La Justicia prorrogó por cuatro meses la investigación y las medidas de coerción contra una mujer de 58 años, acusada de cometer al menos cuatro estafas ofreciendo viviendas, vehículos y otros beneficios que nunca entregó.
La investigación contra una mujer de 58 años, apodada «Ruby», acusada de hacerse pasar por gestora del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbanístico (IPVDU), continúa avanzando. La sospechosa está imputada por cuatro hechos de estafa y la Justicia resolvió prorrogar por cuatro meses la investigación penal preparatoria y las medidas de coerción.
La causa es llevada adelante por la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo del fiscal Diego Alejo López Ávila. Durante una audiencia multipropósito realizada este miércoles, la auxiliar de fiscal Emely Rafael explicó que la prórroga se fundamenta en la existencia de múltiples víctimas y una nueva denuncia incorporada al expediente.
Además, indicó que aún resta analizar el contenido del teléfono celular secuestrado a la acusada, con el objetivo de obtener evidencia digital que permita determinar si existieron otros hechos o posibles responsabilidades penales.
Según la investigación, uno de los hechos ocurrió en octubre de 2022, cuando la acusada aseguró tener influencias dentro del IPVDU y ofreció a una mujer la adjudicación de una vivienda en Lomas de Tafí. La víctima entregó un total de $2.500.000, pero nunca recibió el inmueble prometido.
En otro episodio, la misma damnificada fue convencida de entregar $735.000 para adquirir una camioneta y un tractor que, según la acusada, provenían de la Comuna de Delfín Gallo y eran comercializados gracias a supuestos contactos políticos. Los vehículos jamás fueron entregados.
La investigación también incluye la denuncia de un matrimonio que abonó $280.000 para acceder a una vivienda recuperada en Lomas de Tafí y el caso de otra mujer que entregó distintas sumas de dinero por la promesa de una adjudicación habitacional que nunca se concretó.
La Fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar si existen más víctimas y si los hechos investigados podrían configurar otros delitos, incluso un posible fraude contra la administración pública.
