El Gobierno avanzará este miércoles en el proceso de control sobre los balances y contratos millonarios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Desde las 13, los veedores designados por el Ministerio de Justicia se presentarán formalmente en las sedes de la AFA y de la Superliga para requerir acceso a documentación societaria, contable y administrativa, según pudo confirmar Infobae. Esta acción se enmarca en las investigaciones de la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo estatal encargado de fiscalizar entidades civiles.
La intervención oficial implica que el abogado Diego Coste y el contador Miguel Pappacena, nombrados por el Ministerio de Justicia, ejecutarán veedurías durante 180 días. Según la resolución, los veedores están habilitados a solicitar balances, contratos, libros societarios y registros internos, con el objetivo de verificar presuntas irregularidades que la IGJ tiene bajo análisis.
El Ministerio de Justicia sostiene que la medida no constituye una intervención formal sobre la AFA, sino una veeduría administrativa orientada a garantizar el acceso a la información y a verificar el funcionamiento de las entidades involucradas. Sin embargo, en el ámbito del fútbol, la decisión es interpretada como un movimiento de impacto político considerable sobre la conducción de la asociación presidida por Claudio Tapia.
El plan de trabajo de los veedores comenzará con un pedido formal de exhibición de documentación vinculada a los estados contables, contratos comerciales y movimientos societarios tanto de la AFA como de la Superliga. La investigación se centra en operaciones económicas y estructuras administrativas bajo observación de la IGJ desde hace varios meses.
La ofensiva oficial tiene antecedentes directos. En marzo, durante la gestión de Daniel Roque Vítolo al frente de la IGJ, el Ministerio de Justicia avanzó con la designación de veedores para revisar balances y contratos de la AFA y de la Superliga, una decisión que generó un inmediato rechazo de la conducción del fútbol argentino. En aquel momento, el Gobierno argumentó que existían inconsistencias e irregularidades que justificaban la presencia de representantes estatales dentro de las entidades deportivas para monitorear su funcionamiento.
La investigación se desarrolló en paralelo con distintas denuncias vinculadas a movimientos financieros internacionales, transferencias de dinero y contratos comerciales celebrados por la conducción de la AFA. Parte de esas sospechas también quedaron reflejadas en expedientes judiciales impulsados por organismos nacionales y en informes que comenzaron a circular dentro del propio Gobierno.
En ese contexto, uno de los episodios que complejizó el proceso fue la renuncia del abogado Agustín Ortiz de Marco, quien había sido designado originalmente como veedor junto al contador Miguel Pappacena durante la gestión de Vítolo al frente de la IGJ.
Tras la salida de Vítolo y la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia, el nuevo esquema mantuvo las veedurías ya dispuestas sobre la AFA y la Superliga. Sin embargo, Ortiz de Marco decidió finalmente no asumir el cargo, una situación que obligó al Gobierno a designar un reemplazante para sostener el operativo de fiscalización.
Fue entonces cuando el Ministerio de Justicia avanzó con el nombramiento del abogado Diego Coste, quien quedó incorporado al esquema definitivo de control junto a Miguel Pappacena. Ambos serán los encargados de encabezar desde este miércoles el acceso y relevamiento de información dentro de las sedes de las entidades.
La resolución que dispuso las veedurías estableció un plazo de 180 días para el desarrollo de las tareas de fiscalización. Durante ese período, los enviados del Ministerio de Justicia podrán requerir documentación, verificar registros administrativos y elaborar informes sobre el funcionamiento institucional y financiero de las sociedades involucradas.
Debate por los domicilios legales y la competencia de control
Uno de los puntos sensibles del proceso está vinculado con las sedes y domicilios legales de la AFA. La histórica sede de la asociación se encuentra en la calle Viamonte 1366, en el barrio porteño de San Nicolás, edificio que durante décadas funcionó como epicentro político y administrativo del fútbol argentino. Sin embargo, la conducción de la AFA avanzó en los últimos años con el traslado de su domicilio legal a la provincia de Buenos Aires.
