La Justicia federal le ordenó al Gobierno nacional que garantice de manera inmediata el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), luego de que fiscales especializados en delitos de lesa humanidad denunciaran una situación de “extrema criticidad” presupuestaria y operativa que podría derivar en la paralización de tareas periciales clave para investigaciones por apropiación de niños durante la última dictadura militar.
El fallo, firmado por el juez federal Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal N°1 de La Plata, dictó una medida cautelar interina contra el Estado nacional y dispuso que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adopte “todas las medidas administrativas y las asignaciones presupuestarias necesarias” para garantizar el funcionamiento del organismo.
La resolución sostiene que la situación del Banco Nacional de Datos Genéticos amenaza directamente el desarrollo de pericias genéticas esenciales para investigaciones judiciales vinculadas a delitos de lesa humanidad y al derecho a la identidad.
“Se producirá inevitablemente la interrupción o limitación significativa de los servicios del Organismo”, advirtió una de las notas incorporadas al expediente judicial. Además, la misma fuente remarcó: “La eventual paralización o demora en la producción de pericias genéticas no sólo afecta el trámite ordinario de los expedientes, sino que compromete el cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en materia de investigación, juzgamiento y sanción de graves violaciones a los derechos humanos”.
La presentación judicial fue impulsada por fiscales especializados en apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, entre ellos Pablo Parenti, titular de la Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante la dictadura, junto con integrantes de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado.
Los fiscales solicitaron medidas urgentes para evitar el deterioro operativo del Banco Nacional de Datos Genéticos y advirtieron sobre el riesgo concreto de afectación de pruebas genéticas utilizadas en investigaciones judiciales.
En el fallo, Ramos Padilla afirmó que el Banco Nacional de Datos Genéticos constituye una “herramienta de reparación de graves violaciones a los derechos humanos” y recordó que la Ley 26.548 establece que sus tareas deben realizarse “con normalidad, evitando suspensiones y demoras”.
La resolución reconstruye además una serie de informes remitidos por la directora general técnica del organismo, quien describió una situación crítica derivada de restricciones presupuestarias, demoras administrativas y dificultades para sostener servicios básicos.
Según esos informes, durante 2025 el organismo logró sostener sus actividades “con esfuerzo”, pese a limitaciones de recursos humanos y materiales. Sin embargo, la situación comenzó a afectar los tiempos de respuesta y el cumplimiento de requerimientos judiciales.
La directora técnica detalló que incluso debieron suspenderse viajes previstos para la toma de muestras biológicas y que comenzaron a verse comprometidos pagos vinculados a servicios esenciales. Entre estos servicios figuran seguridad, limpieza, mantenimiento informático, mantenimiento de laboratorios y conservación de condiciones ambientales necesarias para preservar material genético.
“Se ha comenzado a afectar el pago a proveedores responsables de servicios críticos”, señala uno de los documentos citados por el juez.
La situación financiera del organismo, según consta en la resolución, se agravó este año. De acuerdo con el informe técnico incorporado al expediente, el presupuesto aprobado para 2026 representó apenas el 55,96% de los fondos requeridos por el Banco Nacional de Datos Genéticos para sostener su funcionamiento.
“La eventual interrupción de dichos servicios afecta de manera directa e inmediata el funcionamiento del BNDG”, manifestó la directora del organismo.
En otro de los pasajes citados por el juez, el informe advierte: “Prescindir de estos servicios genera un impedimento cierto de la garantía en la cadena de custodia y correcta preservación de toda la documentación, muestras biológicas, sangre, hisopados bucales, restos cadavéricos y objetos fuente de ADN”.
La resolución judicial remarca que el Banco Nacional de Datos Genéticos conserva información genética acumulada durante casi cuatro décadas vinculada a causas judiciales por apropiación de menores, desaparición forzada y delitos de lesa humanidad.
Ramos Padilla consideró acreditado el “peligro en la demora” y sostuvo que existe riesgo concreto sobre “material genético de carácter único e irrepetible”. “La eventual afectación de dichas condiciones podría generar consecuencias irreversibles respecto de elementos probatorios esenciales en causas judiciales actualmente en trámite”, afirmó el magistrado.
El juez también destacó que el Banco Nacional de Datos Genéticos constituye un organismo “técnico esencial e irremplazable” para el esclarecimiento de hechos investigados en causas por apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. “Los peritajes allí producidos han constituido históricamente una herramienta central —y en numerosos casos, la única prueba científicamente idónea— para determinar el verdadero origen biológico de víctimas de apropiación y supresión de identidad”, sostuvo.
La resolución incluye además un desarrollo sobre la obligación del Estado argentino de garantizar el derecho a la identidad y avanzar en la investigación de delitos de lesa humanidad. En ese marco, Ramos Padilla citó jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vinculada al deber estatal de investigar graves violaciones a los derechos humanos y garantizar el derecho a la verdad.
“El derecho a la identidad integra el núcleo esencial de protección de la dignidad humana”, recordó el magistrado al citar el fallo Gelman vs. Uruguay de la Corte Interamericana.
El fallo también repasa casos emblemáticos de restitución de identidad logrados a través de pericias realizadas por el Banco Nacional de Datos Genéticos. Entre ellos mencionó a Elena Gallinari Abinet, considerada la primera nieta nacida en cautiverio restituida por la Justicia; Silvia Alejandra Cugura Casado y Sebastián José Casado Tasca.
“Esta es una de las pocas oportunidades en las que, frente al delito de supresión de la identidad, la justicia penal logra efectuar una reparación”, sostuvo el juez.
Ramos Padilla recordó que en el juzgado federal de La Plata continúan tramitando numerosas investigaciones vinculadas a apropiación y supresión de identidad de menores durante la dictadura y que muchas de ellas permanecen abiertas a la espera de nuevos entrecruzamientos genéticos.
El magistrado explicó que cada nueva muestra incorporada al Banco Nacional de Datos Genéticos puede permitir nuevas identificaciones incluso en expedientes actualmente suspendidos. “Cada nueva muestra que ingresa al Banco Nacional de Datos Genéticos debe ser entrecruzada con la totalidad del Archivo Nacional”, señala la resolución.
Finalmente, el juez ordenó que la Jefatura de Gabinete produzca en un plazo de cinco días un informe sobre el interés público comprometido en la situación denunciada. También requirió informes al Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, y al propio Banco Nacional de Datos Genéticos para determinar si el organismo se encuentra en condiciones de cumplir adecuadamente sus funciones legales y los requerimientos judiciales vinculados a causas por apropiación de hijos de víctimas del terrorismo de Estado.
