El nuevo régimen penal juvenil ya está vigente y establece que desde los 14 años los adolescentes pueden ser considerados responsables penalmente. Especialistas explicaron cómo funcionará el sistema, cuáles son las penas previstas y por qué se busca priorizar la resocialización.
El nuevo régimen penal juvenil ya está vigente en Argentina y genera cambios importantes en la forma en que la Justicia aborda los delitos cometidos por adolescentes.
Uno de los principales cambios es la baja de la edad de punibilidad de 16 a 14 años. Esto significa que, a partir de esa edad, un adolescente puede ser considerado responsable penalmente por conductas previstas en el Código Penal.
El periodista especializado en temas judiciales Marcelo Cuello explicó que la reforma amplía además el abanico de delitos que pueden ser abordados por la Justicia Penal Juvenil.
El nuevo escenario también contempla una mayor participación de las familias y una vinculación más directa de los padres con el proceso judicial cuando sus hijos estén involucrados en hechos delictivos.
QUÉ EXPLICÓ GONZALO ASCÁRATE
El ex juez de menores Gonzalo Ascárate destacó que el cambio no se limita a la edad.
Según explicó, el régimen anterior dejaba fuera determinadas conductas consideradas de menor gravedad, como algunos casos de hurto y daños.
Con la nueva normativa, se amplía el catálogo de delitos que pueden ser investigados cuando son cometidos por adolescentes.
NO TODO DELITO TERMINA EN PRISIÓN
El juez Penal de Niños, Niñas y Adolescentes Federico Moeykens aclaró que la posibilidad de iniciar un proceso penal no significa que todos los adolescentes terminen privados de su libertad.
En los delitos leves se busca, en la medida de lo posible, evitar la judicialización y utilizar alternativas.
Entre ellas aparecen tareas comunitarias, monitoreo, seguimiento socioeducativo y tratamientos vinculados al consumo problemático de sustancias.
El objetivo es que el adolescente pueda asumir responsabilidad por lo ocurrido, pero también evitar que el paso por la Justicia termine generando una mayor estigmatización.
PENAS DE HASTA 15 AÑOS
Moeykens explicó además que el nuevo régimen establece una pena máxima de 15 años de prisión para las personas menores de edad y prohíbe las penas perpetuas.
Otro cambio importante es que ya no necesariamente habrá que esperar hasta los 18 años para establecer una pena.
Ante un delito grave, el adolescente puede ser sancionado durante el proceso, según los tiempos de investigación y juzgamiento.
UN DATO SOBRE LOS DELITOS COMETIDOS POR MENORES
Moeykens señaló que los delitos cometidos por personas menores de edad no superarían el 5% del total y que, dentro de ese porcentaje, la mayoría corresponde a hechos que no son graves.
Por eso, remarcó la importancia de evitar generalizaciones y diferenciar los casos excepcionales de delitos graves de la realidad general de los adolescentes en conflicto con la ley.
TUCUMÁN ASEGURA ESTAR PREPARADA
El gobernador de Tucumán también se refirió a la aplicación del nuevo régimen y aseguró que la provincia cuenta con infraestructura para comenzar a implementarlo.
En ese sentido, destacó el Instituto Cura Brochero, destinado a adolescentes y con una capacidad estimada de entre 80 y 100 jóvenes.
El mandatario remarcó que los menores no deben ser alojados en cárceles de adultos y que estos espacios deben permitir trabajar en su recuperación y reinserción social.
“Estamos listos para que la ley se la aplique mañana si es necesario”, afirmó.
La implementación del nuevo régimen plantea así un doble desafío: garantizar que los adolescentes respondan por los delitos que cometan y, al mismo tiempo, generar herramientas que permitan su resocialización y reinserción en la sociedad.
