derrumbe, por lo que se autorizó la remoción de los escombros bajo la premisa de preservar los elementos probatorios del hecho.
La causa quedó a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 22 del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad (MPF CABA), interinamente conducida por el fiscal Sebastián Stoppani. La carátula elegida para encuadrar la investigación fue estrago culposo, figura que aplica cuando un daño de estas características se produce por negligencia o imprudencia. Desde la fiscalía, además, se dispuso una serie de medidas orientadas al esclarecimiento del hecho, mientras se aguardan los resultados de las pericias en curso.

La coordinación operativa estuvo a cargo de la auxiliar fiscal Daiana Biassotti, de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Oeste del MPF CABA. Fue Biassotti quien ordenó la intervención de la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias del Gobierno de la Ciudad, de Defensa Civil, de Bomberos y de la División Criminalística de la Policía de la Ciudad, para que cada organismo cumpliera con las diligencias que el caso requería.
Pero la investigación tuvo, además, un capítulo sin precedentes en la historia judicial porteña. En el marco de la causa, la Fiscalía autorizó por primera vez en la Ciudad de Buenos Aires la aplicación del nuevo protocolo de Autopsias Mínimamente Invasivas (AMI), recientemente aprobado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El procedimiento consistió en la realización de una tomografía y una resonancia post mortem sobre el cuerpo de la víctima, con el fin de evitar intervenciones físicas directas.
La decisión respondió a las convicciones religiosas de la mujer fallecida. Desde la fiscalía se explicó que el protocolo apunta a compatibilizar la función pericial del Estado con el respeto por las creencias de comunidades que consideran la manipulación del cadáver como una forma de profanación. El protocolo AMI responde a una demanda creciente de comunidades religiosas que, desde hace tiempo, reclaman que los procedimientos de autopsia sean compatibles con sus principios de fe, sin resignar el rigor técnico que la justicia exige.
La fiscalía aguarda los resultados de las pericias encargadas a los distintos organismos que intervinieron en el lugar del hecho, cuyos informes serán determinantes para avanzar en el esclarecimiento de las responsabilidades.



