En medio de la polémica por el fallo que suspendió el Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, el ex presidente Mauricio Macri apuntó contra la jueza Marta Pascual y remarcó que no respetó la competencia del Poder Legislativo.
A través de un escrito que publicó en su cuenta de X, el ex mandatario sostuvo: “Resulta inaceptable que, mediante una medida cautelar dictada por un juzgado provincial, se haya impedido la aplicación de una ley nacional en la Provincia de Buenos Aires”.
El líder del PRO cuestionó de forma explícita el razonamiento con el que Pascual fundamentó su resolución. Citó un pasaje de la propia sentencia en el que la magistrada reconoció que su decisión partía de presunciones: “El Poder Judicial no puede esperar a que la violación de derechos se produzca para intervenir, cuando cuenta con elementos de juicio que hacen presumir razonablemente que ello sucederá”. El ex presidente señaló que esos elementos nunca fueron presentados en el expediente.
A eso sumó un argumento de orden constitucional. “Nuestro sistema constitucional no le atribuye al Poder Judicial la capacidad de hacer una revisión preventiva sobre las decisiones legislativas”, escribió. Para el ex mandatario, los tribunales solo pueden ejercer el control de constitucionalidad en el marco de causas concretas, no de forma abstracta o anticipada.
El resultado de la medida cautelar, según describió Macri, es que una norma del Congreso de la Nación, promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional y vigente en todo el territorio argentino, quedó sin efecto en la jurisdicción más poblada del país y con mayores índices de violencia. “Es realmente muy preocupante esta alteración del equilibrio que debe existir entre los poderes del Estado”, concluyó.
El fallo al que apunta el ex presidente fue dictado el 7 de septiembre de 2026 por Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora. La magistrada suspendió preventivamente por 60 días la aplicación de la Ley 27.801 —que fijó en los 14 años la edad de responsabilidad penal— en toda la provincia de Buenos Aires. La decisión se adoptó en el marco de un hábeas corpus preventivo colectivo impulsado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.
En ese marco, el fiscal Hernán Cerutti, de la Delegación del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dependiente de la Fiscalía General Departamental, apeló la resolución este miércoles y solicitó que la cautelar quede sin efecto mientras interviene la Cámara de Apelación y Garantías. Para el Ministerio Público, la decisión de Pascual genera un “gravamen institucional y jurídico de extrema gravedad”, porque extiende los efectos de una decisión judicial a todo el territorio bonaerense sin identificar un acto concreto, ilegal o arbitrario que hubiera restringido la libertad de algún adolescente.
Uno de los ejes centrales de la apelación es el uso del instituto del hábeas corpus. El artículo 405 del Código Procesal Penal bonaerense establece que esa herramienta procede cuando existe una acción u omisión que, de forma actual o inminente y en forma ilegal o arbitraria, provoca una restricción o amenaza a la libertad personal. Según el recurso presentado por Cerutti, ninguna de esas circunstancias fue acreditada: no se identificó a ningún adolescente detenido como consecuencia directa de la aplicación de la norma, ni una decisión policial, administrativa o judicial concreta que hubiera restringido ilegalmente su libertad.
La Fiscalía también cuestionó la base empírica del fallo. Pascual había advertido que la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años al sistema penal podía aumentar considerablemente la cantidad de jóvenes alcanzados por ese régimen, y que la provincia debía contar previamente con la infraestructura y los recursos profesionales necesarios para garantizar sus derechos. El Ministerio Público objetó que esa conclusión fue formulada sin datos concretos y enumeró una serie de interrogantes que la sentencia no respondió: cuántos adolescentes serán efectivamente incorporados, cuántos podrán ser privados de su libertad, cuál será la capacidad disponible en los establecimientos y qué medidas de adecuación podría adoptar el gobierno bonaerense. “La conclusión adoptada por la resolución transforma una posibilidad en una certeza”, afirmó en el escrito de apelación.
Marta Pascual tiene más de 35 años de vínculo con áreas de niñez y adolescencia. Abogada egresada de la Universidad Nacional de La Plata, con posgrados en Derecho Público y Magistratura, ocupó cargos en organismos provinciales dedicados a esas políticas durante la gestión de Hilda “Chiche” González de Duhalde, llegó a ser ministra de Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires y luego pasó al Poder Judicial bonaerense. También trabajó como consultora de UNICEF y presidió la Asociación Internacional de Magistrados de Juventud y Familia.
En una entrevista radial reciente, la magistrada aclaró su postura: “No estoy en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad. No romantizo a los chicos que salen con un arma. Hay una sensación de que con esta ley le damos más seguridad a la gente, pero no vamos a crear más seguridad. Tenemos que tener los mecanismos para poder implementar la ley”.
