La Iglesia católica argentina cuestionó el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso bajo el nombre “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada“, al que calificó como una amenaza directa a la soberanía del país sobre sus recursos naturales. La advertencia llegó mediante una carta abierta firmada por el Área de Ecología Integral de Pastoral Social, la Entidad Nacional de Defensa del Indígena (Endepa) y Cáritas Argentina, dirigida a los legisladores que deberán debatir la iniciativa.
El documento institucional señala que la propuesta oficial “atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse”. La carta no se limita a una condena genérica: identifica artículos concretos del proyecto que, a juicio de las organizaciones firmantes, representan riesgos para el patrimonio colectivo de los argentinos.
Uno de los puntos que genera mayor alarma entre las entidades eclesiásticas es la eliminación de las restricciones vigentes para que personas físicas o empresas extranjeras adquieran tierras rurales, incluyendo aquellas vinculadas a reservas de agua y otros bienes naturales. Hasta ahora, la legislación limitaba esas operaciones en zonas de frontera con el objetivo de frenar la extranjerización del suelo. El nuevo esquema propuesto por el Ejecutivo solo mantendría requisitos de autorización previa para Estados extranjeros y empresas con participación estatal, igualando al resto de los inversores foráneos con los nacionales.
Las organizaciones firmantes también pusieron el foco en los artículos que habilitan la utilización inmediata de tierras afectadas por incendios, una posibilidad que hasta ahora estaba vedada. El comunicado califica esa disposición de “alarmante” y la vincula con la modificación que el proyecto introduce a la denominada “ley del fuego”, norma impulsada en 2020 por el diputado Máximo Kirchner.
La legislación vigente extendía las restricciones pos-incendio a bosques implantados y tierras productivas, además de los bosques nativos. El texto enviado al Congreso acota esa prohibición exclusivamente a los bosques nativos y a las áreas definidas por el ordenamiento territorial de cada jurisdicción, lo que amplía el universo de superficies disponibles para su uso inmediato tras un siniestro.
La carta también advierte que el proyecto debilita la potestad del Estado —en sus distintos niveles— para gestionar el uso del territorio, planificar obras públicas y proteger el interés comunitario frente a capitales privados, tanto locales como extranjeros. Las organizaciones sostienen que esta pérdida de capacidad regulatoria afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la población.
Para respaldar su posición, el comunicado recurre a la reciente encíclica Magnifica Humanitas del Papa León, de la que cita un pasaje central: “El principio del destino universal de los bienes nos recuerda sobre todo que los bienes de la tierra —el suelo, el agua, el aire y los recursos naturales— han sido dados por Dios a toda la familia humana para sostener la vida de todos, hoy y en las futuras generaciones, y que toda persona tiene un derecho originario al uso de dichos bienes”.
Las entidades también recuperan palabras del Papa Francisco en la encíclica Laudato Si’, donde se describe a la tierra como “hermana y madre” que “nos sustenta, nos alimenta y nos cobija”. Desde esa perspectiva, el documento rechaza que el suelo sea tratado como una mercancía o un recurso meramente económico, y reivindica su dimensión cultural e identitaria para las comunidades rurales, campesinas e indígenas.
La carta incluye además una cita de Magnifica Humanitas sobre el concepto de desarrollo: “El desarrollo es humano cuando pone en el centro a las personas y no la acumulación de bienes”, y agrega que no puede considerarse humano aquel que “aumenta el consumo de algunos a expensas de costos y heridas en otros, o que relega regiones enteras a roles subordinados impidiéndoles expresar sus propias potencialidades”.
El comunicado incorpora también la cuestión habitacional como un eje vinculado al proyecto. Las organizaciones reconocen que el acceso a la vivienda propia es una necesidad primaria para numerosas familias argentinas y plantean que cualquier marco jurídico en la materia debe ser “justo tanto para propietarios como para inquilinos”, sin avalar las herramientas propuestas por el Ejecutivo para resolver esa problemática.
El Gobierno, por su parte, defiende la iniciativa con argumentos de dinamización del mercado. Según datos del Instituto de Estadística y Censos porteño las escrituras en la Ciudad de Buenos Aires crecieron un 70% en 2025 frente a 2023, aunque la infraestructura registral no acompaña ese ritmo al operar aún mayoritariamente sobre soporte físico. El proyecto oficial incorpora la digitalización integral y la creación de una “Ventanilla Única Federal Inmobiliaria” para agilizar la gestión remota de certificados.
Pastoral Social, Endepa y Cáritas convocaron a los legisladores a que, al momento de votar, antepongan “el bien común y el futuro de las generaciones venideras” por encima de los intereses particulares, apelando a lo que definen como “la nobleza de la política como máxima expresión de la caridad”.
