El gobierno nacional buscará hoy dictaminar de manera favorable la modificación de la Ley de Glaciares; para ello contará con el apoyo de dos gobernadores que se presentarán en el plenario de comisión.
Luego de un debate que se extendió más de lo que preveía el oficialismo y una audiencia pública que tuvo más de 160.000 inscriptos, pero que menos de 400 pudieron exponer, La Libertad Avanza y sus socios firmarán esta tarde el dictamen de mayoría que modifica los presupuestos mínimos para la Ley de Glaciares y abre la puerta a una expansión de la industria minera en sectores que hoy están prohibidos.
Además, en un contexto en el que los números para aprobarlos están, pero bastante justos, el oficialismo instó a los gobernadores aliados de provincias mineras a que expongan en la comisión y de esa manera frenen cualquier tipo de fuga de los diputados de esos mismos territorios.
Es por eso que en la reunión de esta tarde participarán gobernadores y ministros provinciales, tanto de manera presencial como virtual. Entre los gobernadores, van a estar presentes Marcelo Orrego, de la provincia de San Juan, y Raúl Jalil, de Catamarca, ambos conectados por Webex. Además, Rubén Dusso, vicegobernador de Catamarca, asistirá de manera presencial.
Pero además de los gobernadores, también van a estar presentes Teresita Regalado, ministra de Minería de Catamarca; José Gómez, ministro de Minería de Jujuy; Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente de Mendoza; Juan Pablo Perea, ministro de Minería de San Juan; y Gustavo Fernández, ministro de Producción de San Juan. La asistencia de funcionarios de alto rango, tanto provinciales como nacionales, mostró el interés de las distintas jurisdicciones en el tratamiento de la ley y la coordinación de políticas sobre recursos estratégicos y medio ambiente.
El gobierno también pondrá de su parte con la presencia de Luis Lucero, secretario de Minería de la Nación; Fernando Brom, subsecretario de Ambiente de la Nación; Mario Thiem, subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación; y Federico José Caeiro, subsecretario de Política Minera de la Nación.
En el listado de expositores no hay ningún invitado de la oposición ni ninguna voz disidente de la reforma de la ley que propone el Gobierno nacional.
Para obtener el despacho de comisión, La Libertad Avanza tiene que sumar junto a sus aliados 18 firmas de la comisión de Asuntos Constitucionales que tiene 35 miembros y 16 en Recursos Naturales que tiene 31 diputados. Esto está asegurado por parte del oficialismo tanto es así que ayer, sin tener el dictamen firmado, presentó el pedido para sesionar mañana a las 15 horas con este único tema.
El diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica se opone a la modificación de la Ley de Glaciares y publicó una “carta abierta a los gobernadores”, en donde el legislador pide no acompañar la reforma.
La carta abierta dirigida a gobernadores y diputados nacionales advierte sobre las consecuencias de modificar la Ley de Glaciares. Sostiene que el agua proveniente de los glaciares «no reconoce fronteras políticas y que su gestión no puede quedar limitada a intereses provinciales“. Ferraro cuestiona la reciente audiencia pública sobre la ley, señalando la falta de participación ciudadana real y la arbitrariedad en la selección de oradores, lo que a su juicio vació de contenido el proceso deliberativo.
El texto enfatiza que los glaciares constituyen un “recurso estratégico compartido” que sostiene economías y abastece poblaciones en diversas provincias, incluso aquellas sin glaciares propios. Por eso, plantea que el federalismo “debe basarse en reglas comunes que protejan los bienes colectivos y no en decisiones fragmentadas”.
El mismo diputado hizo referencia a los oradores donde asegura que con la lista de invitados decidida hoy “quedó claro que acá no hay buena fe. Convirtieron el plenario en una representación sectorial minera, queriéndonos hacer creer que acá solo se discuten los recursos de las provincias cordilleranas”. Para el presidente de la Coalición Cívica hoy también deberían estar constitucionalistas y gobernadores o funcionarios de las provincias que verán afectadas sus cuencas hídricas y que en el armado que hizo el oficialismo “queda en evidencia que el sujeto regulado es el que dictó el texto de la ley y condujo todo el proceso deliberativo”.
