Al considerar que una huelga “no es impedir por la fuerza que otros trabajen, compren o vendan”, un tribunal de Rosario condenó este martes a dos años y tres meses de prisión en suspenso a dos activistas del Sindicato de Camioneros de Santa Fe por haber bloqueado a la empresa Razzini durante 90 días, en 2020, en una causa clave que se congeló durante años y que estuvo a punto de prescribir hasta que fue reactivada por un fiscal.
El fallo del Tribunal Pluripersonal del Colegio de Jueces de Primera Instancia del Distrito Judicial N° 2 de Rosario, integrado por Gonzalo Fernández Bussy, Mariano Aliau y Paola Aguirre, consideró que dos de los imputados son culpables del delito de turbación de la posesión —es decir, haber perturbado ilegalmente el uso y control de un inmueble ajeno—, aunque las penas que recibieron implican que no irán a la cárcel si respetan las condiciones que el fallo impone durante todo ese período.
La sentencia cargó sobre los dos activistas sindicales un conjunto de reglas de conducta que rigen por el tiempo de la condena. Ambos deben fijar un domicilio sin posibilidad de modificarlo sin autorización judicial y quedan bajo la supervisión de la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pospenitenciaria de Santa Fe.
Además, tienen prohibido salir del país sin permiso previo del juez de ejecución y deben mantenerse a más de 200 metros de tres ubicaciones vinculadas a la empresa denunciante. Y también rige una prohibición de contacto —por cualquier medio, incluso redes sociales o a través de terceros— con los dueños de la empresa, con restricción de acercamiento inferior a 200 metros.
El tribunal advirtió que si alguna de esas reglas se incumple, el juez de ejecución podrá descontar el tiempo ya transcurrido y, ante una reiteración, revocar la suspensión de la condena, lo que obligaría a los imputados a cumplir la prisión de manera efectiva.
El juicio oral por este bloqueo, que comenzó el 2 de noviembre, también terminó con la absolución parcial de un tercer acusado del delito de turbación de la posesión. El tribunal aplicó el principio de duda razonable: ante la falta de certezas sobre su participación, la norma constitucional obligó a fallar a su favor.
Los imputados también fueron absueltos de un segundo cargo impulsado por la querella: el desbaratamiento de empresa, figura del artículo 174 inciso 6 del Código Penal que sanciona a quien frustra dolosamente la actividad económica de un tercero. El tribunal no encontró mérito suficiente para condenar en ese punto.
Respecto del delito de amenazas, que el Ministerio Público había atribuido a los imputados, el fallo declaró extinguida la acción penal por prescripción. El tiempo transcurrido desde los hechos superó el plazo legal para perseguir ese delito —dos años, según fija el Código Penal—, lo que impidió cualquier condena al respecto y derivó en la absolución de ambos por esa causa.
Un cuarto imputado en los hechos, considerado el principal acusado, es Marcelo Ortiz, cuyo abogado defensor informó que habría fallecido a principios de año, pero el fiscal solicitó un certificado o un acta de defunción para acreditar su muerte y esa documentación apareció recién horas antes del inicio del juicio.
Más allá de las condenas, esta sentencia cobra una mayor importancia porque el tribunal rosarino no consideró que los bloqueos sean parte del ejercicio del derecho de huelga contemplado en la Constitución Nacional, en otro fallo que, como el dictado por un tribunal laboral de La Matanza, va en un sentido contrario al dictado por el juez Alejandro López en San Nicolás, que absolvió a 7 acusados por haber bloqueado a Rey Distribución.
En la causa por el bloqueo contra Razzin, antes de leer el veredicto, Fernández Bussy, presidente del tribunal, dijo que “este juicio no fue un juicio contra la huelga” ya que el reclamo sindical “puede haber sido justo o injusto”, pero advirtió: “No es este tribunal quien debe decidirlo y para eso existen los cauces del derecho laboral. Lo que sí nos toca decir es dónde termina el ejercicio de un derecho y dónde empieza el delito”.
“La respuesta es clara -añadió-: la Constitución protege la huelga con firmeza y precisamente por eso hay que saber qué es. Hacer huelga es dejar de trabajar para reclamar. Así lo define la Corte Suprema en (el fallo) Orellano: la abstención o el retaceo de la prestación laboral como medio de presión. No es impedir por la fuerza que otros trabajen, compren o vendan. Ese límite no lo inventa este tribunal. Lo fija el Convenio 87 de la OIT, que obliga a los trabajadores y a sus organizaciones a respetar la legalidad, y lo reiteran los criterios del Comité de Libertad Sindical (de la OIT), que no amparan los piquetes que obstaculizan la libertad de trabajo mediante la intimidación y los excesos de carácter delictivo”.
