Una de las paritarias más importantes del sector industrial que estaba frenada por el Gobierno se destrabó a partir de una resolución judicial: este miércoles se reunirán una comisión de dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las cámaras empresariales, con el objetivo de tratar de conseguir un aumento salarial que compense un desfase inflacionario de casi el 13% y, en el caso de la rama siderúrgica, el desafío será mayor porque hace dos años que no se pacta un incremento.
El encuentro, que se realizará en la sede de la UOM, será el primero que mantendrán los delegados paritarios nombrados por Alberto Biglieri, el interventor judicial de la UOM desde el 22 de mayo pasado, que son Roberto Bonetti (líder de la estratégica Seccional Capital), Daniel Martínez (Cañada de Gómez), Adrián Pérez (Quilmes), Enrique Salinas (La Plata), Edgardo Holstein (San Nicolás) y Manuel Casas (Villa Constitución).
La convocatoria a la primera reunión paritaria de la UOM, cuyo último aumento correspondió al período abril 2025–marzo 2026, se había empantanado por la renuencia de la Secretaría de Trabajo en reconocer a los delegados paritarios designados por el interventor Biglieri.
Cuando el abogado designado por la Justicia al frente de la UOM envió a Trabajo la nómina de dirigentes habilitados para negociar salarios, la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo advirtió en un dictamen que la definición sobre las atribuciones de Biglieri para designar delegados paritarios y conducir las negociaciones salariales debe ser “determinada exclusivamente por el juzgado que dispuso su nombramiento“.
En la resolución oficial se afirmó que la facultad del interventor designado respecto a la representación en paritarias y el desarrollo de la negociación colectiva no puede ser confirmada ni ampliada por dictamen administrativo, ya que esas funciones dependen del alcance del mandato dictado por la Justicia.
En ese sentido, Trabajo recomendó que el sector correspondiente solicite al juzgado interviniente la aclaración específica sobre el alcance de las facultades otorgadas al interventor Biglieri para evitar interpretaciones por fuera de la autoridad judicial.
Esa respuesta finalmente la brindó la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que este lunes rechazó el pedido del Gobierno a través de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo y consideró que el Ministerio de Capital Humano “carece de competencia para interpretar, ampliar o restringir por vía de dictamen los términos de una intervención judicial, cuyo alcance surge de la propia resolución que la ordenó y del régimen procesal aplicable”.
Con la firma del camarista Víctor Pesino, el oficio judicial ratificó el alcance de las funciones del interventor de la UOM al asegurar que “cuenta con todas las facultades legales, estatutarias y reglamentarias de gobierno, administración y fiscalización y que la potestad de discutir acuerdos paritarios y de designar personas al efecto es una de ellas”.
Los delegados paritarios designados por Biglieri son dirigentes que tomaron distancia de Abel Furlán, el titular de la UOM que fue desplazado de su cargo por un fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que anuló las elecciones de la Seccional Zárate-Campana por serias irregularidades.
El 22 de mayo pasado, además de anular las elecciones de esa seccional, en la que Furlán compitió contra una listma opositora, los camaristas Víctor Pesino y María Dora González también dejaron sin efecto la elección nacional de autoridades de la UOM, llevada a cabo el 18 de marzo y en la que también se proclamó ganador Furlán, y dispuso la intervención del gremio por un plazo de 180 días para llamar a nuevas elecciones en la UOM Zárate-Campana en condiciones que aseguren transparencia y respeto a la libertad sindical.
