El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, celebró este jueves el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que avaló la ampliación del Superior Tribunal de Justicia provincial y declaró inválida la sentencia que había bloqueado esa reforma. “Fin de la impunidad en Santa Cruz. ¡Se terminó!”, escribió en sus redes sociales, en un mensaje que apuntó directamente contra el kirchnerismo y contra sectores del Poder Judicial que, según afirmó, operaron durante décadas como escudo protector de funcionarios investigados.
La decisión del máximo tribunal nacional pone fin a una disputa que se extendió por casi un año y que mantuvo en vilo la composición del órgano judicial más alto de la provincia patagónica. La ley provincial 3.949, sancionada el 28 de agosto de 2025, había ampliado el tribunal de cinco a nueve miembros, pero una demanda de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz 3 de Julio logró que el propio Superior Tribunal local la declarara inconstitucional. La Corte Suprema revirtió ese pronunciamiento este jueves con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Con la resolución en firme, los magistrados Sergio E. Acevedo, José A. González Nora, Gabriel Nolasco Contreras y Juan Ramón de la Vega —designados por la Cámara de Diputados de Santa Cruz al amparo de la misma ley— podrán asumir sus funciones de forma inmediata y sin restricciones. El fallo establece que “no existen impedimentos para que los jueces designados según la ley 3.949 asuman inmediatamente el cargo”.
El gobernador no limitó su reacción a una celebración institucional. En su publicación, Vidal trazó un diagnóstico sobre lo que describió como tres décadas de deterioro provincial: “Durante 30 años destruyeron la producción, desaparecieron obras y vaciaron la provincia”, sostuvo, y señaló que una parte del Poder Judicial no solo omitió actuar ante esos hechos, sino que formó parte del sistema que protegió a los responsables. La referencia al kirchnerismo fue explícita: el mandatario calificó a ese sector de la Justicia como “la última trinchera” de ese espacio político.
La Corte Suprema fundamentó su decisión en un argumento procesal de fondo: la asociación gremial que impulsó la demanda original no contaba con un interés personal, directo y concreto que la habilitara como parte interesada, conforme al artículo 132, inciso 3, de la Constitución provincial. El máximo tribunal señaló que la entidad no representaba un interés diferenciado del conjunto de la sociedad ni acreditaba una afectación concreta derivada de la ampliación. Esos “déficits de fundamentación”, según los términos del propio fallo, tornaron inadmisible la demanda y dejaron sin sustento todos los cuestionamientos sobre la reforma.
El esquema que rigió al Superior Tribunal quedó así formalmente desactivado. Durante el lapso de la disputa, el cuerpo funcionó únicamente con los jueces anteriores a la ampliación, con la particularidad de que su presidente, Mariani, fue apartado de la causa por recusación y reemplazado por la defensora general provincial en carácter de conjueza.
La resolución introduce además un precedente sobre los alcances de la legitimación de asociaciones gremiales en materias vinculadas a la organización del Poder Judicial. Al negar esa condición a la entidad actora, la Corte Suprema trazó un límite sobre qué tipo de actores pueden cuestionar judicialmente la estructura de los tribunales provinciales, un debate que excede la coyuntura santacruceña y proyecta consecuencias sobre casos similares en otras jurisdicciones.
Vidal cerró su mensaje con una afirmación que sintetizó el tono político de su reacción: “Se terminó el tiempo de los privilegios, de las causas dormidas y de los intocables”. El gobernador añadió que, a partir de ahora, “la ley vuelve a ser igual para todos” en Santa Cruz. Con los cuatro nuevos magistrados en funciones, los jueces designados durante administraciones kirchneristas pasarán a ser minoría dentro del tribunal ampliado.