Actualmente, en su sitio oficial, la AFA informa como sede social el domicilio de Mercedes 1366, en Pilar, provincia de Buenos Aires. A su vez, también figura el Predio Lionel Andrés Messi, ubicado sobre la Autopista Ricchieri y Enrique Fernández García, en Ezeiza, como otro de sus centros operativos y administrativos.
La discusión sobre esos domicilios adquirió relevancia dentro de las investigaciones impulsadas por la IGJ porque la conducción de la AFA sostiene que el control societario corresponde a organismos bonaerenses y no a la órbita nacional. Esa postura derivó en un conflicto de competencia con el Gobierno nacional, que igualmente avanzó con las veedurías y con distintas inspecciones vinculadas al funcionamiento administrativo de la entidad.
La sede de la Superliga, en tanto, se encuentra ubicada en Olga Cossettini 771, en el barrio porteño de Puerto Madero, donde también se presentarán este miércoles los enviados del Ministerio de Justicia para iniciar formalmente el pedido de documentación y el relevamiento administrativo.
En el Gobierno sostienen que la medida se enmarca dentro de las facultades de fiscalización de la IGJ y remarcan que el objetivo es determinar si existieron irregularidades societarias o incumplimientos vinculados a normas de administración y control. La decisión fue impulsada desde el Ministerio de Justicia en coordinación con áreas técnicas del organismo de control.
La disputa con la AFA también se produce en medio de un clima de máxima tensión entre la Casa Rosada y la conducción del fútbol argentino. El vínculo entre el Gobierno y Tapia se deterioró progresivamente a partir de distintos episodios políticos y judiciales, incluyendo investigaciones sobre presuntos manejos financieros, cuestionamientos a contratos internacionales y denuncias vinculadas con la estructura económica de la asociación.
Dentro de ese escenario aparecen además investigaciones sobre operaciones vinculadas a TourProdEnter LLC, la firma señalada como agente comercial exclusivo de contratos internacionales de la Selección Argentina y vinculada a Javier Faroni y Erica Gillette. En distintos expedientes y reportes oficiales comenzaron a analizarse transferencias millonarias, circuitos financieros y vínculos comerciales que despertaron sospechas en organismos estatales.
El clima de confrontación se profundizó todavía más luego de las denuncias impulsadas por ARCA, que presentó acusaciones penales tributarias relacionadas con presuntas irregularidades en retenciones y aportes de seguridad social. Esas actuaciones derivaron en expedientes que quedaron radicados en la Justicia Penal Económica.
En el entorno de Tapia consideran que la ofensiva estatal tiene un fuerte componente político y aseguran que existe una presión creciente sobre la conducción del fútbol argentino. Cerca de la AFA sostienen que las medidas impulsadas por el Gobierno exceden una mera fiscalización administrativa y forman parte de una disputa más amplia por el control institucional y económico del negocio del fútbol.
Aun así, en el Ministerio de Justicia insisten en que la presencia de los veedores busca únicamente garantizar transparencia y acceso a la información. Bajo esa lógica, el operativo previsto para este miércoles constituye el inicio formal de las tareas de relevamiento dentro de las entidades investigadas.
La expectativa oficial está puesta ahora en el grado de colaboración que encuentren los enviados del Gobierno al momento de requerir documentación. En función de eso, los veedores comenzarán a elaborar los primeros informes técnicos sobre balances, contratos y estructuras administrativas de la AFA y la Superliga.
La escena tendrá además un fuerte peso político. La llegada de representantes del Ministerio de Justicia a las distintas sedes vinculadas con la AFA simboliza el desembarco formal del Estado nacional dentro de una estructura históricamente celosa de su autonomía y acostumbrada a resistir controles externos.
En las próximas semanas, el foco estará puesto en los documentos que logren relevar los veedores y en las conclusiones preliminares que puedan surgir de ese análisis. En la Casa Rosada consideran que el proceso recién empieza y que la investigación sobre el funcionamiento financiero y societario del fútbol argentino ingresó en una etapa decisiva.
