Una denuncia penal contra tres psicólogas de Rosario que habían sido sindicadas de haber elaborado una serie de informes de abusos infantiles falsos para desvincular a los niños de sus padres, fue archivada por el Ministerio Público de la Acusación. Según las fiscales Guillermina Aiello y Bárbara Glikman, que analizaron la presentación, no se reunieron “elementos serios, precisos y verosímiles para continuar fundadamente” con una investigación.
El caso cobró notoriedad mediática en marzo de este año, cuando un grupo de abogados, en representación de padres que afirmaron haber sido distanciados de sus hijos a partir de causas penales –algunas de ellas basadas en informes de tres psicólogas de Rosario–, empezaron a brindar entrevistas en radios y televisión sobre el tema. Sin embargo, la difusión en los medios sobrevino varios meses después de la presentación judicial, que se remonta al 11 de septiembre del año pasado.
Tras la repercusión pública del caso, el fiscal regional Matías Merlo dispuso reforzar el equipo destinado a analizar la presentación, en la que se sostenía que las tres profesionales habían conformado una presunta asociación ilícita y cometido delitos como falso testimonio agravado y corrupción de menores. Por ese motivo, a la fiscal Guillermina Aiello se sumaron sus colegas Bárbara Glikman y Guillermina Torno.
Salvo Torno, que se encuentra de licencia, Aiello y Glikman se despacharon en un extenso escrito en el que argumentaron la desestimación de la denuncia penal.
En primer término, rechazaron que hayan sido solo los informes de P.B.A., G.R.S. y N.V.A. los que hayan impulsado las causas por abuso sexual infantil contra distintos padres de víctimas. “Esas investigaciones ya se encontraban finalizadas en sede penal, ya sea por desestimación, archivo fiscal, o por una sentencia absolutoria”, ponderaron.
En el escrito de septiembre de 2025, las profesionales habían sido señaladas por haberse dedicado a la supuesta emisión sistemática de informes con diagnósticos falsos o prearmados sobre niños en causas de abuso sexual para favorecer a las madres e impedir el contacto paterno filial. Agregaba el documento que a cambio, P.B.A., G.R.S. y N.V.A. ofrecían a cambio de sumas dinerarias un supuesto “pack” que incluía el abordaje psicológico, la emisión de informes y la intervención de abogados para asesorar o realizar denuncias penales.
Las funcionarias del Ministerio Público de la Acusación rechazaron que las psicólogas hayan integrado una asociación ilícita. “Si bien forman parte de una misma asociación civil, no se pudo acreditar con elementos objetivos que exista un pacto entre las mismas y entre éstas y las progenitoras denunciantes para la comisión de ilícitos”, comentaron al tiempo que añadieron respecto de la acusación de que las tres abordan un campo específico: “Es frecuente que un grupo reducido de profesionales esté especializado en una materia concreta como la presente”.
“Los denunciantes no pudieron precisar en qué consistía ese pack, cuánto, a quién se le abonaba, cómo se efectuaba ese pago. De los relatos brindados se desprende que se trataron de claras conjeturas y aseveraciones sin sustento, más allá de sus creencias personales”, dijeron.
Para Glikman y Aiello, las formas de trabajo que adoptaron en el abordaje terapéutico “no distan” de las mencionadas como de “rutina respecto de pacientes de corta edad”. “Si bien los informes no parte de una tarea pericial, sino clínica, lo denunciado constituye un desconocimiento de las condiciones de los informes desde la idoneidad del testigo experto psicológo”, ampliaron.
Al referirse al supuesto uso de “informes copiados” de parte de las psicólogas, profundizaron: “Debe considerarse que hay expresiones que se corresponden con indicadores específicos e inespecíficos de abuso sexual en la infancia. Los niños y niñas pueden no verbalizar los hechos de forma directa e inmediata. Es decir, los indicadores reconocidos en la materia remiten a las recurrencias en el marco de determinadas afectaciones. A pesar de ellos, en modo alguno, esta Fiscalía encuentra ‘copias’ o ‘identidad’ entre los informes presentados”.
Las fiscales descartaron también el delito de falso testimonio, ya que para ello se debe detectar la afirmación deliberada y dolosa de una falsedad. Por lo tanto, la existencia de discrepancias diagnósticas, disensos profesionales o críticas metodológicas entre peritos no configura un delito penal, según interpretaron. En todo casos, subrayaron, debería intervenir el Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos ante eventuales errores o mala praxis, y no la Justicia penal.
A la hora de desestimar la denuncia también manifestaron que no cometieron corrupción de menores, puesto que no tiene sustento fáctico ni normativo. Expresaron que las profesionales se ajustaron a la contención y escucha de los menores sin la realización de acción alguna que interfiera en su libre desarrollo sexual.
