El Ministerio de Seguridad Nacional trasladó 609 internos de la cárcel de Villa Devoto al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz durante los primeros dos días del operativo, que arrancó el domingo 11 de octubre.
La medida representa el 40% de la población penal del establecimiento y pone en marcha la desocupación de Devoto y la apertura del nuevo complejo.
El procedimiento priorizó la seguridad, la integridad física y los derechos de las personas involucradas. Incluyó evaluaciones médicas, un espacio para recibir y estabilizar pacientes ante posibles emergencias, y sistemas de identificación y registro de los internos y sus pertenencias.
El traslado se realiza de forma progresiva, pacífica y ordenada bajo la coordinación del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y las fuerzas federales. El dispositivo reúne aproximadamente 1.000 funcionarios penitenciarios y 600 efectivos de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con comunicaciones radiales y seguimiento satelital de los vehículos.
Antes del ingreso de los internos, el SPF probó las instalaciones, los servicios esenciales, los sistemas de seguridad y las condiciones de funcionamiento con la participación de 1.080 efectivos, cadetes y cursantes de sus institutos de formación. Esa evaluación permitió detectar necesidades y realizar ajustes en el complejo, se informó oficialmente.
En estas primeras jornadas, la “logística y trazabilidad” incluyó “3000 bolsones precintados para efectos personales, monitoreo por GPS en los vehículos de traslado, un sistema de triaje médico e identificación mediante pulseras con código QR, la instalación de 224 teléfonos públicos y un canal de consultas informativas por WhatsApp”.
La habilitación de Marcos Paz y la desafectación penitenciaria de Devoto fueron dispuestas por la Resolución 1042/2026, en el marco del convenio firmado en 2018 entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. La Resolución 1018/2026 creó el Comando Unificado Federal a cargo del operativo.
La preparación incluyó reuniones con la Cámara Federal de Casación Penal, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y los juzgados federales vinculados con Devoto y con el nuevo complejo. También hubo coordinación con la Iglesia católica.
Las imágenes oficiales reflejan las características del operativo. Para la conformación de cada contingente, se elaboró a partir del perfil criminológico de los detenidos y de una evaluación de los riesgos de cada movimiento. Antes de la salida, los internos reciben controles médicos e identificaciones con códigos QR, que permiten registrar su egreso de Devoto y su llegada a Marcos Paz. También se prepararon bolsones para sus pertenencias, con precintos numerados y actas individuales que permiten identificar cada envío.
Los vehículos penitenciarios circulan con seguimiento satelital dentro de convoyes custodiados por móviles policiales y motocicletas. El trayecto entre ambos complejos es de unos 55 kilómetros e implica cortes de tránsito, vallados en las inmediaciones de Devoto y un esquema de custodia durante todo el recorrido.
Ante el comienzo del operativo, organismos de derechos humanos cuestionaron la modalidad en la que se llevó a cabo la medida. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) criticó que la puesta en marcha se haya hecho “sin aviso previo ni a familiares, ni a defensores, ni a los organismos de control”. “El Gobierno nacional incumplió así los acuerdos previos para que este proceso se realice con todas las garantías necesarias”, expuso.
“Los traslados apuntan a vaciar la cárcel de Devoto para que el predio quede disponible para el negocio inmobiliario. Empezaron por el traslado de los estudiantes universitarios sin garantizar su continuidad educativa. Todo se hizo con mucho hermetismo. Los organismos de control no pudimos ingresar a monitorear la situación”, argumentaron desde la entidad.
En el marco de esa controversia, la Justicia rechazó un “habeas corpus colectivo y correctivo” que había presentado la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) “en favor de todas las personas privadas de su libertad alojadas actualmente en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya que la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF) los trasladaría el domingo- (o de forma inminente en los próximos días) sin informarles previamente la unidad de destino, posiblemente sin notificar a su defensa y al juez a cuya disposición se encuentran incumpliendo las previsiones dispuestas en el Protocolo de Traslado de Personas Privadas de Libertad” en el ámbito de la institución.
Pero el juez en lo criminal y correccional Santiago Bignone descartó estos argumentos, tras una audiencia este lunes en la que se escuchó los argumentos de las partes.
En su presentación, la Procuración Penitenciaria planteó que dentro del citado “colectivo” de reclusos “se encontraban las personas que cursan estudios universitarios en el Centro Universitario Devoto (CUD), en el marco del Programa UBA XXII de la Universidad de Buenos Aires (UBA) cuya continuidad de estudios no estaría asegurada en su nuevo alojamiento” en Marcos Paz.
El juez Bignone analizó la situación y argumentó “no se advierte que se haya acreditado una afectación concreta de la integridad personal de las personas trasladadas, de sus vínculos familiares, de la finalidad de reinserción social de la pena, de los derechos de los niños eventualmente involucrados ni de las garantías judiciales y la protección judicial”, según se desprende del fallo.
Y agrega: “Tampoco se han identificado circunstancias que permitan concluir que la sola modificación del establecimiento de alojamiento, en el contexto de la reorganización general examinada, haya ocasionado una vulneración de esos derechos o genere, en las condiciones actualmente acreditadas, un riesgo cierto e inminente de que ello ocurra”.
“Mientras no se acredite que el traslado impida el ejercicio de un beneficio vigente, altere ilegítimamente las condiciones fijadas judicialmente o genere un obstáculo concreto para avanzar en la progresividad, no corresponde presumir un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención respecto de la totalidad de las personas comprendidas en ese grupo, sin perjuicio de la procedencia de la vía de habeas corpus cuando se demuestre una afectación concreta o una amenaza cierta de que esta se produzca”, concluye Bignone en su fallo.
Este martes, el Poder Ejecutivo informó que en Marcos Paz “continuarán los talleres laborales, la formación profesional y las actividades educativas de los niveles primario, secundario y universitario”. Y remarcó que el SPF informó a los internos y sus familias sobre las etapas, los destinos de alojamiento y los cronogramas de visitas, al notificar a los juzgados competentes sobre cada traslado.
Las consultas pueden realizarse mediante la línea 0810-222-1196 y el sitio https://asistente-consultas.spf.gob.ar/, con verificación de los datos registrados en el Sistema Único de Visitas. El operativo continuará de manera progresiva hasta completar la desocupación de Devoto.
