Un hombre quedó imputado en Bariloche, provincia de Río Negro, por una presunta defraudación mediante la disposición de bienes fideicomitidos, luego de que la Fiscalía le atribuyera la venta, transferencia y constitución de hipotecas sobre un campo de 108 hectáreas vinculado a un desarrollo inmobiliario.
La acusación sostiene que el terreno había sido aportado para un fideicomiso destinado a concretar ese proyecto y que existía una condición previa para habilitar operaciones sobre la propiedad: el pago íntegro de una cuota de USD 480.000. Según la hipótesis fiscal, esa obligación no se habría cumplido antes de las maniobras cuestionadas.
Durante la audiencia de formulación de cargos, el Ministerio Público Fiscal expuso que los actos de disposición habrían comprometido los derechos de quienes entregaron la tierra. El juez de Garantías Víctor Gangarrossa dio por formulados los cargos y habilitó una investigación penal preparatoria por el término de cuatro meses.
El fiscal Guillermo Lista explicó ante el tribunal que el imputado recibió el inmueble de 108 hectáreas con el objetivo de impulsar el emprendimiento inmobiliario. De acuerdo con la acusación, el contrato de fideicomiso establecía límites para la venta total o parcial del predio hasta que se cancelara la cuota acordada con quienes aportaron el terreno.
De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Río Negro, la Fiscalía planteó que, sin haber completado ese pago, el acusado habría inscripto primero el inmueble a su nombre. Luego, según la exposición de Lista, se habrían realizado transferencias hacia sociedades que también estaban bajo su administración.
La imputación incluye, además, operaciones de venta y la constitución de hipotecas en favor de terceros. Para el Ministerio Público Fiscal, esas actuaciones afectaron la posibilidad de los aportantes de recuperar el bien en los términos previstos en el acuerdo original.
Para sostener la formulación de cargos, el fiscal mencionó distintos elementos reunidos durante la etapa inicial del expediente. Entre ellos figuran contratos vinculados al fideicomiso, escrituras públicas, informes de dominio y documentación municipal.
También se incorporaron registros societarios, cartas documento, comunicaciones intercambiadas entre las partes y entrevistas. Según indicó Lista, el conjunto de esos elementos permitiría seguir la secuencia de transferencias realizadas sobre el inmueble ubicado en Bariloche.
El desarrollo de la investigación buscará determinar el alcance de cada transferencia, venta e hipoteca mencionada durante la audiencia. Asimismo, deberá establecer si los actos se concretaron bajo las condiciones previstas en el fideicomiso o si, como postula la Fiscalía, se realizaron en contradicción con las restricciones pactadas.
Tras la exposición fiscal, la querella acompañó el pedido para abrir formalmente la investigación penal y respaldó el plazo solicitado por el Ministerio Público Fiscal. La parte acusadora particular sostuvo que el imputado conocía las obligaciones fijadas en el contrato.
En ese sentido, el representante de los damnificados afirmó que “el acusado conocía las limitaciones que regían sobre el inmueble y que el contrato exigía el pago completo de la cuota para habilitar las ventas”. La manifestación fue expuesta en la audiencia como respaldo de la postura de los aportantes de la tierra.
La defensa particular del acusado, por otro lado, rechazó la interpretación de la acusación sobre las cláusulas vinculadas al pago de la cuota. Durante la audiencia, cuestionó la lectura que hicieron la Fiscalía y la querella acerca de las condiciones necesarias para realizar operaciones sobre el inmueble.
Además, anunció que promoverá pericias contables y que podría solicitar pericias caligráficas sobre los instrumentos y comprobantes incorporados en el expediente.
Por su parte, el imputado efectuó una breve declaración ante el juez y manifestó su desacuerdo con la versión expuesta por las partes acusadoras.
El juez Gangarrossa tuvo por formulados los cargos contra el hombre como presunto autor de defraudación por disposición fraudulenta de bienes fideicomitidos por parte del titular fiduciario. A la vez, estableció que deberá mantener el domicilio que informó al tribunal y concurrir a cada audiencia a la que sea citado.
La investigación penal preparatoria tendrá un plazo inicial de cuatro meses. Durante ese período, la Fiscalía, la querella y la defensa podrán avanzar con las medidas de prueba que consideren pertinentes para esclarecer las operaciones realizadas sobre el predio y las obligaciones previstas en el fideicomiso.
