Un acuerdo inédito puede hacer tambalear aún más al imperio agrietado de Hugo Moyano: cámaras empresariales de unas 10 provincias resolvieron “desengancharse” del convenio colectivo de trabajo que rige en el transporte automotor de cargas a nivel nacional y firmar convenios regionales que se adaptarán a la realidad económica de cada zona.
Se trata de una rebelión que afecta a la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), una de las tres cámaras del sector, y que pondrá en crisis a esta entidad y también al poder centralizado que mantiene el Sindicato de Camioneros.
Según lo acordado en Córdoba a fines de junio, los rebeldes del interior buscarán reemplazar el convenio nacional vigente por un esquema regional con una base de 10 puntos en lugar de los 50 ítems del convenio colectivo de trabajo 40/89 con negociaciones por provincia desde septiembre y sin ninguna reducción del salario de bolsillo, según precisaron fuentes empresariales del transporte automotor de cargas.
La idea de las cámaras de provincias como San Juan, Mendoza, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba, entre otras, es plantear esta descentralización del convenio colectivo en la asamblea que tendrá FADEEAC el 21 de este mes en la ciudad de Buenos Aires.
Esta entidad era la principal de la actividad hasta 2019, pero varias de las cámaras que la integraban dejaron sus filas ese año para crear la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), en una jugada originada en una pelea interna, pero detrás de la cual siempre se sospechó que estuvo el Sindicato de Camioneros para romper la unidad empresarial.
FADEEAC, presidida por Cristian Sanz, es la cámara más tradicional del sector ya que fue creada en 1967 y agrupa hoy a 43 entidades de todo el país. Según su sitio web, reúne al 65% de los empresarios que ”transportan desde una tarjeta de crédito, clearing bancario, caudales, lácteos, perecederos, postales, cargas fraccionadas y productos esenciales para la comunidad hasta cargas excepcionales para lo cual interviene la Ingeniería Privada del Transporte”.
La idea de las cámaras rebeldes del interior es tomar el convenio colectivo nacional como una base y, a partir de allí, negociar según las características y las posibilidades de cada región o de cada provincia. En principio, apuntarían a firmar convenios de la región Norte, Centro y Sur del país. “Hoy, todos pagamos un sueldo pactado en Buenos Aires y algunos vivimos en provincias en crisis; es imposible mantener esa estructura”, dijo a Infobae uno de los disidentes disidentes de FADEEAC, que advirtió: “La decisión está tomada y no daremos marcha atrás”.
Los gestos de rebelión en FADEEAC son una consecuencia directa de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que, por un lado, dinamitó el principio de ultraactividad y obligará a que se renegocien todos los convenios colectivos. Y, por otro, estableció un nuevo esquema de prelación entre convenios colectivos de trabajo al disponer que los acuerdos de ámbito menor (por región o por empresa) podrán prevalecer sobre los de ámbito superior (por rama de actividad). E incluso los convenios de ámbito mayor no podrán modificar ni disponer el contenido de los acuerdos de ámbito menor.
Esa una de las innovaciones que pondrá en jaque al viejo modelo sindical argentino, cuyo poder se basa en un sistema que privilegia la negociación centralizada y avalada por el gremio más representativo por rama de actividad, al que el Estado le concede la personería y, por ende, derechos exclusivos como firmar convenios colectivos en nombre de todos los trabajadores de su sector y administrar las obras sociales.
La decisión de los rebeldes de FADEEAC amaga con replicarse en cámaras de otras actividades y causa pánico en los sindicalistas más experimentados. También por ese motivo en la CGT se comenzaron a pintar la cara: temen la fragmentación del gremialismo que se producirá si se generalizan los convenios regionales o de empresa acentúe su crisis de representatividad.
El temor también se multiplica porque la reforma laboral limitó las cuotas solidarias, que financian el aparato sindical mediante descuentos compulsivos en los salarios de los trabajadores a través de los convenios colectivos de trabajo. Ahora, esos aportes clave tienen un tope del 2% de los sueldos y una vigencia de 2 años, que el Gobierno ya podría exigir que se apliquen y que inexorablemente deberán respetar empresarios y sindicalistas cuando se sienten a renegociar los actuales convenios.
En el caso del Sindicato de Camioneros, tiene una cuota solidaria del 3%, una de los más altas de todo el espectro gremial y sus dirigentes tenían previsto bajar ese aporte al 2% recién cuando se discutiera el nuevo convenio colectivo de trabajo de la actividad.
Sin embargo, el 1° de julio, el juez laboral Herman Mendel frenó la instrumentación de varios artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral y de su decreto reglamentario para el convenio colectivo de Camioneros y de esa forma dejó a salvo la “caja sindical”: son los vinculados con el seguro de sepelio, el subsidio mensual a favor de la viuda, la extensión de la cobertura de obra social, programas de capacitación profesional, actividades sociales y culturales, ayudas asistenciales y prestaciones extraordinarias acordadas en las negociaciones colectivas.
Aun así, el escenario que plantean los convenios regionales es una pesadilla para Moyano. Hoy ya tiene problemas para negociar aumentos salariales que compensen la inflación y para pactar contribuciones empresariales en auxilio de la obra social de Camioneros, en una crisis financiera que deriva en corte de prestaciones médicas y quejas de los afiliados.
Cuando los líderes cegetistas comenzaron a debatir su flamante plan de lucha, hace dos semanas, uno de los dirigentes propuso intensificar las protestas contra el Gobierno con una apelación cargada de dramatismo: “Si tengo que morir, prefiero morir de pie”.