Fernández Bussy remarcó que el tribunal “no reprocha la abstención de los trabajadores, ni el acampe, ni la carpa en la esquina, ni que se detuviera a los choferes para contarles el conflicto y pedirles solidaridad” porque “eso es protesta y la protesta no es delito”, pero aseguró que que “la prueba de este juicio muestra que en esas semanas hubo conductas que cruzaron la línea”.
La diputada libertaria Verónica Razzini fue la primera testigo en las audiencias por haber sido en aquella época una de las dueñas, junto con sus hermanos, de la empresa de distribución de materiales de construcción que fue bloqueada a partir del 8 de junio de 2020 por la exigencia de Camioneros de Santa Fe, que lidera Sergio Aladio, de que 18 de sus 100 empleados se afiliaran al sindicato, aunque la actividad de la empresa no tenía nada que ver con el transporte de cargas y el encuadramiento les correspondía al Sindicato de Comercio y a la UOCRA.
Razzini, como informó Infobae, vivió toda una pesadilla en aquel momento: la amenazaban todos los días, la escupían y la insultaban, la intimidaron con armas de fuego, le dijeron que iban a ir a la casa de su padre -con problemas de salud- para provocarle un infarto, se mudó para evitar agresiones, le advirtieron que sabían adónde estaban sus hijos y tuvo que contratar a efectivos de Infantería para resguardar a sus empleados.
Asesorados desde un primer momento por el abogado Pablo Salvatori, los Razzini presentaron una denuncia judicial por el bloqueo y lograron que la Justicia detuviera e imputara a 10 empleados y 3 delegados sindicales que impidieron el acceso a sus sedes y amenazaron a sus directivos, aunque los problemas no terminaron: en julio de 2022, la fachada de la empresa recibió 3 disparos y dejaron en la puerta un mensaje intimidatorio (”Retirá la denuncia porque no abrí (sic) nunca más. Att. Camioneros”).
Pese al impulso inicial, la causa por el bloqueo quedó trabada en la Justicia durante años y estaba cerca de prescribir hasta que hace poco, por iniciativa de un nuevo fiscal, Germán Mazzoni, pudo reactivarse y llegar finalmente al juicio que terminó con las condenas.
Tras la protesta de 2020, Razzini creó el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), desde donde ayudaron a pymes de todo el país que eran víctimas de las medidas sindicales extorsivas, hasta que la empresaria ganó su banca legislativa por el PRO en diciembre de 2023 y hace un año pasó a La Libertad Avanza.
En diálogo con Infobae, Razzini señaló: “Estoy satisfecha. Sólo esperaba una condena. Entiendo que la legislación en estos temas es compleja, pero la cantidad de pruebas que llevamos a la Justicia fue tan grande que si no había una condena iba a ser muy doloroso poder soportarlo. Desde hace años estamos dando una batalla fuerte contra la mafia sindical y decidimos que íbamos a cambiar la historia. Es lo que estamos haciendo”.
Para la actual diputada, “vamos sumando precedentes en la Justicia contra los bloqueos todos los meses; si bien tuvimos ese batacazo doloroso que fue el fallo de San Nicolás por Rey Distribución, después tuvimos el fallo de FADEMI; la semana pasada la sentencia en La Matanza que cuestionó esas protestas y van a seguir otras”.
“Hoy tenemos el fallo de nuestra causa -añadió-, pero son muchos más los que están en camino porque es mucha más la cantidad de gente que entendió que había que perder el miedo y dar batalla. Eso es lo que los empresarios empezaron a hacer. Empezaron a luchar contra la mafia sindical y vamos a lograr se terminen los bloqueos en Argentina, que es lo que nos propusimos”.
Razzini enfatizó que “el objetivo es que se termine esta costumbre de maltratar a los empresarios y lograr que el sindicalismo cambie sus métodos”. Y agregó: “Cuando terminó el juicio, miré a las personas que bloquearon mi empresa y les dije: ‘Replantéense los métodos. Dejen de hacer terrorismo sindical porque el sindicalismo no está para esto en Argentina. El sindicalismo tiene que reconstruirse y defender a los trabajadores, que no significa usarlos para sostener sus privilegios. Ustedes deben reflexionar y nosotros seguiremos trabajando para blindar a los empresarios que emprenden e invierten en Argentina y para seguir demostrándole a la sociedad que bloquear es delito’”.
