El Reino Unido anunció hoy la implementación de medidas legales para proteger la explotación petrolera en las islas Malvinas frente a las presiones económicas de Argentina. El gobierno británico invocó la legislación de Protección de Intereses Comerciales (PTI) para blindar a las empresas involucradas en el proyecto Sea Lion, una acción que refuerza el respaldo de Londres. La decisión se produjo tras la presentación del gobierno argentino de una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM).
En simultáneo, medios británicos como The Telegraph informaron que Ed Miliband, secretario de Relaciones Exteriores británico, autorizó la actividad de Sea Lion, según confirmó Navitas, la compañía israelí que lidera el proyecto junto a la británica Rockhopper Exploration.
La legislación de Protección de Intereses Comerciales (PTI) le permite al gobierno tomar acciones concretas para “blindar” a las empresas. Entre otros puntos, permite prohibir a las compañías y personas bajo jurisdicción del Reino Unido que cumplan con leyes extranjeras (en este caso, las leyes argentinas que imponen sanciones o restricciones a quienes operan en Malvinas).
También impide que los tribunales británicos reconozcan o ejecuten sentencias extranjeras contra actividades legítimas en las islas, y habilita a las empresas a reclamar ante la justicia británica la recuperación de cualquier daño económico sufrido como consecuencia de esas presiones externas.
El Gobierno -según información oficial- tramitará la legislación secundaria “con la mayor celeridad posible, con el objetivo de que entre en vigor antes de finales de año”.
Sea Lion está ubicado a unos 240 kilómetros al norte de las islas, en aguas de aproximadamente 500 metros de profundidad. Navitas comenzó a perforar a principios de 2026 y prevé desarrollar 23 pozos en el sector norte del yacimiento con dos buques de producción para procesar y transportar el crudo. Según las estimaciones de las empresas, el proyecto podría comenzar a producir en 2028 y alcanzar una capacidad de hasta 180.000 barriles diarios.
“Esto deja claro, sin lugar a dudas, que este Gobierno actuará cuando Argentina intente obstaculizar la actividad comercial legítima del Reino Unido. Implementaremos medidas en el marco de la legislación sobre la Protección de los Intereses Comerciales (PTI) para salvaguardar los intereses del Reino Unido y continuaremos colaborando estrechamente con las empresas afectadas. Estas medidas envían una señal clara de que no nos quedaremos de brazos cruzados mientras Argentina intenta aplicar su legislación interna para obstaculizar intereses comerciales legítimos en las Islas Malvinas”, señaló el secretario de Estado de Empresa y Comercio, Jonathan Reynolds.
Miliband, en tanto, afirmó: “El apoyo del Reino Unido a las Islas Malvinas es firme. Los intentos de Argentina de intimidar a empresas e individuos que realizan actividades comerciales legítimas son inaceptables. Las empresas deben tener libertad para tomar decisiones comerciales lícitas sin la amenaza de coerción política. Siempre defenderemos a los habitantes de las Islas Malvinas, su derecho a determinar su propio futuro y su derecho a buscar un desarrollo económico legítimo”.
Ayer, el primer ministro británico, Andy Burnham, ya había defendido la actividad petrolera de Sea Lion durante su intervención ante la Cámara de los Comunes para reafirmar la posición de Londres sobre el archipiélago. En su declaración, indicó que había planteado el asunto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y mencionó de forma explícita la voluntad de los isleños de continuar vinculados al Reino Unido. “Siempre haremos lo que sea necesario para defender su voluntad”, afirmó el primer ministro, según consta en la versión publicada por el gobierno británico.
“Hemos demostrado de manera constante nuestro apoyo inquebrantable a los habitantes de las islas y al proyecto Sea Lion. Lo dejé muy claro en Nueva York. Sé que la Oficina de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo trabaja activamente en este asunto, y daremos a conocer más novedades a su debido tiempo”, señaló Burnham.
A primeras horas de hoy, la Cancillería argentina y la Secretaría de Legal y Técnica presentaron ante el TIDM una solicitud formal de medidas provisionales. La presentación formula cuatro requerimientos urgentes: la prohibición de nuevas actividades extractivas, la restricción en el uso de información técnica obtenida durante las exploraciones, la exigencia de que el Reino Unido se abstenga de otorgar nuevos permisos, y la preservación de los derechos soberanos argentinos sobre la plataforma continental mientras se sustancia el procedimiento arbitral principal iniciado el 28 de septiembre bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).
Las decisiones provisionales del TIDM son de cumplimiento obligatorio para los estados involucrados.
