Los miembros del Gabinete de Javier Milei y el gobernador Axel Kicillof se verán las caras este martes por la tarde durante una misa en homenaje al primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco, pero será solamente un instante de concertación en medio de un contexto altamente conflictivo entre ambos sectores. Y es que la provincia de Buenos Aires mantiene un reclamo contra el Estado Nacional ante la Corte Suprema por ocho programas y transferencias diferentes, mientras que el bloque de La Libertad Avanza en el Senado bonaerense avanza con un pedido de informes para controlar los programas sociales de la Gobernación.
Precisamente, Kicillof se presentó este martes en el Palacio de Tribunales en una audiencia ante la Corte Suprema en el marco de uno de los varios reclamos que la Provincia mantiene con la Nación por transferencias adeudadas, que según cifras movilizadas por la Gobernación llegarían a más de $681.000 millones. En rigor, la provincia de Buenos Aires mantiene actualmente ocho demandas contra el Estado Nacional.
En el entorno de Kicillof reclaman el pago de deudas y actualizaciones luego de que el presidente Javier Milei firmara el DNU 280/2024, el cual suspendió las transferencias destinadas a cubrir déficit previsionales de las cajas provinciales. Hasta el momento de la publicación de este artículo, la ANSES no dio respuestas al respecto de cómo planea resolver el reclamo.
Esta avanzada de parte de la Provincia se enmarca en un contexto en el que el Gobierno tiene que resolver diferentes reclamos sectoriales por elevadas cantidades de fondos. En las últimas semanas se hicieron públicas las demandas de parte de las empresas de colectivos por mayores subsidios o una suba del boleto, así como la exigencia de los prestadores del PAMI para que se habilitaran los pagos correspondientes a este mes.
Las provincias no están exentas de un contexto en donde la motosierra también aplica por la baja de la recaudación a nivel nacional y la consecuente correlación que esto tiene con la merma en la coparticipación que luego se distribuye a los 24 territorios subnacionales. Sumado a esto, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, denunció el recorte en otras transferencias y programas indirectos, marcando que “desde la asunción del Gobierno nacional, la provincia lleva perdidos 22,2 billones de pesos”.
En ese contexto, tal y como adelantó Infobae, la gestión de Kicillof está evaluando reducir el financiamiento sobre el programa social MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria).
Ayer por la noche, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, presentó una carta contra el Ministerio de Capital Humano de la Nación, liderado por Sandra Pettovello, para reclamar el cobro de una deuda de $220.000 millones por el Servicio Alimentario Escolar (SAE) que tiene vigente la Provincia. La cartera libertaria respondió esta mañana y desconoció el pedido al afirmar que el plan al que se refiere el ministro de Kicillof es de competencia provincial y que Nación no le debe dinero a su administración en materia de asistencia alimentaria.
“El Gobierno nacional realiza un aporte que ronda el 20% del monto necesario para la atención a los comedores escolares, siendo el 80% restante obligación provincial”, marcó Capital Humano a través de un comunicado.
Avance de LLA contra Kicillof en la Provincia
Ante aquella cuestión, el senador libertario y presidente del bloque de LLA en el Senado de la Provincia, Carlos Curestis, hombre de estrechísima cercanía del armador Sebastián Pareja, presentó este mediodía un pedido de informe para que el oficialismo provincial dé detalles de cómo puede llegar a reconvertirse el programa MESA.
“Si el gobierno Kicillof decidió eliminar o recortar el programa, tiene la obligación de explicar con absoluta claridad qué va a pasar con miles de familias bonaerenses que hoy dependen de esa asistencia alimentaria. No se puede jugar políticamente con la comida de la gente ni usar a los sectores más vulnerables como excusa para ocultar decisiones propias”, reclamó Curestis, según declaraciones conseguidas por Infobae.
El pedido de informes solicita precisiones sobre la continuidad o posible eliminación del programa MESA, incluyendo la cantidad y distribución de beneficiarios, el costo y composición de los módulos, el impacto presupuestario y destino de los fondos en caso de eliminación, el estado y financiamiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE), la existencia de deudas nacionales y reclamos formales, los organismos y mecanismos de control del MESA, evaluaciones técnicas realizadas, el modelo de asistencia social alternativo previsto y los canales de comunicación con municipios, organizaciones y familias ante eventuales cambios.
Avanzando con ese esquema de control a la Gobernación, los legisladores parejistas anunciaron ayer que presentaron proyectos en ambas cámaras provinciales para impulsar la normalización del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), luego de denuncias reiteradas por deudas con prestadores, suspensión de servicios y demoras en la atención.
La iniciativa incluye un pedido de informes para citar a las autoridades del organismo ante la Comisión de Salud, con el objetivo de exigir detalles sobre el monto y la antigüedad de la deuda, los convenios vigentes, los cortes de atención registrados y el plan oficial para regularizar los pagos pendientes. Además, se propuso la creación de una Mesa de Trabajo Provincial Permanente, conformada por representantes del IOMA, prestadores, afiliados y legisladores, que deberá realizar reuniones mensuales, publicar actas y presentar informes trimestrales ante la Legislatura.
Los otros siete fondos que reclama Kicillof
Además de las transferencias previsionales de parte de Nación, hay otros siete reclamos que la gobernación de Kicillof realizó ante la Corte Suprema.
Una de las principales presentaciones es sobre la declaración de inconstitucionalidad del Decreto 192/2024, que eliminó el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI), y reclama una deuda de $88.800 millones más intereses por transferencias no realizadas entre noviembre de 2023 y febrero de 2024. En la misma línea, la provincia exige la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), discontinuado arbitrariamente, reclamando un monto aproximado de $42.000 millones devengados desde 2023.
Otra demanda relevante busca restablecer el “Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior”, medida que impacta directamente en el financiamiento del transporte urbano y suburbano del territorio bonaerense. Se ejecuta ante la supresión del fondo motivada por comunicados del Ministerio de Economía y cambios en el DNU 280/2024, con una pretensión estimada en $5.000 millones.
El conflicto por el Sistema de Boleto Integrado del Transporte (SUBE) también llevó a una acción judicial, denunciando la decisión de dejar de compensar este servicio fundamental para millones de usuarios del AMBA en jurisdicción provincial y municipal. Asimismo, Buenos Aires reclama la plena vigencia del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, cuya transferencia de recursos fue afectada por el Decreto 888/2024, con una deuda estimada en $400 millones.
Otra demanda presentada ante la Corte Suprema apunta contra ENARGAS, impugnando la Resolución 625/24 que impone el cobro de un impuesto para obras gasíferas en las boletas de gas. Por último, una causa sustancial refiere al incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y acuerdos 2023, donde Buenos Aires reclama la aplicación correcta de los convenios y el recupero de recursos fiscales. El monto reclamado supera $1,13 billones, e incluso alcanza $2,2 billones al considerar las diferencias por el Fondo del Conurbano y saldos impagos de convenios recientes.
