El fiscal general adjunto en lo Penal y Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Riggi, cuestionó la decisión de la jueza Laura Beatriz De Marinis, quien declaró inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad para un caso de tentativa de robo y sobreseyó a un adolescente de 14 años.
Riggi confirmó que el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad presentó una apelación contra la resolución y pidió que la Cámara trate el planteo con rapidez. “Ya interpuso el recurso de apelación, que ojalá rápidamente lo trate la Cámara”, afirmó durante una entrevista radial.
El funcionario se refirió a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 27.801, que fijó en 14 años la edad mínima de punibilidad. Según explicó, la jueza dejó sin efecto ese artículo para el expediente en cuestión y aplicó el régimen anterior, establecido en la Ley 22.278.
“La jueza solo declara un artículo de la ley, que es el artículo uno de la 27.801, que es el que fijaba bajarlo a 14 años la responsabilidad, o sea, la punibilidad”, sostuvo Riggi en diálogo con Radio Mitre.
De Marinis sobreseyó al joven imputado por tentativa de robo al considerarlo no punible. En su fallo, la magistrada evaluó la situación de vulnerabilidad del adolescente, el grado de tentativa y la ausencia de lesiones a la víctima.
Riggi describió esos elementos al explicar los argumentos de la resolución. “Aplica el régimen anterior, la 22.278. Para eso toma en cuenta la edad, la vulnerabilidad, el grado de tentativa y que no hubo lesiones”, señaló.
El fiscal general adjunto dijo que la Fiscalía detectó problemas en la argumentación de la decisión. “Nosotros hallamos una ‘debilidad enorme’ en varios de los fundamentos de esa decisión”, afirmó.
Riggi anticipó que existen siete puntos jurídicos para cuestionar la sentencia, pero la comunicación se interrumpió antes de que pudiera enumerarlos.
El funcionario aclaró que su crítica no apuntaba contra la facultad de los jueces para controlar la constitucionalidad de las normas. “No voy a hacer un ataque personal, sino simplemente jurídico”, dijo.
Riggi reconoció que los jueces pueden declarar inconstitucional una ley cuando el caso lo requiera. Sin embargo, sostuvo que esa potestad debe aplicarse como última alternativa.
“No voy a negar que un juez puede hacer un control de constitucionalidad y que es una facultad y un deber, incluso llegado el caso”, expresó el representante del Ministerio Público Fiscal.
Luego citó el criterio de la Corte Suprema de Justicia sobre ese tipo de resoluciones. “Según la Corte, es el acto de suma gravedad y extremo, es lo último. Es decir, si no le queda ninguna otra salida, podría llegar a declarar inconstitucionalidad”, afirmó.
La jueza De Marinis resolvió el caso de un adolescente identificado por las iniciales M.I.A., imputado por una tentativa de robo ocurrida el 10 de septiembre. La resolución dispuso su sobreseimiento y ordenó la intervención del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad para elaborar un plan de acompañamiento familiar, facilitar su regreso a la escuela y promover su acceso a actividades recreativas.
El fallo no suspendió la vigencia general de la Ley Penal Juvenil. La decisión alcanzó únicamente al adolescente involucrado en el expediente, según había explicado el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia.
Tapia también confirmó que la Fiscalía apeló la sentencia y expresó su expectativa de que la Cámara revoque la decisión. A la vez, anunció que presentará, a título personal, un pedido de jury contra De Marinis ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad.
